[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El hallazgo de dos toneladas y media de medicamentos -mas de 20 mil remedios-, 680 mil preservativos y un número elevado pero sin precisar de pastillas anticonceptivas, deja al descubierto la desastrosa política de salud publica de las sucesivas administraciones peronistas, especialmente de Jorge Obeid y Carlos Reutemann, quienes en principio llegaron a subsanar las tropelías de la "cooperativa peronista" que entre otras cosas en los tiempos de Víctor Reviglio -que fue ministro de Salud de José María Vernet antes de sucederlo en la Casa Gris- había enterrado medicamentos, piel porcina para implantes, insulina vencida, y hasta había hecho desaparecer un hospital de campaña. Fue aquel, uno de los mayores escándalos en la gestión de por si escandalosa del "Chajá". Como correspondía se abrió un expediente, y como suele suceder en la "provincia invencible" la causa prescribió.

Miguel Cappiello, flamante ministro de Salud Pública, fue el primer funcionario de esa área en recorrer la Droguería Central en los últimos 30 años. Es decir que ninguno de los ministros de salud desde la recuperación de la democracia se tomó el trabajo de ir a visitar a una dependencia estratégica para el organigrama de la salud pública.

Sin saber con lo que se iba a encontrar, el médico rosarino fue acompañado de la nueva directora de Farmacia y Bioquímica, Beatriz Martinelli, y no sólo se encontraron con el vergonzoso stock de medicamentos vencidos, sino con la suciedad acumulada durante años de abandono.

En lo inmediato se tratará de deslindar responsabilidades, y sobre todo ordenar la incineración de estos residuos, para lo cual hay que llamar a licitación pública. Como se ve no solo es una vergüenza mayúscula, sino un incordio en el trabajo que se inicia.

Cappiello no sabía con lo que se encontraría pero tampoco podrá decir que lo sorprende. Lamentablemente la recorrida por efectores públicos en Santa Fe, lo ubicó rápidamente en la lamentable realidad, contrastante con lo que vivió hasta el 10 de diciembre cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud Pública de Rosario. El ministro fue lo suficientemente cuidadoso como para no herir suceptibilidades, en cuanto al "recurso humano", cosa que también será revisada y replanteada en su gestión.

En agosto de 2002, la diputada provincial Alicia Gutiérrez -actualmente en el mismo cargo, luego de haber sido un período legisladora nacional- se presentó ante el juez correccional, Luis Giavedoni para que investigara una denuncia formulada por el director de Farmacia y Bioquímica de entonces, Elbio Costa. Lo que había dicho el funcionario era que había en depósito medicamentos desde 1992. La cosa terminó con el despido del titular del área por parte de Fernando Bondesio con el aval del ex gobernador Carlos Reutemann y nunca mas se habló del tema.

Ahora, en cambio, la directora Martinelli no sólo dará a conocer las fechas de compra de los medicamentos vencidos, sino también las partidas de preservativos -casi 700 mil- y se supone que el juez que investigue llamará a declarar a los ministros que ocuparon ese cargo en los años en que no se distribuyó lo que debió distribuirse.

Consultado por Rosario/12 un ex funcionario de primera línea del gobierno de Jorge Obeid, dijo que "siempre se vencen medicamentos, inclusive pasa en los sanatorios privados, y hasta en las casa, pero ese número es una barbaridad. Lo mismo que los preservativos, hay que ver quién dio la orden de que no se repartan".

Ni el ministro ni la directora provincial dieron precisiones acerca de las fechas de compra y de supuesta distribución. La variedad de fármacos lleva también a una amplia gama de fechas de caducidad, que en cualquier caso no alcanzará para justiciar el tema de los preservativos ni pastillas anticonceptivas que deliberadamente fueron amarrocados en lugar de ser distribuidos como marca la ley.

En ese sentido, y más allá del quebranto económico que supone dejar vencer mas de 2500 kilos de remedios, una vez mas aparece el fantasma medieval -alimentado con cursos y jornadas auspiciadas por el Ministerio de Salud que encabezaba Silvia Simoncini- en el que los preceptos morales del funcionario de turno se sobreponían al cumplimiento de la ley.

Nadie se puede sorprender porque no se hayan repartido mas de medio millón de forros a jóvenes que seguramente los han necesitado. No en una provincia cuya ministra tuvo el triste privilegio de haber sido -con el Ministro de San Juan, despedido después de eso- la única que no firmó el respaldo a la comunidad médica a la hora de apoyar la realización de abortos terapéuticos en casos contemplados por la ley. En una provincia en que hasta hace 20 días en los hospitales públicos obligaban a denunciar a las mujeres que llegaban con un aborto en curso, y tenía destacamentos policiales al pie de la sala de guardia, y no precisamente para reportar heridos de armas de fuego o velar por la seguridad de los pacientes.

Pero sería injusto cargar las tintas solo sobre la doctora Simoncini -conchabada ahora en el gobierno nacional- no solo porque no apareció allí en el Ministerio por arte de magia, aunque su designación es igualmente inexplicable como los trucos. La ministra fue candidata a Senadora por el departamento Rosario en la lista de Frente para la Victoria, a pedido de Jorge Obeid, quien evidentemente se equivocó al designarla en la cartera de salud, o se había equivocado antes cuando lo nombró en el mismo lugar a Juan Héctor Silvestre Begnis.

"Hay de todo y de diferentes períodos", dijo a este cronista una alta fuente del gobierno de Hermes Binner, que aceptaba que "en todos lados se vencen remedios" pero aclaraba que "no en estas proporciones".

La no distribución de los preservativos seguramente debe ser en términos económicos lo menos gravoso, aunque haya que medirlo igualmente en cientos de miles de pesos. Sin embargo es lo más delicado en cuanto al incumplimiento de la ley. Por eso mismo no debería quedar únicamente en un expediente que probablemente se archive, y luego prescriba.

El pueblo de Santa Fe tiene el derecho de saber quiénes y porqué no distribuyeron los anticonceptivos y los preservativos, en una provincia en la que todos los días una mujer camina hacia la muerte para interrumpir un embarazo no deseado. Para que no vuelva a suceder y para no tengamos que hablar de la "salud vencida".