"La idea es desarticular el IRAR como un centro de detención de menores en el más corto tiempo posible porque no es un instituto de recuperación, es una cárcel". Así se expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti en diálogo exclusivo con Rosario/12 cuando repasó las ideas centrales de la que será su gestión al frente del área "con lineamientos políticos bien definidos en todo lo que tienen que ser los programas judiciales": la desjudicialización de conflictos, un alto compromiso con lo que hace a la vigencia de los derechos humanos, con la elaboración especial de un programa de protección integral de testigos en los juicios por los delitos de lesa humanidad, la creación de la dirección provincial de Formación Cívica ("si sensibilizamos y formamos a la sociedad, esto va a andar... De lo contrario una gran parte de la población seguirá pidiendo que los maten a todos") y la desjudicialización de conflictos, que incluye la protesta social que debe contar con la posibilidad de que los protagonistas sean escuchados para no llegar a las decisiones "del corte de calle o quema de gomas para poder hacerse oír". También habló de posibilitar el acceso a la Justicia de los sectores económicamente más postergados y de la elaboración de encuestas en todo el territorio provincial para detectar en la desaparición de menores, la trata de personas y el comercio de órganos. Con respecto a la puesta en marcha del proceso oral se hará "lo antes posible", cuando estén dadas todas las condiciones, entre ellas las de estructuras materiales y preparación de recursos humanos -esto es jueces, fiscales, funcionarios- para que se produzca el verdadero "cambio de sistema de uno inquisitivo y medieval a otro acusatorio y adversarial acorde a la Constitución que durante muchos años no atendimos", dijo Superti.

Superti recibió a este diario en el despacho de la delegación Rosario de la Gobernación acompañado por la secretaria de Derechos Humanos María Bressa, el director provincial para la Transformación de los Sistemas Judiciales, Víctor Moloesnick, la directora provincial del Patronato de Liberados, Cecilia Vranicich y el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis.

-¿Cómo define el estado en que encontró las áreas a su cargo?

-En primer término hay que decir que no existía el Ministerio de Justicia por eso lo creamos con un programa político bien definido respecto de todo lo que tienen que ser los programas judiciales, la desjudicialización de los conflictos y un alto compromiso con todo lo que hace a la vigencia de los derechos humanos. Si se analiza la ley de creación, la de ministerios, se advierte que tiene áreas en las que se van definiendo las ejecuciones de estas políticas: hay una secretaría de Derechos Humanos, otra de Justicia, también una Dirección de Transformación de los Sistemas Judiciales, otra de Formación Cívica y una subsecretaría de Asuntos Penales. Estas son las áreas de ejecución de las políticas.

-¿La Secretaría de Derechos Humanos perdió importancia dentro del esquema de las prioridades del nuevo gobierno?

-Si se habla de la secretaría en forma aislada podría decirse que hay una baja pero lo que sucede es que el tema que concierne al universo de los derechos humanos tiene ahora rango, esfuerzo y preocupación ministerial. De allí que la secretaría sea ministerial. En este terreno encontramos muchos problemas entre ellos conflictos gremiales porque estaba tomada la secretaría y se resuelven en el intento de no perjudicar a quienes podrían ser víctimas de esa situación, y a la vez de investigar a quienes son los responsables de esa situación. En el terreno concreto se está preparando un programa que prevé formas proactivas de protección de los testigos en los juicios por los delitos de lesa humanidad. Esto en lugar de esperar que vengan a pedir esa protección. Se trata de un programa integral bastante delicado porque el tema no es fácil, ya que la alternativa tradicional que sería la tutela policial entra en crisis por la propia naturaleza de los procesos en los que estas personas deben declarar. El programa tendrá en cuenta desde la contención emocional hasta la tutela física efectiva. El plan que estamos elaborando es distinto de lo que encontramos de manera documental que es el ofrecimiento de pulseras para que los testigos sean localizados por GPS. Por lógica esos testigos no lo quieren, ya que si una persona tiene miedo, lo que menos aceptará es que todo el tiempo sepan dónde está. Aquí por lo que vemos ese sistema no funciona. Como es un tema tan sensible y nos preocupa mucho lo daremos a conocer apenas esté armado. Además de brindar todo el apoyo logístico a los juicios y de la preservación de los lugares que nos ayuden a recordar lo que pasó, tal como se hizo después del Holocausto, trabajamos en el armado de un registro de niños desaparecidos que funciona a través de denuncias. En la mayoría de los casos son chicos que se van del hogar por distintas razones y muchos de ellos vuelven. El gran tema es lo que hay detrás, la trata de personas y el tráfico de órganos. También en este terreno vamos a cambiar hacia una política proactiva en lugar de ser sólo receptivos. Trabajamos en encuestas de victimización partiendo de los lugares más vulnerables para tratar de detectar qué pasa con los casos de los chicos que desaparecen pero que no se denuncian. Esa es la franja que nos interesa y hay que tener presente que ocurre mucho en sectores muy débiles y frágiles donde el miedo hace que no se denuncie. Se instrumentarán encuestas socioculturales en las que varía la estrategia. Comenzaremos en zonas cuasi vulnerables para generar experiencias en los operadores e ir luego hacia las zonas más vulnerables.

