La Cámara Nacional de Casación Penal excarceló a otros dos militares imputados en la megacusa que investiga un centenar de crímenes de lesa humanidad en Santa Fe: el general Carlos Alberto Settel y el suboficial Mario Carmelo Ferger, ambos procesados por la desaparición y el homicidio de dos soldados conscriptos: Edgardo Ferreyra y Roberto Daniel Suárez, en 1977. "Estamos ante una serie de fallos vergonzosos de un tribunal que está dejando a todos los genocidas en la calle", advirtió la abogada de Hijos, Lucila Puyol. Ya el 23 de marzo, a poco de cumplirse 34 años del golpe de 1976, la Cámara de Casación había excarcelado al teniente coronel Domingo Morales, el único militar imputado en la causa acumulada que no tenía prisión domiciliaria y estaba preso en la cárcel de Las Flores, acusado por 16 homicidios, asociación ilícita y la supresión de identidad de la niña Paula Cortassa (María Carolina Guallane), también en 1977. Pero hay más: el próximo que recurrirá a la alzada para lograr su excarcelación es el teniente coronel Jorge Roberto Diab, procesado por 46 homicidios, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y tormentos agravados.

Los recursos de excarcelación de Settel y Ferger cumplieron el mismo derrotero que el de Morales: fueron rechazados por el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez y la Cámara Federal de Rosario, pero aceptados por la Cámara de Casación Penal. El cuarto será el de Diab. "Lamentablemente, con este criterio se va a cumplir lo que decíamos hace una semana: todos los genocidas van a quedar procesados por delitos gravísimos de lesa humanidad, pero sueltos y en la calle. Y van a llegar al juicio oral en libertad", dijo la doctora Puyol.

De los catorce involucrados en la megacausa, tres ya fallecieron: los coroneles Juan Orlando Rolón, Adolfo Ernesto Alvarez y Domingo Manuel Marcellini. Tres lograron la excarcelación en la Cámara de Casación: Morales, Settel y Ferger. Dos ni siquiera están procesados: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón y el ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti. Cuatro gozan de la prisión domiciliaria: el coronel José María González, el teniente coronel Diab y los ex comisarios Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romero Colombini (a pesar de que estos últimos fueron condenados a 22 y 23 años de prisión, respectivamente). Uno fue excarcelado el año pasado por la Cámara Federal de Rosario por razones de salud: el teniente coronel Roberto Pedro Arrieta. Y uno obtuvo una falta de mérito: el comisario Mario Facino, que también cumple en su casa la condena a 20 años de prisión que recibió en la causa Brusa.

La abogada de Hijos criticó los fallos de la Cámara de Casación no sólo porque "deja sueltos a los genocidas" sino porque "también abre las puertas para que otros homicidas y acusados por delitos comunes continúen el proceso en libertad". "Estamos ante un criterio desatinado e irresponsable. Es un horror, una vergüenza", dijo Puyol en un diálogo con Rosario/12.

La excarcelación de Morales ya había sido apelada por el fiscal de casación Ricardo Weschler, que tiene a su cargo las causas de Rosario y Santa Fe. "Esperamos que ahora haga los mismo en los casos de Settel y Ferger. Y que recurra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revoque esta locura", agregó Puyol.

"No tenemos que olvidar que la mayoría de estos represores están imputados por asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. Entonces, si hace 30 años se organizaron para obstruir la ley y el derecho y reunirse en una asociación ilícita para armar un plan sistemático de persecución y exterminio y cometer genocidio, hoy perfectamente se pueden organizar para evadir la justicia, obstaculizar los procesos y hasta fugarse. ¿La Cámara de Casación Penal va a garantizar que estas personas no se fuguen o no obstruyan la justicia? ¿Qué cosa se modificó en este tiempo para decir que hoy los represores son honorables personas?", se preguntó la doctora Puyol.