Las nuevas abogadas de los padres de Ana María Acevedo iniciarán esta semana un recurso administrativo en el Ministerio de Salud, como paso previo a entablar un juicio civil contra el Estado por la muerte de la joven. Ana María, de 20 años, falleció el 17 de mayo pasado, tras una dolorosa agonía, en el hospital Iturraspe de Santa Fe como consecuencia de un cáncer de mandíbula que no fue tratado porque los médicos se negaron a realizarle un aborto terapéutico, en una decisión refrendada por el comité de bioética del hospital en base a "razones religiosas y culturales". "Queremos que queda claro que el gobernador Jorge Obeid y la ministra Silvia Simoncini dejan muchas deudas en cuanto a la salud de las mujeres. Se llevan la muerte de Ana María Acevedo", puntualizó la abogada Lucila Puyol, que asumió la representación legal de Norma Cuevas y Haroldo Acevedo junto con Paula Condrac y Mirta Manzur. Las tres profesionales forman parte de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, que acompañó a la familia Acevedo desde que el caso se hizo público.

Mientras, sigue su curso la demanda penal por homicidio culposo, que todavía no tiene imputados. El juez Jorge Andrés pidió a la provincia el sumario administrativo, y solicitó informes a diferentes centros de salud y entidades profesionales. Las nuevas mandatarias de los actores civiles (los padres de la víctima) pedirán medidas de prueba.

Puyol puntualizó que el Estado santafesino "no atendió como correspondía a Ana María, en todos estos meses no esclareció lo ocurrido, y tampoco reglamentó los abortos no punibles para impedir que otra mujer vuelva a pasar por la misma situación". Por eso, además de pedir en la Justicia que se hagan responsables por los daños y perjuicios causados contra Ana María, advirtió a las autoridades entrantes que "sepan que hay muchas cuestiones por resolver".

Ana María Acevedo comenzó su largo camino de abandono del sistema de salud provincial en mayo de 2006, cuando llegó al SAMCO de Vera con dolor de muela. La odontóloga realizó una extracción, pero se negó a realizar una radiografía, pese a la persistencia del dolor durante meses. Sólo la férrea voluntad de la familia logró que Ana llegara al hospital Cullen de Santa Fe, donde le extrajeron un sarcoma de maxilar, y la derivaron al servicio de Oncología del Iturraspe para continuar el tratamiento. Cuando la joven concurrió por primera vez, cuenta que tenía una falta. El 14 de diciembre, ante el test de embarazo positivo, el médico David Yossen contraindica el tratamiento de quimioterapia, "dada su toxicidad sobre la gestación". Pero los estudios ginecológicos de esa fecha dicen claramente "saco gestacional sin embrión". Ningún médico le advirtió a la paciente sobre la posibilidad de un aborto terapéutico, tal como está claramente estipulado en el artículo 86 del Código Penal.

Ana María estuvo internada hasta la víspera de Navidad, sin recibir tratamiento, cuando se fue con alta voluntaria. Cuando volvió al hospital, en febrero, los familiares solicitaron la interrupción del embarazo, pero el entonces director, Andrés Ellena, la negó. El 22 de febrero el comité de Bioética refrendó esa decisión, y Ana María continuó sin tratamiento para el cáncer hasta fines de abril, cuando se indujo el nacimiento de la beba, que apenas sobrevivió unas horas. Pero era demasiado tarde, a los pocos días ella también murió.

Después de pedir el aborto para salvar a su hija, cuando vivían en el hospital y sin recursos, los padres de Ana María recurrieron al abogado Germán Ulrich Lehmann, quien inició la demanda penal por homicidio culposo. Desde mayo, sólo presentó dos escritos, y tuvo poco contacto con la familia. Sí se reunió con el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, para asegurarle que sus representados no querían la despenalización del aborto. Pero esa actitud inconsulta molestó a Norma y Haroldo. El amplio poder que habían firmado le permitía al anterior abogado, por ejemplo, cobrar dinero en su nombre. La situación de la familia Acevedo es crítica. Sobreviven de changas y un plan social, que durante meses no cobraron, y además, se hicieron cargo de dos de los hijos de Ana María. Desde que decidieron revocarle el poder a Lehmann, el profesional los presiona. Pero no responde las llamadas de las actuales abogadas, que quieren reunirse con él. "Nos parece importante solicitarle la rendición de cuentas que corresponde a todo mandatario, porque los actores de la causa son Norma y Haroldo", indicó Puyol.

Una vez que cambiaron de abogados, Norma y Haroldo vieron por primera vez el expediente. Y aunque su instrucción sea escasa, pudieron preguntar, acotar y aportar desde su propia experiencia. En el expediente puede leerse la historia clínica, donde se refiere de manera recurrente el dolor que padecía Ana María, y la decisión de los médicos de retacearle no sólo el tratamiento, sino eficaces medidas paliativas, porque estaban contraindicadas para la continuidad del embarazo.

Mientras la Justicia continúa con su lenta tarea que debe ser reparadora, Norma y Haroldo suman desesperación. A menudo, luego de una discusión, el papá de Ana María toma su bicicleta y se va al cementerio, a refugiarse frente a la tumba de su hija.