La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Rosario que está a cargo de Gustavo Brufman lanzará una campaña en apoyo a la sanción del proyecto de ley del diputado provincial del Frente para la Victoria, Gerardo Rico, para inhabilitar a los represores e imputados por delitos de lesa humanidad e impedirles que se presentan como candidatos a cargos electivos. El proyecto ya cuenta con media sanción en diputados -fue tratado en un acumulado con las iniciativas presentadas por las legisladoras del Frente Progresista Cívico y Social Alicia Gutiérrez y Lucrecia Aranda- y habla de la imposibilidad que tendrán condenados, procesados e imputados en las diversas causas judiciales, en tanto no sean desvinculadas de las mismas. La diputada Alicia Gutiérrez como la dirigente de la CTA-Rosario y de la seccional local de la Asociación Bancaria, Graciela Roselló, recordaron que quien fue titular de la comisaría 4ª, el ex comisario Mario Fasino, pudo ser electo dos veces como presidente comunal de San José de Rincón, cuando ya había sido denunciado y acusado por crímenes de lesa humanidad. Esta ley, de ser aprobada por el Senado, se estima que actuará en defensa de las instituciones y mecanismos de la democracia que no podrán ser ocupados por represores y actores del terrorismo de estado.

El pasado 6 de noviembre la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad al proyecto que había presentado Gerardo Rico y que en la discusión en comisiones llegó a una síntesis con los que en su momento habían presentado Alicia Gutiérrez, desde el SI y Lucrecia Aranda del socialismo, ambos acompañados por la firma de otros legisladores.

El proyecto original hablaba de aquellos interesados en ser candidatos a cargos públicos electivos, cualquiera fuera el grado de los delitos de violación a los derechos humanos, y se incluía a quienes hubiesen "usurpado cargos electivos en el período de interrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983". Está última condición quedó sin efecto, también el punto que hablaba de la inhabilitación para quienes hubiesen ocupado cargos de ministro, secretario, subsecretario, director general o las responsabilidades equivalentes en dependencias del estado provincial, municipal o comunal. Por otra parte también quedó fuera de la aprobación el llamado criterio de la existencia de 'pruebas suficientes'.

Desde la seccional Rosario de la Asociación Bancaria, su secretaria adjunta, Graciela Roselló, explicó que la organización de la que forma parte se sumará a la campaña en apoyo a la aprobación de la ley de inhabilitación para ser candidatos a quienes hayan sido actores del terrorismo de Estado en la Argentina. Roselló considera que también tendría que contemplarse la figura de la existencia de 'prueba suficiente' para quienes están bajo sospecha. Por ser ella misma una de las víctimas del aparato represivo en la capital provincial, recordó el caso del comisario Mario Fasino, "quien era titular del centro de detención y tortura que funcionaba en la comisaría 4ta -donde desapareció la dirigente de las Ligas Agrarias Alicia López-, y sin embargo fue elegido, por dos veces consecutivas, como intendente de Rincón. Fasino pudo participar como candidato en las boletas del Partido Justicialista a pesar de que ya existían las denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos".

La diputada Alicia Gutiérrez marca especial interés por la campaña anunciada desde la CTA y llama a todas las organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, académicas, gremiales y comunitarias a expedirse en apoyo del tratamiento y aprobación de la ley en el Senado. Gutiérrez recordó que en el período anterior de la Legislatura ella ya había elaborado un proyecto en diputados y la socialista Patricia Sandoz en el Senado, en tanto "no hubo voluntad política ni siquiera para debatirlo". En esta etapa se insistió tanto que la media sanción salió por unanimidad "en una jornada en que el bloque del PJ se había retirado" y había llegado al recinto luego del dictamen de las comisiones de Derechos y Garantías y de Constitucionales donde se hicieron las modificaciones mencionadas.

Gutiérrez se presentó años atrás ante la Cámara Electoral y pidió que Fasino, quien ya había sido detenido por sus crímenes, no pudiera volver a presentarse como candidato y se aceptó su planteo. "Ahora no estamos modificando la ley electoral -dijo-, sino que hacemos una norma especial para todas aquellas personas que estén condenadas o procesadas o que hayan sido imputadas por este tipo de delitos...Así la Justicia podrá directamente sacarlos de las listas en las que se presenten".

Para Gustavo Brufman, secretario general de la Coad, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la UNR, la campaña de apoyo a la 'ley de inhabilitación' tiene que ver con "acotar lo más que se pueda la impunidad estructural que está enquistada en el estado de derecho. Es parte del combate contra la construcción social de la impunidad como sistema". Para Brufman, el iniciar esta acción de la que se invita a participar a todos los sindicatos y organizaciones aunque no estén en la CTA, parte del "compromiso con la memoria histórica en resguardo de las luchas de la clase trabajadora y el pueblo".

Gerardo Rico dijo a Rosario/12 que esta media sanción es un homenaje concreto a los 25 años de estabilidad democrática con un texto "que garantiza la propia defensa de las instituciones al sanear los mecanismos institucionales".