El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una ordenanza que libera el acceso a la información pública en el gobierno de la ciudad, un texto similar al que el ex intendente Marcelo Alvarez (hoy procesado por estrago culposo por la muerte de 18 personas en la catástrofe del río Salado, en 2003) vetó en 2001 y muy parecido al que el Senado de la provincia, con mayoría del PJ, cajoneó en los últimos cuatro años. "Es un día de fiesta", dijo uno de los concejales del Frente Progresista después de votar el proyecto, uno de los primeros que el intendente Mario Barletta mandó al Concejo a poco de asumir su cargo.

El Foro de la Comunicación Santafesino (Focos) que aglutina a trabajadores de prensa consideró la sanción de la ordenanza como "un paso importante para el mejoramiento de la calidad institucional, el fomento de la participación y la transparencia en la gestión de gobierno. Después de varios años de reclamos, los santafesinos tenemos acceso a la información pública", afirmó.

La norma crea "las condiciones para comenzar a desmontar la cultura política del ocultamiento y el secreto. Desde hace varios años, Focos viene reclamando junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil, la aplicación de normas que apunten al mejoramiento de la calidad institucional, el fomento de la participación y la transparencia en la gestión de gobierno". Focos destacó "el alcance social que tiene el acceso a la información pública, ya que se trata de un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y su vigencia potencia las posibilidades de participación ciudadana en el control de los actos de gobierno y en la formulación de alternativas".

"A partir de ahora, toda persona física o jurídica, pública o privada, tendrá derechos a solicitar información a 'cualquier órgano perteneciente a la administración pública, centralizada y descentralizada de la Municipalidad de Santa Fe, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado Municipal, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el estado Municipal tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias'.

"También están alcanzadas por la obligación de informar el Tribunal de Cuentas, la Caja Municipal de Jubilaciones y el Concejo Municipal, como así las organizaciones privadas o entidades públicas prestatarias de servicios públicos municipales y las organizaciones privadas, en lo atinente al destino de los fondos recibidos. El ejercicio de este derecho no puede ser condicionado a la exteriozación de motivos, es gratuito y no requiere patrocinio legal, y solo esta sujeto a las limitaciones que establece la propia ordenanza. Para solicitar información, deberá completarse un formulario provisto por la Municipalidad y se establece un plazo de respuesta de 15 días hábiles.