En cuestiones de preservación todavía sobrevuelan malentendidos y arcaísmos ya petrificados, como que las cosas tienen que ser viejas, hispánicas o asociadas a un prócer para ser parte de la cultura argentina. Como declarar patrimonio o pieza histórica es tarea y monopolio del Estado, a él se dirigen muchas veces las críticas por esta falencia conceptual. Pero esta semana, el mismo Estado mostró que los nuevos conceptos de patrimonio, más vivos y orgánicos, tienen fuerza con el decreto 1285. Con la firma de la Presidenta, de su jefe de Gabinete y de la flamante ministra de Cultura, el documento declara Monumento Histórico Nacional al Parque de la Memoria. El logro es un mérito y también un síntoma de los mejores del nuevo pulso que tiene la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos desde que la preside Jaime Sorín.

El decreto recuerda que el Parque de la Memoria fue creado en 1998, después de un voto casi unánime en la Legislatura porteña, sobre un proyecto en el que participaron desde la UBA a los organismos de derechos humanos, más varios estamentos de gobierno. Luego se realizó el concurso, que resultó en el bastante anodino diseño de Baudizzone-Lestard-Varas, inaugurado en su primera etapa en 2001. Siguiendo el eficiente modelo del monumento a los caídos en Vietnam de Washington, se realizó en 2007 el homenaje a las Víctimas del terrorismo de Estado, con bloques que individualizan y preservan el nombre y –detalle estremecedor– la edad de los asesinados. Con el tiempo, se fueron agregando varias esculturas y el centro de documentación y archivo digital Presentes Ahora y Siempre, el único de acceso público sobre el tema.

Para el Gobierno y según dice el decreto, el Parque es “un lugar de memoria que no pretende cerrar heridas ni suplantar la verdad y la justicia, sino constituirse en un espacio de recuerdo, homenaje, testimonio y reflexión, con la necesidad de velar para que nunca más se repitan hechos semejantes”. Por eso, se declara lugar histórico al Parque, monumento histórico al recordatorio de las víctimas, y lugar de interés histórico a las esculturas y el centro de documentación. En parte, el decreto es para subrayar la importancia de lugares como éstos, por nuevos que sean. Y en parte es justamente para ofrecerle una mayor protección a futuro, de modo que pueda seguir cumpliendo su función de faro y advertencia más allá de los vaivenes de la política.

Y de paso nos muestra que no hace falta ni prócer ni siglos para que algo sea patrimonio histórico de los argentinos.