Los senadores justicialistas tienen en sus manos la decisión para que la provincia de Santa Fe cuente con una ley de acceso a la información pública que permita conocer aquélla que se genera en los tres poderes del Estado. Desde hace años, ese bloque pone todos los escollos posibles y restrictivos para que los distintos proyectos presentados no se conviertan en ley. Ahora no quiere que se conozca cómo se distribuyen los dineros 20.000 pesos mensuales por cada legislador en la Cámara Alta , destinados a subsidios. Ésa y no otra fue la causa fundamental para que desde casi 8 períodos de sesiones no se aprobara una ley que los demás integrantes de la Legislatura quieren sin limitaciones. En este 2010, el titular del bloque, Ricardo Spinozzi, se comprometió a ser un "militante" por una norma que consagre ese derecho ciudadano y que se adecue a los estándares internacionales en la materia. Con una media sanción limitativa que desvirtúa el proyecto original del senador por el departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza, el texto modificado está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Inés Bertero (PS), quien preside ese espacio, dijo a Rosario/12 que se trabajará para quitar la limitación y que confía en que no habrá desacuerdos entre los distintos bloques. Por su parte, el legislador radical Hugo Marcucci volvió a presentar su proyecto, acumulable al de Zabalza, para que la ley pueda ser una realidad en este período de sesiones ordinarias. Spinozzi y sus hombres tendrán la última palabra: o legislan a favor de la democracia, o lo hacen para mantener la cultura del secreto y del oscurantismo.

La media sanción de Senadores está ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la socialista Inés Bertero. El texto original presentado por el senador Zabalza receptó los proyectos de los diputados Hugo Marcucci (UCR) y Gabriel Real (PDP), pero el espíritu amplio del texto original en favor de la democracia informativa y del principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno, quedó trastocado cuando entre las medidas de excepción se incluyó la que expresa que los legisladores no tendrán que informar sobre la forma en que entregan las partidas destinadas a subsidios. Justamente este objetivo es el que se quiso mantener a lo largo de casi ocho años, un dato que conocen todos los que caminan los pasillos de la Legislatura provincial o quienes se reunieron con los senadores justicialistas en busca de que retiren las distintas fórmulas que ensayaron para introducir cláusulas restrictivas.

Esa media sanción contiene en el artículo Nº 10, correspondiente a las excepciones, una enumeración correcta pero también se incluye "la información de los aportes económicos otorgados a personas físicas, excepto consentimiento expreso de los beneficiarios". Las dos líneas que incorporó el bloque de senadores justicialistas son, en definitiva, una forma de condicionamiento del propio derecho que se pretende consagrar y que desde todas las miradas que coincidan con el objetivo de llegar a una concepción más avanzada de los derechos ciudadanos resulta difícil, cuando no imposible de aceptar.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales esa media sanción comenzó a ser analizada por las personas que integran el espacio con la presidencia de Inés Bertero. Desde el Frente Progresista participan Raúl Lamberto, Alicia Gutiérrez, Santiago Mascheroni, Gabriel Real, Hugo Marcucci y los legisladores del Frente para la Victoria Adrián Simil, Rosario Cristiani, Jorge Lagna, Norberto Nicotra y Enrique Marín.

Bertero dijo a Rosario/12: "Seguimos en mora constitucional para hacer operativo un derecho tan importante como el que nos ocupa. Muchos proyectos perdieron estado parlamentario, algunos tuvieron media sanción y luego no prosperó la aprobación definitiva, sobre todo porque en el Senado se le introdujeron cláusulas restrictivas como aquélla de tener que demostrar interés legítimo para acceder a la información que poseen los tres poderes del Estado". Bertero señaló además que la postura restrictiva fue siempre una iniciativa del bloque de Senadores del Justicialismo con lo que queda expuesta, desde hace muchos años, una cultura que sigue cultivando el secreto y el oscurantismo.

La idea en Constitucionales es tratar el proyecto, quitarle las expresiones que significan un contrasentido con el espíritu de la ley y llevarla al recinto para que se tenga, una vez más, una media sanción de la Cámara Baja. La diputada socialista confía en que no habrá problemas en la Comisión que preside ni en el universo de sus pares para aprobar un texto sin ningún tipo de restricciones. Por otra parte, éste es el sentido común que estuvo en las sucesivas composiciones de la Legislatura y desde que Carlos Favario (PDP) presentara aquel proyecto de derecho a la vista, en 2002, que con media sanción en Diputados, tuvo como respuesta un ciclo limitativo iniciado groseramente por el ex senador Raúl Gramajo Benavídez, quien se transformó en el adalid de la defensa del "interés legítimo" que debía demostrar quien pidiese información.

El senador Gramajo se fue, pero quedan algunos de sus compañeros de ruta. El actual jefe de la bancada, el hombre del sur santafesino Ricardo Spinozzi, se comprometió recientemente ante los dos gremios que en la provincia reúnen a los trabajadores de prensa, en que será un "militante" activo por la causa de una ley sin restricciones. Resta saber si cuando Diputados otorgue otra vez media sanción a un proyecto que como se espera saldrá por consenso, sus compañeros de bancada le responderán en el sentido de la palabra dada ante el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe. La resistencia ya suena antigua, desprestigiada, pasada del cuarto de hora, porque no se puede explicar lo inexplicable, que los tres poderes deban rendir cuentas y dar la información que le pidan los ciudadanos, mientras que los legisladores permanezcan con la posibilidad de tener un coto cerrado del que nadie se entere. Y aunque en estos años se pusieron escollos varios, el de los subsidios fue el punto real que frenó los avances en la ley.

Si el proyecto pasa de nuevo al Senado, con las correcciones lógicas, pueden presentarse dos escenarios: que se convierta en ley un texto amplio, sin reparos, que es el que necesitan todos los sanfesinos, o que el bloque justicialista insista en su postura en una primera revisión. Si es así se llegará al punto en que Diputados decidirá no tratarla para que no se consagre una ley con restricciones y se volverá a fojas cero.

El diputado radical Hugo Marcucci presentó nuevamente y por cuarta vez su proyecto que se acumuló al de Zabalza y al también nuevo de Gabriel Real. Marcucci -uno de las personas que más trabajo en el tema como lo hizo Real, los justicialistas Danilo Kilibarda, Edmundo Barrera y otros-, vuelve a explicar que el derecho ciudadano a conocer la información que se genera en los tres poderes del Estado "tiene que ser amplio y sin restricciones" y recuerda que Diputados recogió siempre ese espíritu.

Ahora y por las declaraciones de Spinozzi también tiene expectativas en que se pueda contar con una ley acorde a los estándares internacionales -tal como lo expresa la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , pero también adelanta su posición: "Si no fuera así, no me voy a prestar a dar curso a la limitación por el mero juego del ir y venir de una Cámara a la otra". Y también entiende que se está en un momento distinto, en un "cambio de ambiente", porque ya existe el decreto en la materia del Poder Ejecutivo provincial, y también se cuenta con similar herramienta en el ámbito del Ejecutivo nacional. "Y esa voluntad política no se puede ignorar, hace que los legisladores también tengan que cambiar y adecuarse, cumplir con sus responsabilidades en el nuevo momento", concluyó.