Un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos reconoció por primera vez graves violaciones a los derechos humanos en la localidad de Helvecia, en la costa santafesina, donde un grupo de la Policía de la provincia bajo el control operacional del Ejército copó la comisaría local en mayo de 1977, arrestó una decena de vecinos y los sometió a torturas, vejaciones y trato degradante. "Después de una investigación que nos llevó más de un año estamos en condiciones de probar las denuncias", dijo el doctor Humberto Galarza, que firma el escrito. Se agrega que en este caso, hubo cuestiones económicas detrás de la represión ya que "arrestaron a personas que tenían negocios, y directamente los dejaron en la ruina".

"En mayo de 1977 -recuerda el dictamen- una comisión policial de la ciudad de Santa Fe tomó la Jefatura de la Policía de Helvecia y arrestó a los vecinos Luis Alberto Ruoppulo, Nicolás Jacinto Riviera, Rubén Charles, Antonio Bonazza, José María Bassi, José Reynaldo Martínez y Maximiliano Aquino, entre otros", a quienes "sometió a torturas, vejaciones y trato degradante". La comisión estaba encabezada por los oficiales Nicolás Pidhirnyj y Abdala, agregó.

La Secretaría manifestó su voluntad de que "se afecte el personal necesario para el asesoramiento y acompañamiento de los denunciantes cuando así lo consideren necesario y/o sean citados por la justicia, como así también al requerimiento de asistencia policial si fuese prioritario".

"Después de una investigación que nos llevó más un año estamos en condiciones de afirmar que se violaron los derechos humanos en Helvecia", dijo Galarza en un diálogo con la emisora LT10. Y reveló que el operativo represivo tuvo un trasfondo: "Había cuestiones comerciales, esta es la otra cara de la dictadura. Reprimieron a un montón de personas que quedaron en la ruina en el sentido económico y los que reprimieron con las fuerzas policiales en su momento se quedaron con el negocio de esas personas. Los damnificados se dedicaban a la venta del cuero, esa era su forma de vida, era su único trabajo".

"Lo que primero nos llamó la atención es que hubo una causa judicial que terminó cerrada dos o tres meses después (del copamiento a la comisaría de Helvecia, en mayo de 1977) y se dictó el sobreseimiento a la mayoría de los implicados por evadir impuestos nacionales y provinciales. Nos llamaba la atención que haya sido por esa sola causa, teniendo en cuenta el momento que vivía por esos años el país", explicó Galarza.

-¿La comisión que llegó a Helvecia inventó una causa, detuvo y torturó a esas personas y luego se quedó con el negocio?

-Sí, esa es la conclusión que sacamos luego de más de un año de investigación y con más de 40 entrevistas que hicimos en la zona.

-La mayoría de los entrevistados coincide en destacar la figura de quien era por ese entonces el interventor comunal como partícipe en todo esto.

-Al menos partícipe por omisión, ya que estando al tanto de esa situación no hizo nada. No llevó adelante ninguna gestión.

-Hay una deuda y una causa que tiene el Estado con mucha gente que estaba en relación de dependencia con el Estado durante el proceso, y ellos fueron dejados de lado, ¿Cuál es la postura de la Secretaría?

-Más allá de la forma por el cual esas personas quedaron cesantes a partir de 1976, que fueron delitos de lesa humanidad, entendemos que es un delito imprescriptible, por lo tanto no vence. En ese sentido entendemos que el gobierno tendría que considerarlos y ser vueltos a la administración pública, como ocurrió ya en la Municipalidad de Santa Fe.