Más de 150 empleados del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) advirtieron que peligra el operativo del censo poblacional programado para octubre próximo. Aseguraron que el riesgo está relacionado con el "desorden organizacional" que presenta la entidad y exigieron al gobierno provincial que "responda" al pedido de estructuración. "Si bien a nivel nacional somos reconocidos por nuestros trabajos; en la provincia no obtenemos la compensación por ello", aseguró Teresita Sarasino, delegada de los trabajadores. Además, indicó que el reclamo que ahora se hace a la gestión de Hermes Binner "data de décadas". La delegada gremial advirtió también que "corre serio riesgo" la correcta recolección de información para elaborar el Indice de Precios al Consumidor, debido a la "falta de infraestructura".

Al mismo tiempo, Sarasino denunció públicamente que las autoridades de la administración provincial amenazaron, hace 15 días, con encargarles los trabajos a su cargo a personal contratado de consultoras privadas. "No entendemos por qué se pueden hacer gastos en contratar personal para algunos trabajos y no se hace la reestructuración que estamos pidiendo hace tanto tiempo. Es un planteo incoherente de la provincia", apuntó la delegada. "Hay que hacer cálculos, para que se den cuanta que no estamos pidiendo nada imposible; no pedimos categoría 24 para todos, sino el reconocimiento que nos corresponde. Pero, hay una posición asumida por el gobierno, y no sabemos a qué atribuirla", indicó.

El reclamo de adecuación de la estructura del IPEC no nació con la administración de Hermes Binner. "Se lo pedimos a cada gobierno nuevo que llega a la provincia; porque el Ipec necesita organización en su estructura. Hay gente que se jubiló con la misma categoría que ingresó. No hay ordenamiento y nadie sabe cuáles son las tareas que le corresponden, sea cual sea el nivel de responsabilidad que requieran. No somos reconocidos por nuestro trabajo", protestó. Por su parte, el titular del organismo, Jorge Moore, dijo a este diario que "por el momento" prefiere "no opinar", aunque reconoció que es su responsabilidad. "Mi opinión no ayudaría ahora. Prefiero analizar el problema y después hablar", sostuvo.

Según manifestó Sarasino, los trabajadores nucleados en ATE y UPCN se encuentran en estado de alerta permanente y asamblea, hace varias semanas, y aseguran que para realizar correctamente los trabajos del censo de octubre próximo están "esperando una respuesta a su reclamo de parte de la provincia". Si bien los censistas son maestros, el IPEC aporta la estructura organizativa. La delegada aclaró que la ocasión es propicia para "darle un empuje a este pedido de estructura para el organismo. La solicitud a este gobierno se realizó en 2008, pero fue un reclamo sin respuesta".

La falta de estructura que reclaman los empleados del Ipec "genera inconvenientes en cuanto a la comunicación sobre los trabajos. Cuando uno no tiene claridad de cuál es su superior inmediato, no sabe a quién responder", dijo. En tanto, agregó que "los trabajos no se canalizan, como debería ser, a través de una jerarquía, sino que pasan directamente de los directores a los empleados intermedios. Cada uno hace cualquier cosa, incluso lo que no le corresponde", señaló. En el mismo sentido, Sarasino indicó que "hay necesidad de cubrir otras funciones, porque hay gente que cubre mayores responsabilidades, pero no se los reconoce económicamente".

Desde 2005, luego de un "ingreso de personal importante a la planta permanente" del Ipec, el organismo cuenta con unos 150 empleados, entre las delegaciones de Santa Fe y Rosario, además del personal contratado para operativos especiales. "Todos ingresaron con la categoría que les correspondía en ese entonces y no se recategorizó a nadie, aunque ahora desarrollen funciones de mayor responsabilidad". El básico en las categorías de los trabajadores ronda los 1500 pesos, según indicó la delegada.