-El de los menores en conflicto con la ley penal es una de las grandes llagas sociales que este gobierno debe atender, desde el número y la cada vez más corta edad de los involucrados y las inhumanas condiciones en que están privados de la libertad, sobre todo en el que se llama Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR).

-La idea respecto del IRAR es desarticularlo como un centro de detención en el menor tiempo posible porque en realidad es una cárcel. No sé si en el futuro servirá como cárcel, pero no para menores. Pero no podemos de un día para otro cambiar todo. Sería no decir lo que razonablemente se piensa que puede hacer. Además quienes están detenidos allí lo están por decisión de un juez que merece ser respetada. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de ofrecer los ámbitos adecuados para que las decisiones judiciales sean respetadas. Esperamos a la brevedad poder explicar cómo estamos generando esos espacios donde habrá controles y privación de libertad desde la concepción que la persona no puede salir o entrar sin autorización. Pero el espacio debe ser adecuado a la edad, al perfil y al sentido que tiene que tener esa privación de libertad. Hasta el 24 de enero hay un convenio con el Servicio Penitenciario provincial y posiblemente lo prorroguemos por 30 o 60 días porque lo que no tenemos es un equipo de operadores especializados para trabajar en el tema. Por lo menos formados por nuestra estructura ideológica y política. Cuando tengamos los operadores veremos cómo regularemos con el Servicio Penitenciario las incumbencias de cada uno. Posiblemente, sólo es una tormenta de ideas, habrá en el lugar un segmento de seguridad externa que podría estar a cargo del SP pero el trato cotidiano estará en la responsabilidad de operadores entrenados para ello. Tuvimos reuniones con el director del servicio, se visitó el IRAR, se está monitoreando y no hay quejas agudas que ameriten algún tipo de intervención urgente, una medida que si llega a suceder algo, la vamos a instrumentar. Estamos tomándonos el mínimo tiempo necesario para tratar de buscar una solución radical de fondo.

-¿Hay algún lugar en vista?

-No es sólo el IRAR, está el pabellón de Las Flores y una comisaría en Santa Fe. Son, entonces, varios los lugares que hay que resolver. De hecho hay un prediseño de cómo deben ser esos sitios sobre la base de las normas internacionales que necesitan de una traducción folclórica local. Nosotros tenemos que construir el mejor sistema santafesino.

-Justamente el Estado santafesino puede ser demandado por organismos internacionales a partir de la denuncia que la Coordinadora de Trabajo Carcelario y el Colectivo Infancia hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las condiciones de detención en el IRAR y la muerte del chico Néstor Salto.

-Lo del juicio sería lo de menos, lo que habría que reconocer es que costó la vida de un chico.

-En esta problemática, ¿tiene en cuenta la sensibilización de la sociedad? En general es refractaria a involucrarse aunque más no sea en la comprensión del problema. Es común encontrar expresiones y hasta demandas sociales que dan a las situaciones en las que participan chicos, y que entran en conflicto con la ley penal, casi el valor y la atribución de un proceso genético y no de conductas adquiridas.

