Norma Cuevas y Haroldo Acevedo contaron con lujo de detalles, durante más de seis horas, los últimos meses de la vida de su hija, Ana María. Lo hicieron el miércoles pasado ante el juez de Santa Fe Eduardo Pocoví y la fiscal Estela López Bustos, que entienden en la causa. La joven de 20 años murió el 17 de mayo pasado en el hospital Iturraspe de Santa Fe como consecuencia de un cáncer de maxilar que no fue tratado porque los médicos se negaron a realizar un aborto terapéutico. La declaración testimonial de los padres de la joven fue "minuciosa" y se realizó -según relató la abogada Lucila Puyol- en un marco de "respeto y conocimiento de la causa". El mismo día, aprovechando el viaje a la capital provincial, Norma y Haroldo se entrevistaron con la Secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, Fabiana Chiavon, para plantearle las trabas que les ponen para atenderlos en el SAMCO de Vera, el mismo centro de salud donde le extrajeron la muela a Ana María en 2006, y demoraron su derivación a Santa Fe durante cinco meses, un plazo que resultó fatal.

"No sé lo que pasa, pero la cuestión es que no me quieren atender. Primero fui por uno de mis nietos, que ahora se está atendiendo en Santa Fe. Pero no me dieron turno, así que lo llevé a Reconquista", relató Norma sobre las dificultades que encuentra en su propia ciudad. Su esposo no entiende por qué. "Nosotros no le hicimos nada a ellos", expresa Haroldo, como buscando una razón.

El peregrinar es infinito. "En Reconquista me dijeron que me correspondía Vera, pero allá sólo me dan turno con la dentista que atendió a mi hija, y yo no quiero. Cómo voy a llevar a mi nieto a atenderse con ella, sabiendo que le hizo problemas a la madre", relata Norma. Como conclusión, debió viajar hasta Santa Fe. En la semana, Haroldo se cortó un dedo, y en Vera también se negaron a atenderlo. "Después me fui con el otro nietito, el que se había quedado con mi yerno, y tampoco lo atendieron. Quise hablar con la directora, pero tampoco me quiso ver. Me da miedo, porque si cualquiera de mi familia se enferma, nos vamos a morir", resumió su angustia la mujer, que cuidó de su hija durante los meses de agonía.

La historia de Ana María comenzó en mayo de 2006, cuando le extrajeron una muela en el SAMCO de Vera y, pese a la persistencia del dolor, se negaron a derivarla a un centro de mayor complejidad. Su madre debió recurrir a un abogado para obtener el traslado hacia el hospital Cullen de la capital provincial. Allí le realizaron una cirugía para extraerle el rabdomiosarcoma, y la derivaron al servicio de Oncología del hospital Iturraspe, donde le aplicarían quimioterapia y radioterapia. Pero ante un diagnóstico de embarazo, en diciembre de 2006, decidieron suspender el comienzo del tratamiento. Cuando Ana María volvió al hospital, en febrero de 2007, la mantuvieron con una terapia que ni siquiera era eficaz para aplacar el dolor. El 29 de abril, ante la evidencia de la inminente muerte de la joven, le indujeron el embarazo. La beba vivió pocas horas. Ana María entró en coma, y murió a los pocos días.

Ahora, en Vera, a la familia de Ana María le niegan la atención. El reclamo que Norma le trasladó a Chiavon fue claro: "Tiene que pasarme a Reconquista, porque a Santa Fe no puedo ir todos los días, y en Vera no me quieren atender". La funcionaria le prometió que le dará una respuesta el 28 de mayo, cuando Norma debe volver a llevar a su nieto al hospital público de la capital provincial.

"Cuando hablamos de continuidad jurídica del Estado, se trata de esto. Ellos siguen en la misma situación de indefensión que tenían cuando Ana María estaba enferma", consideró Puyol, quien junto a sus colegas Mirta Manzur y Paula Condrac representa a la familia de Ana María. La profesional subrayó que es "preocupante que la directora, la odontóloga, el consejo de administración del SAMCO de Vera sigan en sus puestos. Hay un núcleo duro que no fue tocado ni removido, ni puesto en el ojo de la tormenta".

"En la testimonial quedó bien claro que ellos y Ana María pidieron el aborto reiteradamente", puntualizó Puyol. Las abogadas integran la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, que prepara un acto frente al hospital Iturraspe para el próximo sábado 17 de mayo, cuando se cumpla un año de la muerte de la joven. Se movilizarán mujeres de todo el país. "Vamos a conmemorar que allí no fue atendida y falleció por falta de tratamiento, y por negarle el derecho al aborto terapéutico. Para el movimiento de mujeres es un símbolo de que el Estado no cuida la salud de las mujeres", apuntó Puyol, quien destacó que, más allá de la lucha por la legalización del aborto, en el caso de Ana María se trataba de un derecho existente, porque entraba en las excepciones al artículo 86 del Código Penal. "Sólo se trataba de cumplir la ley, pero cuando lo que está en juego es la salud de las mujeres a nadie le importa, y todos creen tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos", indicó la abogada.

Mientras tanto, en el marco de la causa que investiga la justicia correccional de Santa Fe, Pocoví ya tomó declaraciones indagatorias a Andrés Ellena, que era el director del hospital, al médico clínico David Yossen, que firmó el acta donde se decide no iniciar el tratamiento oncológico por el embarazo, y a César Blajman, entonces jefe del servicio de Oncología. También declararon las integrantes del comité de bioética del hospital, María Isabel Artiguez, Silvia Brussino y Elsa Albarracín, el jefe de ginecología, Raúl Musacchio, y Jorge Venanzi, del servicio de Radioterapia.