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El actual gobierno porteño tiene el problema, inédito en la vida política de la ciudad, de tener que justificar actos administrativos que hasta hace pocos años nadie miraba. Literalmente municipales, estos actos eran ignorados por la política, que los consideraba demasiado chicos, y eran sufridos pasivamente por los vecinos, que asumían que ante las coimas y los hechos consumados poco se podía hacer. Pero hace veinte años que se votó la autonomía porteña y Mauricio Macri ya es el cuarto jefe de Gobierno, con lo que hay una nueva realidad política.

Fundamentalmente, pasaron dos cosas. Una fue que los vecinos dejaron de considerar “chiquitaje” a los problemas de su calle y de su barrio, con lo que empezaron a poner capital político en cosas como el asfaltado, el tipo de comercios que los rodea, la remodelación de su plaza y su parque. Estas realidades físicas son ahora de suma importancia política, lo que explica que Macri no quiera ni en sueños entregar poderes a las comunas: los comuneros no resistirían ni un mes a la presión vecinal y tendrían que enfrentar las órdenes superiores.

La segunda cosa importante que ocurrió fue que los vecinos dejaron de sentir que los temas urbanos eran “de especialistas” y les perdieron todo temor a arquitectos, urbanistas y demás expertos cuyo mensaje era “cállense que de esto ustedes no saben”. Con la cordura que impone la política, los vecinos hacen lo mismo que se hace con la medicina: se toman la pastilla que les da su médico, que sabe más que uno, pero no se callan a la hora de hablar de políticas de salud.

Con lo que la cadena de complicidades de especuladores, funcionarios y profesionales del rubro se resquebraja por falta de eco, porque nadie se cree lo que dicen. Macri y sus funcionarios tienen la desagradable e inesperada situación de tener vecinos que se fijan en la coherencia de sus actos administrativos, con resultados muy, muy negativos. El PRO en general y los funcionarios de su administración porteña no son muy buenos en esto de ser coherentes, sobre todo con la ley.

Un gran ejemplo es la cantidad de problemas que aparecen en ese barrio indomable, Floresta, en el que los vecinos no sólo miran sino que fotografían, estudian y averiguan. Los lectores de este suplemento saben que los de Floresta tienen un Area de Protección Histórica, la 53, y que combaten contra la metástasis de los comercios de segunda selección, un rubro particularmente dañino hacia el patrimonio y la calidad de vida por su descaso a toda regulación y respeto. El gobierno porteño está muy lejos de poner orden en esto, con lo que todo el tiempo salta alguna liebre.

Como hablamos de obras de pequeña escala, la mayoría de los problemas pasa por una entidad de nombre psicoanalítico, la Dirección General de Interpretación Urbanística, otra vieja conocida de m2. Técnicamente, la entidad debe interpretar las leyes y reglamentos constructivos que rigen en la ciudad, pero muchas veces parece andar interpretando los sueños, propios y ajenos. Una concentración particularmente onírica se puede ver en la maltratada calle Emilio Lamarca, que forma uno de los bordes del APH y es un campito de batalla entre los que rompen y construyen de factos, y los vecinos que los quieren parar.

En apenas tres cuadras de esta calle, entre el 100 y el 300, se vieron casos como el de la habilitación concedida tarde para el primer edificio de una serie de locales. Los locales originalmente eran de planta baja y les habían agregado uno más puramente de araca. Para cuando fueron blanqueados por la Dirección General, ya había ¡un segundo piso! El episodio mostró no sólo que nadie va a mirar nada, sino que la blandura contra el infractor es completa: no se castiga al profesional que construye sin permiso, no se ordena demoler lo ilegal, ni siquiera se multa por alguna cifra que lastime el negocio.

Otros casos incluyen presentaciones donde se pide hacer locales en cuadras prohibidas de la misma calle citando el reglamento del consorcio, o afirmar que Emilio Lamarca es una avenida, aunque sea una calle empedrada de 17 metros de ancho. Lo terrible es que ambos argumentos fueron aceptados por la Ciudad... Este mes, el dinámico y creativo organismo volvió a mostrar sus timonazos interpretativos al tratar de modos abismalmente diferentes dos casos indistinguibles que hacen a la misma calle.

El primero implica un terreno en Bacacay 3501, esquina Emilio Lamarca. El 21 de enero de 2013, la Dirección General psicoanalítica aprobó el trámite 2.340.001 –sí, dos millones trescientos cuarenta mil y uno– iniciado en 2012 para realizar una obra nueva de vivienda multifamiliar con estudio profesional anexo a la vivienda y un consultorio, más o menos en tres pisos más un parcial. El lugar está plenamente en el APH, pero se le puede aplicar la reglamentación específica para baldíos o para edificios que no tienen protección individual. La descripción de superficies y alturas es detallada, y hasta se especifica que el edificio tendrá un aspecto relativamente apacible, con revoque Iggam –duro y casi tipo piedra París– y cerramientos de aluminio.

