No parece sencillo para algunos legisladores provinciales dejar de tener temor o recelo sobre "qué se hará con la información" si una ley de derecho al acceso a la información pública permitiera esa posibilidad en el territorio santafesino. Justamente el interrogante sobre qué se hará frenó el tratamiento en Diputados durante mucho tiempo -tanto que los proyectos presentados están a punto de perder estado parlamentario- o motorizaron por parte de los senadores la introducción de una limitación tan autoritaria como elitista a la que se conoce como el "interés legítimo". El miércoles próximo la Cámara de Diputados, el espacio de la Legislatura que siempre mostró mayor compromiso por buscar formas a favor de la transparencia de los actos de gobierno y de la tan invocada construcción de ciudadanía, tratará el tema a partir de que aceptó la propuesta formulada el jueves pasado por el radical Hugo Marcucci para considerarlo con o sin despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Será una muestra de voluntad política pero existe un riesgo: los 15 senadores que constituyen la mayoría justicialista pueden insistir con el interés legítimo, limitación criticada por cientos de organizacionales provinciales, también del ámbito nacional e internacional.

Transcurrieron dos períodos legislativos, el 2004 y el 2005 y el derecho de acceso a la información pública siempre estuvo en condiciones de tratarse porque fue incluido por el gobernador Jorge Obeid en los períodos de sesiones extraordinarias. Sin embargo en todo el tiempo que transcurrió no se logró llegar a un acuerdo en Constitucionales de Diputados. En las últimas reuniones los legisladores acercaron posiciones en torno a un texto interesante al que como primer mérito debe reconocérsele la exclusión de la limitación impuesta en agosto pasado por la Cámara de Senadores cuando destrozó la esencia del proyecto enviado por Obeid y le incorporó la cláusula, tan limitativa como autoritaria, que exige demostrar interés legítimo para acceder a la información. Otro mérito es la universalidad de quienes podrán pedir información y el hecho de que no se hayan planteado nuevas formas de limitación, aunque el acceso, para el caso del Poder Judicial será sólo para la información de carácter administrativo o para aquellas causas en las que la provincia sea parte.

Marcucci es autor de uno de los proyectos y recordó que desde el 2002 "esta provincia busca contar con una ley que permita acceder a la información plena, veraz y oportuna que está en manos de los tres poderes del Estado" y pidió que el expediente que figuraba como una preferencia fuera votado por toda la Cámara y que se trate el próximo miércoles. La propuesta fue aprobada con el apoyo que también dio el justicialista Mario Lacava como jefe de su bloque.

En ese momento algunas versiones circulaban con cierta alarma por los pasillos de la Legislatura. Un senador justicialista habría "presionado' a un diputado de la misma extracción para que no diera la conformidad y por eso no salió el despacho en Constitucionales, se decía. La presión, una vez más, vino por el lado de que la Cámara de Senadores insistiría con el interés legítimo y de tratarlo podría convertirlo en ley. Sería entonces una ley para elegidos, al modo de un voto calificado puesto que alguien -puede ser la Corte Suprema de Justicia de la provincia o la presidencia de alguna de las Cámaras- deberá decidir acerca de quién o quiénes serán acreedores de ese interés legítimo.

La intervención de Marcucci también alertó sobre lo que se ve como una suerte de peligro para la futura ley: "Debemos dar una clara muestra de voluntad política de que esto es importante, más aun en el contexto en el que los senadores pueden querer insistir con el interés legítimo cuando de lo que se trata es de la transparencia de los actos públicos".

El preacuerdo que circula en Diputados comprende el proyecto Obeid, el de Marcucci, el que presentó el ex diputado del PDP Carlos Favario y que continuó el legislador Gabriel Real y el del justicialista Danilo Kilibarda.

Con las perspectivas descriptas se actualiza el interrogante que cualquier observador del tema se hace desde dos años atrás y tiene que ver con el por qué Obeid hizo entrar su proyecto de ley por Senadores, el ámbito que levanta la limitación tan criticada. Algo para recordar: la activa militancia del senador Raúl Gramajo Benavides a favor del "interés legítimo" y sus expresiones de justificación acerca de que "la democracia tiene sus límites".

El jueves pasado los volantes que cayeron desde la barra donde se instalaron las banderas del Sindicato de Prensa Rosario y del Foro de Comunicación Santafesina preguntaban ¿por qué algunos legisladores insisten con el secreto? La pregunta no era sólo para los diputados. En esta semana los esfuerzos de las organizaciones sindicales, estudiantiles, académicas, comunitarias, de consumidores, ecologistas y de derechos humanos estarán centradas en expresar el reclamo para que el tratamiento garantice el derecho sin restricciones.