Se realizó en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe la primera reunión de la Comisión que trata la reincorporación del personal cesanteado durante la dictadura. Esta comisión fue creada por el gobierno provincial en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el decreto N° 1.325, y tiene por objeto centralizar las tramitaciones para solicitar el reingreso a la planta permanente de la Administración Pública Provincial de los agentes que fueron separados de sus funciones por aplicación de las leyes N° 7.854 y 7.859, de 1976, o sus posteriores leyes de prórroga.

En la oportunidad, quedó constituida la comisión, con la participación de la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; la diputada provincial Alicia Gutiérrez, en representación del Poder Legislativo, y Juan Carlos Pucianelli por la subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, tal como lo establece la normativa que regula este organismo.

Además participaron representantes del personal cesanteado, así como Marcelo Delfor, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y María Cristina Olmedo y Gaspar Sánchez por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). En ese sentido se decidió que los dirigentes sindicales formarán parte de la comisión, con voz pero sin voto.

Durante la reunión se decidió crear un reglamento interno de la comisión y continuar los encuentros todos los miércoles, tal como indica el decreto firmado en mayo por el gobernador Hermes Binner y los ministros de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti y de Economía Angel Sciara.

Las reincorporaciones deben ser solicitadas por aquellos empleados que fueron separados de sus cargos por normas de la última dictadura militar, utilizadas como instrumentos de persecución política por el régimen de facto.

En 1984 la ley provincial N° 9.528 facultó al Poder Ejecutivo a disponer el reingreso de quienes habían sido cesanteados "por razones de seguridad", por encontrarse "vinculados a actividades de carácter subversivo o disociador". En noviembre de 2007 se ampliaron los plazos estipulados por esta ley para solicitar el beneficio, y en ese marco en mayo de 2008 se dictó un decreto para crear una comisión que estudie las solicitudes. En los considerandos del decreto se consigna que "las experiencias de constantes violaciones a los derechos humanos fundamentales que se vivieron en la República Argentina alcanzaron carácter masivo, sistemático y de inusitada gravedad durante el régimen de terrorismo de Estado instaurado el 24 de marzo de 1976", frente a lo cual se expresó socialmente "una persistente demanda de verdad, justicia y reparación". En ese sentido, el Estado tiene deberes de "promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, rehabilitar a las víctimas y asegurar los beneficios del Estado democrático de derecho a las generaciones presentes y futuras".