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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, suscribió un acta compromiso con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para cooperar en la puesta en marcha del programa de Registro de Ex Presos Políticos, creado en el ámbito provincial por decreto del gobernador Hermes Binner el mes pasado.

La secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, y el coordinador nacional del Programa Registro de ex Presos Políticos, Hugo Roberto Regalado, firmaron el acuerdo el martes en Santa Fe y ayer en Rosario. También participaron el director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos, Jorge Pedraza; representantes de asociaciones de ex presos políticos, organismos de derechos humanos, sindicatos y demás actores vinculados a la temática.

El objetivo del acuerdo entre ambas Secretarías es brindarse mutua cooperación para el relevamiento de los ex presos políticos que hayan habitado en la provincia de Santa Fe en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1983.

El censo permitirá conocer la situación que atraviesan, tanto desde el punto de vista económico, familiar o de salud física o psíquica, vivienda, obra social y trabajo. Durante el encuentro varios miembros de la Asamblea de ex presos políticos como Héctor Medina, Raúl Terrazzino y Luis Alberto Ruíz Díaz plantearon serias objeciones al decreto de Binner, en el que sólo se ordena recabar datos pero no se habla nunca de "reparación económica", como sí lo hace el decreto firmado por el misnitro de Justicia de la Nación Julio Alak.

Tanto Regalado como Acosta intentaron llevar tranquilidad asegurando que ese decreto "compromete al gobierno provincial, y que finalmente será la Legislatura santafesina la responsable de votar un sistema de pensiones similares al de la provincia de Buenos Aires".

Sin embargo, los ex presos retrucaron que el proyecto de pensión para ex presos durante la última dictadura que presentara el diputado provincial Marcelo Brignone, está frenado en la comisión de Derechos y Garantías que preside Mónica Peralta desde hace seis meses.