-Por eso se creó la Dirección Provincial de Formación Cívica y Capacitación Judicial. Vamos a trabajar junto con Cultura, Educación y Prensa en distintos programas y abordajes porque no se puede transformar un sistema de enjuiciamiento, de tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal o la desjudicialización de distintos temas si primero no formamos a la sociedad en lo que es el estado de derecho, los principios constitucionales y en lo que significa lo que se puede hacer y hasta dónde hacerlo. A mí me genera hasta cierto grado de escepticismo cuando se habla de jurado y la gente no entiende lo que es un juicio. No estoy subestimando la capacidad de la población sino criticando la falta de información que se le da. Por eso creo que todo este proceso del que hablamos debe ser acompañado con la difusión de estos temas, con capacitación y formación de los distintos segmentos de la sociedad, esto es escuelas, ongs, grupos intermedios, apelando a las estrategias que correspondan. Si formamos a la sociedad esto va a andar, de lo contrario van a seguir pidiendo que los maten a todos.

-¿Cómo se encarará la transformación de los sistemas judiciales para los que se creó una secretaría provincial?

-Sí, a cargo de Víctor Moloesnick. Hacer esta reforma no es fácil, somos conscientes de que si la hacemos mal sería mejor no haberla hecho. Transformar el sistema de enjuiciamientos penales en el modelo vigente es absolutamente incompatible con el también modelo del código sancionado. Estamos en contacto con organismos internacionales de mucha experiencia tratando de terminar los convenios necesarios. El nuevo modelo no es sólo el código sino un soporte normativo muy complejo como la ley de ministerios, el sistema de defensa pública, la oficina de gestión judicial, la estructura material y los recursos humanos. De allí que hay que trabajar mucho en la capacitación de jueces, fiscales, abogados y en la formación cívica de la comunidad. Por eso se creó la Dirección Provincial de Formación Cívica que pertenece a esta secretaría.

-Dos direcciones aparecen novedosas, la de desjudicialización de conflictos y la de acceso a la Justicia y asistencia judicial.

-La primera se orienta a la gestión de sistemas, proyectos, programas y oficinas que traten que los conflictos interpersonales se puedan resolver. Comprende la mediación en situaciones que habitualmente terminan en la Justicia. En este punto tenemos el ofrecimiento de los colegios de abogados de la provincia para aportar con vistas a la nueva ley de mediación. Otro eje tiene que ver con solucionar los conflictos en los que la provincia sea parte sin llegar a que todo sea juicio. La ley de Defensa del Estado prevé que debe hacerse un reclamo administrativo previo al juicio. El sentido de este reclamo es evaluar si quien reclama tiene razones que lo asistan para hacerlo y si esas razones son valederas el Estado debe dar el ejemplo y satisfacer sus pretensiones.

-¿La dirección se ocupará también de la desjudicialización de la protesta social?

-Se contará con equipos de mediadores especializados en conflictos agudos como son la toma de lugares y de rehenes que está monopolizado en el ámbito policial. Queremos hacernos cargo de esas situaciones que son altamente delicadas mirados desde los dos lugares: el respeto por el derecho a reclamar y el respeto por los derechos de todos los demás. En los conflictos de esa naturaleza lo primero es tratar de lograr la respuesta hacia aquellas inquietudes que se consideren pretensiones legítimas. Que no caiga el problema sobre los que pueden ser víctimas pero que no queden sin investigar esas situaciones. De hecho se trata de reducir esos problemas al máximo. Eso significa que los reclamos deben encauzarse dentro de los márgenes legales en la medida en que sean eficaces. Que se pueda reclamar con expectativa de éxito sin necesidad de tener que llamar la atención con el corte de una calle o porque se prende fuego a una cubierta.

-¿Y sobre el tan inequitativo acceso a la Justicia?

-El acceso a la Justicia cuesta normalmente a los sectores económicamente desposeídos. Existen mecanismos para litigar sin pagar sellados que son costosos y un sistema para atender a quienes no tienen respaldo de tipo patrimonial, pero pensamos que ello es insuficiente. Esa franja de la población está insuficientemente protegida. Así como el Poder Ejecutivo debe asegurar salud y educación también debe hacerlo con la Justicia.

-¿Cuándo se pone en marcha el proceso oral?

-Cuando estén dadas todas las condiciones para que el sistema funcione. Nosotros no pondremos sólo en marcha la oralidad sino que vamos a cambiar un sistema, tal como lo dice el código. De un sistema inquisitivo, medieval, heredado de España, pasaremos a otro acusatorio, adversarial, acorde a la Constitución que durante muchos años no atendimos. Ese cambio donde la oralidad es un ingrediente es el que queremos encarar con la responsabilidad y seriedad que significa. Entonces, ¿el cuándo? Es lo antes posible.