Mientras los precios al consumidor siguen aumentando, las empresas de servicios incumplen sus contratos con los usuarios y los reclamos no tienen respuesta; la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Analía Carrió, reclamó una Ley Provincial de Defensa del Consumidor, y la sanción de la reforma a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), que está siendo debatida en la Cámara de Senadores.

"En la provincia de Santa Fe no existe ninguna legislación ni ninguna descentralización en relación al poder que tiene concentrado la Dirección de Comercio Interior, por ende muchos de los municipios no tienen oficinas municipales de defensa del consumidor, y los que la tienen únicamente pueden informar", explicó Carrió en relación a la necesidad de una Ley Provincial de Defensa del Consumidor, y puntualizó: "En el caso de Rosario, que sí tenemos la Oficina, estamos en las mismas condiciones, nada más que somos medio quijotescos, o atrevidos, y hacemos más".

En este sentido, reclamó que "haya una legislación que nos de legitimación activa para poder representar colectivamente a los vecinos y poder acudir a la justicia a pedir una intervención inmediata y una solución oportuna", por ejemplo en los casos de "problemas con la EPE, con el gas, con las empresas de telefonía", que son los rubros más denunciados en la entidad.

Cabe destacar que dos proyectos de Ley Provincial de Defensa del Consumidor ya han perdido estado parlamentario, mientras que un tercero, presentado por el diputado Raúl Lamberto, está demorado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"El Estado Provincial se ha corrido de este espacio y no quiere participar, con lo cual al único que perjudica es al ciudadano. Creo que ha avanzado tanto el derecho del consumidor a nivel nacional que es necesaria la descentralización, y por algo será que no la hacen", sugirió Carrió haciendo referencia a la mora de esta ley.

Por otra parte, reclamó la agilización del tratamiento del Proyecto de Reforma a la Ley Nacional 24.240, y aseguró que "sería un avance para la defensa de los consumidores, pero evidentemente los legisladores no acusan recibo".

Los reclamos se pusieron de manifiesto el viernes pasado durante la Jornada de Análisis de la Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor que organizó el Instituto de Protección Jurídica al Consumidor del Colegio de Abogados de Rosario con el objetivo de debatir en el ámbito académico sobre esta problemática que afecta al total de la población.

En este marco, la presidenta del Instituto de Protección Jurídica al Consumidor, Sandra Frustagli, explicó que el proyecto despachado por la Cámara de Diputados de la Nación "proyecta incorporar temas como la cuestión de las multas civiles o daños punitivos, que es algo sobre lo que se venía reclamando porque de algún modo pondría un énfasis en la prevención del daño ante la amenaza de las empresas de tener que pagar una suma alta por los daños que causen más allá de la indemnización", y señaló que ésta sería una de las principales modificaciones.

Además, informó que el proyecto establece "la incorporación de los profesionales liberales al ámbito de la ley, que es lo que se está discutiendo actualmente en el Senado, pero no habría posibilidades en principio de que surja de ese modo".

En materia de garantías legales, "se estaría ampliando el plazo actual de tres meses a seis", apuntó Frustagli y agregó que "se unificaría el plazo de la prescripción en tres años, que es algo que en la ley actual está previsto con ciertas falencias en cuanto a la técnica legislativa, entonces es deja un margen para la discusión, y ahora esto se superaría porque el texto proyectado pasa a ser mucho más claro".

En relación a las modificaciones introducidas por Senadores, señaló que "podría avanzarse un poco más sobre las operaciones de crédito al consumo, que tal como salió de Diputados se incrementaba un poco el deber de información de los operadores financieros pero no era una norma mucho más amplia que la actualmente vigente".

Por último, aclaró que si bien por el momento no se confeccionará ningún documento con las conclusiones de la jornada, no se descarta que el Instituto elabore un informe para elevar a la Cámara de Senadores de la Nación y así apoyar la sanción de las reformas.