El gobierno santafesino reclama a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que active el financiamiento disponible en el Banco Mundial para crear en la provincia rellenos sanitarios que permitan mejorar la disposición de residuos urbanos y erradicar los basurales a cielo abierto, como la ley 13055 obliga desde 2009, con plazos que "le caerán en la cabeza a intendentes y presidentes comunales como una guillotina", según comparó el subsecretario de Gestión Ambiental de Santa Fe, Carlos Martín. "El tiempo pasa y los fondos, aunque están disponibles, no aparecen. Mientras tanto, generamos 3.000 toneladas de residuos por día, de las cuales unas 2.500 toneladas van a parar a los basurales", alertó el funcionario, quien expresó preocupación por la falta de conciencia que advierte. "En Barcelona hay ceniceros en las calles. Aquí hasta ahora hicimos la del avestruz, escondiendo la cabeza para no ver el problema", comparó.

La fuente de financiamiento aludida es una línea de crédito que el Banco Mundial le abrió a Argentina en 2005. Se llama Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), y apunta a mejorar el tratamiento que los estados locales le dan a todo lo que sus poblaciones desechan. Hasta ahora, esos fondos fueron aplicados a proyectos desarrollados en Mar del Plata, en Chaco. Santa Fe espera. Según calculan, el monto necesario ascendería a unos 30 millones de dólares.

Hace tres años, la Subsecretaría de Gestión Ambiental santafesina presentó ante la cartera nacional que conduce Juan José Mussi el proyecto para generar rellenos sanitarios, plantas de separación de residuos y estaciones de transferencia en un circuito en el que las 363 comunas y municipios resuelvan el destino de su basura de manera sostenible. Al año siguiente, en diciembre de 2009, la Legislatura sancionó la ley 13.055, llamada "Basura Cero", que orienta el rumbo de las políticas de saneamiento hacia una matriz sustentable, empezando por la erradicación de basurales a cielo abierto.

Desde entonces, la ley activó la cuenta regresiva. De acuerdo con ella, las ciudades con más de 35.000 habitantes tendrán que haber eliminado los basurales a partir del 1° de enero próximo. Las poblaciones por debajo de esa dimensión tienen un año más de plazo. Asimismo, se impone como meta que en el 2016 cada urbe haya logrado reducir en un 15% el peso de los residuos sólidos que vuelca a sus rellenos sanitarios; y que a partir de 2018 disminuya un 12% más en forma bianual. La intención de la ley es promover el reciclado de la mayor cantidad posible de residuos.

El montaje del conjunto de rellenos sanitarios y plantas de separación en toda la provincia implica una inversión estimada de 30 millones de dólares. La propuesta tiene el OK de la Secretaría de Ambiente nacional, pero falta que formalice su aprobación para arrancar con el trabajo de consultoría que determine la cantidad de rellenos sanitarios que hacen falta, características, y en qué lugar deben instalarse. "Tenemos listos los pliegos para el llamado a licitación de consultoría, pero todo va muy lento. Ojalá el crédito se destrabe el año que viene. A muchos intendentes y presidentes comunales, los plazos de la ley les caerán como una guillotina sobre la cabeza", avizoró Claudio Martin. El funcionario provincial reveló que mientras esperan novedades sobre los recursos, encararon tareas con algunos municipios como firmat, Cañada rosquín, Carlos Pellegrini, Teodelina y San Jorge para tapar los vertederos históricos de basura.

"La idea es acomodar y apisonar la basura. La comuna se hace cargo del combustible de la máquina. Se tapa la basura con tierra. Ni soñar con sacarla. Por lo menos, se procura evitar la propagación de vectores, de olores. Pero no es la solución defintiva. En toda la provincia debe haber hoy unas 340 cavas donde se arroja basura de manera institucionalizada. Existe una seria dificultad en que la sociedad entienda lo que significa este problema", diferenció Martin.

Salvo en Rosario, Santa Fe, o Rafaela, por citar algunas ciudades en las que su propia dimensión obligó a tomar recaudos serios, en el resto el problema de qué hacer con la basura sigue librado a la costumbre histórica: llevarla lejos, adonde se vea lo menos posible. Y así y todo, los recaudos no siempre alcanzan. El mes pasado, la Justicia ordenó a la Municipalidad de Rosario a indemnizar a vecinos de Puente Gallego por los padecimientos causados por las emanaciones de los tres rellenos sanitarios que rodean ese barrio.

El proyecto y el financiamiento del Girsu servirían para el comienzo. Luego, el problema será mantener esa infraestructura. Para ello, Martín considera necesario empezar a pensar en el tratamiento de los residuos como un servicio público autofinanciado. "Nadie cuestiona ya el pago del servicio de agua corriente, de cloacas, de recolección de residuos. Pero la tasa municipal hoy no contempla el costo de tratar los residuos, de mantener la maquinaria, y esos costos existen. San Jorge y Rafaela ya lo aplican. No puede ser que paguemos 150 pesos de telefonía celular, y no 5 pesos para la gestión de nuestros residuos. ¿O de quién creemos que es esa basura que vemos ardiendo en un basural al costado de la ruta?", indicó el funcionario.