Domingo, 9 de diciembre de 2007 | Hoy
El procurador de la Corte ordenó a la justicia de Rosario y
Santa Fe que investiguen el cumplimiento de las normas viales.
"Es un pronunciamiento político", opinó el doctor Oscar Blando.
Por Alicia Simeoni
La presentación que el procurador de la Corte Suprema de Justicia de provincia realizó ante un juzgado correccional para que investigue el cumplimiento de las normas de seguridad vial en la ciudad de Rosario, sorprendió a muchas opiniones. Una de ellas es la del abogado y profesor titular de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Oscar Blando. Sin negar que el tema del tránsito en Rosario es un problema a debatir y mejorar, Blando analiza que la forma en que se expidió Bassó no está entre las atribuciones que como procurador le fija la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Agustín Bassó tiene mucho por hacer y parece haber empezado por donde no le corresponde", estimó Blando.
El doctor Blanco también vio en la actitud del alto funcionario judicial un comportamiento "más político que jurídico" y reclamó que el procurador aporte tanto celo y preocupación en aquellas tareas que le son propias como el control sobre la morosidad de la Justicia, la violación a los derechos humanos de detenidos y procesados sin condenas y también de niños y adolescentes arrumbados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario de Cullen y Saavedra. Otros temas a los que debe dedicarse el procurador: la Justicia y la policía que constantemente son denunciadas por su intervención en hechos ilícitos y, además, que le señale a la Justicia penal de la capital provincial que investigue profundamente los hechos que hacen que esa ciudad "se haya convertido en una de las más inseguras del país".
Blando dijo que se sintió sorprendido por el tenor de la presentación del procurador de la Corte ya que "en principio no está entre las facultades del procurador general controlar la seguridad vial de la ciudad".
Estas declaraciones aparecen soprendentes en el sentido que en principio "no está entre las facultades del procurador general controlar la seguridad vial de una ciudad" por la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece cuales son sus atribuciones. "Eso no quiere decir que de todas maneras no se debata sobre el tránsito en Rosario"
En definitiva, aquello que el titular de Derecho Político de la UNR plantea es que el "celo e interés" que Bassó puso en evidencia, sería necesario que los aplique a aquellos deberes que le son propios". Entre los deberes, según el inciso 10 del artículo 128, están los de deducir demandas contra los jueces morosos e incluso porque puede hacerlo de oficio. De ahí que Blando recuerde que la Justicia santafesina fue visualizada por la propia sociedad "como una justicia decididamente lenta en cuanto al funcionamiento y el accionar de sus jueces".
Oscar Blando suma otros elementos que se refieren al cumplimiento de legislaciones vigentes, por tanto con el mismo "celo" demostrado respecto de un tema de la ciudad de Rosario espera que Bassó instruya a los jueces penales de la capital provincial para el esclarecimiento de tantos delitos "que la hacen una de las ciudades más inseguras del país". Al mismo tiempo Blando quiere ver que la preocupación manifestada por un tema que es de indudable interés para la comunidad, lo haga sobre la vigencia de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles santafesinas donde hay jueces de ejecución de sentencia sobre los que el procurador tiene potestad para actuar y controlar las condiciones en que viven los detenidos que "tan trágicas consecuencias tuvieron en los últimos años, tanto en el caso de los adultos como en el de niños y adolescentes, para el caso los alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario".
Por otra parte el planteo del abogado y docente Oscar Blando es que Agustín Basso le exija al poder político que cumpla con la Constitución provincial y termine con el hacinamiento de los detenidos y procesados sin condena en las comisarías rosarinas.
Blando también piensa que el "celo" demostrado por Bassó respecto de la seguridad vial a partir de lo que dijo haber observado en distintos puntos de la ciudad, debe ponerse también respecto de la gestión de la Justicia y la policía santafesina "denunciados constantemente por la comisión de ilícitos, tal el caso de las declaraciones de una jueza federal -se refiere a Laura Inés Cosidoy- en relación con la connivencia con narcotraficantes en la ciudad de Villa constitución".
Para el abogado Oscar Blando la actuación del procurador Agustín Bassó parece más ligada a "consideraciones de tipo político que jurídico". Así también dijo que al reflexionar sobre seguridad vial y Poder Judicial "es hora que la autonomía de los municipios se haga efectiva para que cada uno cumpla el rol que le corresponde".
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