La conclusión es que “el Area Técnica competente entiende que, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de Obra Nueva para el inmueble”. El director general firma la resolución aceptando el visado y advirtiendo que todo cambio del diseño y toda cartelería publicitaria deberá ser aprobada por su entidad.

Pero este mes se publicó en el Boletín Oficial otra resolución, la 1063 del dos de julio de este año, que involucra a la casita de Emilio Lamarca 224. Como se ve en la foto, el edificio es modesto y pequeño, y su arquitectura explica por qué no tiene protección individual. Pero resulta que, igual que el caso anterior, el lugar está incluido en el APH y también que, como el caso anterior, se le aplican las reglas de baldíos y construcciones no catalogadas dentro del Area de Protección. Pero en este caso, el Area Técnica Competente rechaza duramente el proyecto por cuestiones de ventilación e iluminación de los locales proyectados, y agrega una novedad: el uso de estudios profesionales no está permitido en el APH. Como para quien leyó el caso anterior, donde se permiten alegremente los estudios profesionales y un consultorio, todo esto es una sorpresa, la resolución amigablemente explica que “los inmuebles del área 8APH 53) no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del presente Código, correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII”. Este cuadro de usos no autoriza los estudios profesionales y sanseacabó. La Dirección General deniega el permiso de obra y fin del asunto.

¿Por qué en el primer caso se autoriza el uso y en el segundo no? La legislación no cambió en el año que pasó entre una resolución y la otra, con lo que el misterio se ahonda. En Floresta andan bromeando con que la explicación es que en 2012 se podían comprar dólares y en 2014 ya es casi imposible, con lo que la interpretación de los sueños se puso más difícil. Más en serio, señalan los vecinos una flagrante omisión en la resolución. Resulta que el edificio ya no existe, fue demolido sin cartel alguno y se transformó en un basural. En estos días de calorcito, la basura y los pajonales se incendiaron...

En Colegiales

Un argumento que sería hasta cómico si no escondiera tantos atropellos es el que justifica ciertas obras como “pedidas por los vecinos”. Estas obras son siempre de lo más inútiles y zonzas, cuestan mucho más que otras que los vecinos al parecer no pidieron y coinciden sospechosamente con las campañas electorales, que son tan caras. Los vecinos, sin embargo, denuncian sistemáticamente que no son escuchados cuando piden cosas concretas, con nombre, apellido, dirección y hasta carpetas justificando el reclamo. Un caso reciente es el que llevó a vecinos de Colegiales y al Observatorio del Derecho a la Ciudad a pedir un amparo para frenar la construcción de un mercado en la calle Cramer.

Cramer 475 es la dirección legal de un terreno amplio, que va de Newbery a Olleros, desafectado del ferrocarril. Ahí se empezó a construir una sede del Mercado Central de tres mil metros cuadrados, pero los carteles no muestran el permiso de obra y no consta que se haya realizado el estudio de impacto ambiental indispensable en una obra tan grande. Para peor, la zonificación no permite ese uso del terreno y si hubo un convenio urbano para permitirlo, nadie encuentra rastros del documento y nadie conoce un vecino que haya sido convocado a una audiencia pública.

Los demandantes se cansaron de pedir que los escuchen, mandando cartas y mails, y llamando a diversas dependencias de la Ciudad. Jamás nadie se molestó en atenderlos o darles una respuesta coherente. Lo mismo ocurrió con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que sería la que otorgó el permiso de uso de un terreno federal. Por eso recurrieron a la justicia.

En el Observatorio del Derecho a la Ciudad notaron que este caso de la calle Cramer es una suerte de miniatura del caso de los terrenos ferroviarios de Caballito, donde en lugar de verde y alguna infraestructura social para un barrio saturado se planean torres, shopping y cercos. Según señalan, para la Ciudad parecería que las normas y leyes porteñas no se deben aplicar si el terreno es o fue de propiedad de la Nación, un piedra libre muy conveniente para algunos.

Solidaridad

La absurda demanda del gobierno porteño y su empresa de subtes contra Basta de Demoler despertó la fuerte solidaridad de todas las ONG patrimonialistas y urbanas, que se saben directamente apuntadas por este tipo de ataques. El tema es tan desorbitado que resulta que ya está por ser reflejado en la prensa europea, que averiguó que el último gobierno que le hizo juicio a una ONG fue el de Vladimir Putin, por temas de derechos humanos. Que el macrismo haga lo mismo por una estación de subtes simplemente muestra el linaje de sus credenciales democráticas.

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