El Tribunal de Cuentas observó la adjudicación directa de la autopista Santa Fe Rosario a una sociedad anónima que formalizaron las empresas Supercemento y Edeca SA. La observación legal 039/10 ingresó ayer a las dos alas de la Legislatura. El Senado aprobó sobre tablas una resolución que encomienda a la vicegobernadora Griselda Tessio la "urgente" convocatoria de la comisión bicameral de Control y Revisora de Cuentas, que debería tratar el caso de la autopista. Mientras que en la Cámara de Diputados, la mayoría oficial rechazó el tratamiento sobre tablas de otra iniciativa impulsada por el PJ para que la provincia se haga cargo del corredor. Legisladores del justicialismo presentarán en tibunales una denuncia para que la justicia investigue el contrato que firmó el ministro Ciancio con las dos constructoras que integran el Consorcio Vial SA.

El Tribunal de Cuentas observó el decreto 1034 del 28 de junio último, cuando Binner aprobó el contrato que firmó el ministro Antonio Ciancio y otorgó la explotación de la autopista a Supercemento y Edeca. La adjudicación fue observada por todas las áreas internas del Tribunal, entre ellas la Fiscalía General y la Fiscalía Jurídica y luego aprobada por unanimidad en el plenario de vocales que integran la presidenta del cuerpo, Nora Vallejos y sus colegas Horacio Alessandría, Mario Esquivel, Graciela Vecchioli y María del Carmen Crescimanno, quien fue designada a principios de año por el propio gobernador Binner después de ganar el cargo por concurso.

"La concesión de una determinada obra pública y a título oneroso mediante el cobro de peaje, siempre debe transitar dentro de las normas técnicas comunes aplicables al régimen de contrataciones o de la propia ley de obras públicas", dice el dictamen del Tribunal al que tuvo acceso Rosario/12. Y agregó: "Ya es cuestionable la urgencia invocada para no realizar una licitación pública, pero no se encuentran razones para haberse obviado también el concurso de precios. Lo que permite sostener que la gestión violó el régimen jurídico aplicable que exigía al funcionario sujetarse a pautas concretas predeterminadas, de publicidad, concurrencia e igualdad", agregó.

"En definitiva, el trámite debidamente conformado, debió ser elevado para la autorización o posterior aprobación de la Legislatura, como alternativa válida para campear la situación planteada" en la autopista.

Según el Tribunal de Cuentas, "todo el trámite" que operó el ministro Ciancio "denota desapego al debido procedimiento administrativo. Tal irregularidad es constitutiva de un vicio", dijo.

Y ofreció como prueba varios hechos:

* El 28 de junio, cuando Binner firmó el decreto de adjudicación de la autopista "el expediente contaba con 17 fojas útiles y, con posterioridad, se agregaron las restantes hasta completar 252".

* "Las actuaciones no reflejan un ordenamiento del trámite".

* El ministro Ciancio firmó el contrato de concesión el 25 de junio. Y Binner lo ratificó por decreto el 28 de junio. Pero las empresas ya sabían que se harían cargo de la autopista dos y tres días antes de firmar el contrato. Y así surge de las actas de los directorios de Edeca (del 23 de junio) y de Supercemento (22 de junio). Sin embargo, en el expediente "no constan actuaciones de estamentos técnicos que evidencian en fecha anterior a las actas citadas la voluntad de la Administración de contratar con las empresas que finalmente resultaron adjudicadas", reprochó el Tribunal.

"Queda evidenciado que la Administración contó con plazo suficiente para propiciar en tiempo y forma un proceso licitatorio, pero recién un mes antes de expirar la concesión (con Aufe SA) se inició el llamado a licitación". Por lo tanto, "un accionar moroso de la Administración no se transforma en una circunstancia imprevisible que justifique alegar urgencia y postular así la contratación directa" y "sin siquiera intentar por lo menos la alternativa del concurso de precios", apuntó.

Ayer, el diputado Luis Rubeo adelantó que en las próximas horas todos los jefes de bloques de la oposición llevarán ante el fiscal en turno el dictamen del Tribunal de Cuentas y una copia del expediente que tramitó la adjudicación directa de la autopista. "Será la justicia la que determine si hubo negligencia u otra cosa", dijo el legislador.