Desde Santa Fe

El operativo oficialista contra el procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Bassó, llegó esta semana al extremo de chicanearlo con el juicio político porque cuestionó la constitucionalidad de la reforma penal en la provincia. Un diputado del Frente Progresista, Luis Mauri, lo acusó de haberse atrincherado en un supuesto "parapeto de mala fe" para impugnar las leyes que lo desplazan como jefe de los fiscales y los defensores oficiales y lo convierten en una figura decorativa del Poder Judicial. Mientras que otro de sus colegas, Pablo Javkin, le atribuyó una presunta "interpretación retrasada y cavernícola de la Constitución Provincial". Según Javkin, el planteo de Bassó es tan "grosero" e "infundado" que "le da contenido y sentido al pedido de juicio político" porque defiende "un sistema inconstitucional y arcaico, en el cual alguien puede definir al mismo tiempo cómo se acusa y cómo se defiende". La ofensiva política contra Bassó comenzó hace dos semanas cuando el gobernador Hermes Binner y su ministro de Justicia, Héctor Superti, se anoticiaron por los medios que el procurador había impugnado las leyes del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, entre otras, porque "contradicen el diseño constitucional del Poder Judicial".

El nuevo modelo propone como jefe del Ministerio Público a un fiscal general designado por concurso por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura por seis años y sin posibilidades de un segundo período. Y convierte en jefe del Servicio de la Defensa a un defensor general, nombrado de la misma manera. Los dos órganos tendrían "autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera, dentro del Poder Judicial".

Todas estas cosas son las que cuestiona Bassó porque a su criterio ambas leyes "constituyen una lesión concreta al Poder Judicial" y "se oponen francamente a las disposiciones constitucionales de la provincia".

La Constitución de Santa Fe es clara sobre facultades y atribuciones de la Corte. "Del texto surge claramente un Poder Judicial autónomo, gobernado en términos totales por la Corte Suprema, con un Ministerio Público que lo integra y cuya cabeza o estrato superior es el procurador de la Corte, que tiene su propio presupuesto y que sólo reconoce la interferencia de los otros poderes en los límites vinculados a la designación y remoción de los jueces", afirmó el procurador en su dictamen, que fue publicado por el diario electrónico Notife.com.

Por lo tanto, cuestionó que el fiscal general y el defensor provincial puedan ser designados sólo por seis años, a contrapelo de la inmovilidad constitucional. Esa norma "explicó "de ningún modo cumple con la garantía de estabilidad previsto en el artículo 88 de la Constitución Provincial que indica la inamovilidad mientras dure la idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de funciones". Una cláusula que "habla no sólo de los magistrados sino de los funcionarios del Ministerio Público", o sea tanto fiscales como a defensores.

Las leyes "implican vaciar de funciones a la Procuración de la Corte" y "estatuyen un subsistema o tienen la pretensión evidente de crear un Ministerio Público autónomo, fuera del Poder Judicial, extraño a la voluntad del constituyente y a la expresa letra de la Carta Magna", afirmó.

"La reforma que se pretende instaurar requeriría de un Ministerio Público con cierta autonomía, donde la persecución esté separada de la Defensa, y estas , a su vez de la Jurisdicción "admite Bassó . Todo eso se puede compartir, pero mientras la Constitución no lo permita, la ley ordinaria no puede hacerlo", advirtió. Lo que significa que para avanzar en el nuevo modelo, antes la provincia debería reformar la Constitución.

Rosario/12 ya informó que la Corte se tomará su tiempo para resolver el recurso de Bassó. Las opiniones están divididas: dos ministros ya decidieron firmar un proyecto de fallo que rechaza el planteo del procurador. Otros dos estarían dispuestos a defender la autonomía del Poder Judicial. Y los dos restantes han planteado algunas dudas mientras semblantean el conflicto. "Hasta ahora, hay un empate técnico", dijo una fuente de la Corte consultada por este diario. Los dos ministros que promueven el rechazo del recurso son Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi, a quienes algunos de sus pares consideran el "bloque oficialista" que, para imponerse, deberían sumar los dos votos indecisos, algo que parece poco probable. La otra hipótesis es que puedan convencer a un tercer ministro, con lo cual habría un empate en tres y debería desempatar el presidente de la Corte que tiene doble voto.

En el pataleo legislativo del jueves, los diputados Mauri y Javkin se turnaron para atacar a Bassó. "Las leyes de la reforma son legales, legítimas y constitucionales. Legales, porque fueron sancionadas de acuerdo al mecanismo institucional que establece la Constitución. Legítimas, porque son la expresión de todos los sectores políticos con representación en la Legislatura. Y constitucionales, porque no violan ninguna garantía de la Constitución", dijo Mauri.

"Este tema tiene una enorme gravedad institucional porque hay plazos que cumplir", dijo Javkin. "Y hay otro hecho grave que no puede quedar oculto, que es el no pronunciamiento de la Corte. Se lee en los diarios que ya hay votos manifestados en un sentido, se habla de hasta tres, se habla de la posibilidad del doble voto (del presidente de la Corte) en caso de un empate. Fíjense -le dijo a sus pares la gravedad de este asunto, donde nosotros los legisladores estamos leyendo una suerte de evolución de la votación interna", concluyó Javkin.