Los represores Rubén "el Ciego" Lofiego, Mario "el Cura" Marcote y Ramón Rito Vergara fueron liberados el viernes por la justicia federal, y abandonaron la Alcaidía Mayor de la Jefatura de policía tras el pago de una fianza: 25 mil pesos en el caso de Lofiego, y 55 mil pesos en los otros dos casos. Los tres acusados de delitos de lesa humanidad llegarán en libertad al juicio por la llamada causa Díaz Bessone (ex Feced) previsto para el 21 de julio. Los querellantes denunciaron no haber sido notificados del trámite procesal. "Es una vergüenza habernos enterados por los medios de prensa", apuntó Héctor "Chinche" Medina, de Familiares.

El 31 de mayo de 2009 Rosario/12 publicaba que "la Cámara de Casación Penal ordenó la libertad de José Rubén Lofiego, uno de los más emblemáticos represores rosarinos, por haber pasado más de cuatro años detenido sin sentencia. Además, le fijó una fianza de 100 mil pesos, más tres fiadores cada uno de los cuales debe acreditar ese monto". Según explicó la abogada Gabriela Durruty el pedido de libertad había sido elevado a la Cámara de Casación luego de que fuera denegado por el Tribunal Federal Nº 2. (ver aparte).

Esta medida, agregó Durruty, "no sólo supone que Lofiego, Marcote y Vergara estarán en libertad al momento de ser juzgados. Podrán llegar al Tribunal caminando", sino que además "van a permanecer en libertad durante el juicio pero seguirán así hasta que no quede firma la condena por la Corte Suprema de Justicia".

Lofiego tendrá que responder por los cargos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 17 oportunidades, asimismo por privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por la duración de más de un mes con tormentos en cuarenta y cuatro oportunidades, y privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia, amenazas y homicidio calificado en tres oportunidades.

Marcote será juzgado como autor de tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias, amenazas y por la duración de más de un mes en concurso real con veinticinco hechos de tormentos. Además, de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con tormentos en veintiséis oportunidades por el delito de asociación ilícita calificada.

Vergara se encuentra procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 14 oportunidades con asociación ilícita calificada.

Organismos de derechos humanos y abogados de los familiares de desaparecidos calificaron como "muy grave" la decisión de la Cámara de Casación de Capital Federal. Y solicitaron a la Corte Suprema que busque una solución al tema que sirva para todos los casos similares que puedan aparecer.

Para Marta Bertolino -por la parte querellante-, la libertad bajo fianza de estos represores muestran que "en el poder Judicial hay bolsones de impunidad". Laura Ferrer, testigo de la causa Feced, se preguntó "cómo es posible que si van a recibir condenas a prisión perpetua, se les permita esperar el juicio en libertad". Elida Luna de Familiares se quejó también por haberse enterado "por las radios locales de la noticia. Y nos preocupa porque son acusados de delitos aberrantes".

La abogada de Familiares de Desaparecidos, Leticia Faccendini explicó que "la Cámara de Casación consideró que se encontraban vencidos los plazos de la prisión preventiva" y ordenó liberar a los ex policías aplicando una medida "simétricamente para un delito de lesa humanidad que para uno común".

Militantes y sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones

sostuvieron ayer en rueda de prensa que la situación de gravedad es doble: por un lado, porque hay riesgos de que los ex policías liberados se fuguen; pero también temen por los testigos que deberán declarar en el proceso que comenzará el próximo 21 de julio.

Los concejales del Frente para la Victoria, Arturo Gandolla y Norma López remarcaron que "si bien la orden del Tribunal tuvo que ser acatada, la provincia debió garantizar la protección de los testigos, que desde el viernes hasta el lunes, estuvieron expuestos a encontrarse en las calles con sus denunciados, a ser objeto de intimidaciones por parte de esos represores. Esto es otra muestra de ineficiencia absoluta en la seguridad pública santafesina".

Medina y Lilian Echegoy entendieron que debe rediscutirse el Programa Provincial de Protección de Testigos "porque es increíble que nos tengamos que enterar por los medios de la liberación".