El gobernador Jorge Obeid tendrá hoy listo para firmar el decreto a través del cual la provincia rescinde el contrato de concesión del sistema de agua potable y cloacas en 15 localidades con Aguas Provinciales de Santa Fe, endilgándole la responsabilidad a la firma de capitales franceses. El gobierno tomó esta decisión tras constatar la inscripción en el Registro Público de Comercio de la disolución de la empresa. Una vez firmado el decreto, deberán transcurrir cinco días hábiles para que se efectivice el traspaso desde la concesionaria hacia el Estado. De no surgir novedades legales de última hora, el próximo martes Aguas Santafesinas Sociedad Anónima se hara cargo del servicio que brindó APSF durante los últimos diez años y de inmediato suscribirá un convenio de vinculación con la Gobernación a través del cual se explicitarán derechos y obligaciones de la flamente prestataria con mayoría estatal.

Ayer, y tal como lo había anticipado, Aguas Provinciales en liquidación no abrió sus oficinas coemrciales para "garantizar una transición ordenada". Sugestivamente el titular del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), José Kerz, había advertido a primera hora que la empresa no podía "tomar esa decisión de manera unilateral". Kerz prometió hacer un "relevamiento" para constatar la no apertura de los locales de atención al público (seis en Rosario) para después iniciar las actuaciones correspondientes tendiente a sancionar a Aguas.

La concesionaria había anunciado que hoy a la medianoche le iba a transferir a la provincia el servicio que explotó durante una década tras la privatización de la Dipos. Desde el Enress, Kerz recordó que los plazos los fija el poder concedente -el gobierno provincial- desestimando un traspaso inmediato de los bienes y del sistema en su conjunto.

Anoche, según pudo saber Rosario/12, la Casa Gris logró confirmar que había culminado el raid burocrático exigido a Aguas Provinciales para consumar su salida: la disolución de la empresa -integrada por el grupo Suez, Interagua, Aguas de Barcelona, Banco Galicia y los empleados a través del Programa de Propiedad Participada- y su inscripción correspondiente en el Registro Público de Comercio.

Cumplimentado ese trámite, la provincia puede alegar "abandono de la concesión" para firmar el decreto que declara la rescisión contractual. "Si se firmaba antes ese decreto, después Aguas podía señalar que la provincia la había echado, ahora está todo claro", explicó a este diario una fuente del gobierno santafesino.

Hoy a media mañana, en la delegación local de la Gobernación, Jorge Oebid encabezará una reunión ampliada de su gabinete. Se especula que al término de la misma le pondrá su firma al decreto supervisado por Fiscalía de Estado. Desde ese momento deberán correr cinco días hábiles -según lo establecido por la ley 11.220- hasta que se concrete la transferencia. En ese escenario, el próximo martes comenzará a funcionar ASSA.

Al respecto, el titular del organismo de contralor reiteró que hasta "que se efectivice el traspaso Aguas Provinciales de Santa Fe sigue teniendo la responsabilidad de brindar el servicio de agua potable y cloacas, cobrar las facturas y atender los reclamos de los consumidores". Como las oficinas comerciales de APSF también estarán hoy cerradas, desde el Enress se aclaró que los pagos pueden hacerse en los bancos y lugares habilitados y que los reclamos pueden efectuarse vía telefónica ante el propio Ente regulador, que luego los elevará a Assa e incluso ante Aguas, que dejó de atender de manera personalizada, pero realiza reparaciones técnicas.