En la Cámara de Diputados recobró vida el proyecto del gobierno para derogar las leyes que establecieron la autogestión hospitalaria y el Servicio de Atención Médica de la Comunidad (Samco). La iniciativa, enviada por el Ejecutivo a fines de 2009, sorteó --con algunos cambios-- las sucesivas comisiones de Salud y Presupuesto, tropezó la semana pasada en la de Asuntos Constitucionales, pero el oficialismo confía en sacarla adelante este jueves. Entonces, el proyecto llegaría sobre tablas en las próximas sesiones, donde el Frente Progresista podría darle media sanción si logra quórum e impone su mayoría. En clave política, el gobierno de Hermes Binner anhela conseguir esa ley antes de cederle el turno a Antonio Bonfatti.

El proyecto tiene la caligrafía del ministro de Salud, Miguel Angel Cappiello, y persigue la derogación de las leyes 10.608 --que estableció la potestad de los hospitales de autogestionarse a través de sus consejos directivos-- y la 6.312, que moldeó organizaciones similares en los efectores de salud de pequeñas localidades con los Samco (Servicio de Atención Médica de la Comunidad). El gobierno binnerista ha marcado con rojo ese status quo desde sus comienzos. Cappiello aduce desde entonces que esas leyes propician una gestión no transparente en la compra de insumos hospitalarios y que la facultad de designar personal a discreción se convierte en una caja de favores para rédito electoral de la política de pago chico.

Luego de casi dos años en los que el proyecto naufragaba en la comisión de Presupuesto, su titular, el radical Carlos Fascendini, pudo consensuar una salida y la derivó con despacho favorable a la última escala previa al debate: la comisión de Asuntos Legislativos, presidida por la socialista Inés Bertero y donde el Frente Progresista cuenta 6 de los 11 miembros que la componen. Pero un colaborador de Bertero reveló que el jueves pasado el oficialismo no consiguió el consenso necesario para sacar el proyecto con dictamen favorable. Existe un dictamen de minoría de la diputada justicialista Silvina Frana, que viene desde la comisión de Presupuesto, y que resume la resistencia que emerge desde el territorio donde cada comisión de Samco y cada consejo de administración hospitalaria ven amenazado su futuro.

La iniciativa propugna un régimen uniforme para la organización y financiamiento de la atención en la provincia mediante una red pública de servicios de salud. En la transición, los miembros de los consejos actuales tienen seis meses para integrarse a la nueva modalidad de gestión con participación ciudadana y por regiones. "Una de las cosas que molestan es que esos miembros ya no cobrarán sueldo por administrar un hospital", apretó el ministro Cappiello.

El proyecto oficial enuncia derechos y obligaciones para los ciudadanos que hacen uso del servicio, y fija pautas para confeccionar las historias clínicas, entre varias cuestiones. Pero lo primordial es que recupera para el Ministerio de Salud la centralización de las compras de insumos clave de la gestión sanitaria como el suero y medicamentos de uso intensivo. "Hemos comprobado que había una gran dispersión de precios en las compras de un hospital a otro, y en situaciones que no siempre se rindieron ante el Tribunal de Cuentas", fundamentó el ministro ante la consulta de Rosario/12.

La contratación de profesionales y de personal hospitalario es otra de las cuestiones en disputa en torno a este proyecto de ley. El Ministerio quiere reservarse el control de esas gestiones con el argumento de que esa competencia, a criterio de cada uno de los 535 efectores de salud de la provincia, le genera un abultado déficit que finalmente debe costear el Estado. "Las contrataciones a criterio de cada Consejo se usaba en forma discrecional y muchas veces de manera clientelar. Pagaban un salario mínimo y la equiparación corría por cuenta del Estado", señaló el ministro, y reveló que el año pasado su cartera afrontó una deuda de 68 millones de pesos por ese concepto. "Hemos tenido múltiples problemas originados en esta situación de anomia, juicios laborales, embargos de cuentas, tuvimos que intervenir varios Samcos", excusó el ministro.

De todas formas, con el último pase a planta permanente de 3.772 cargos que activó el Ejecutivo en junio pasado -de los cuales, 2.780 correspondieron a contratados del área Salud- quedó asentado que los consejos hospitalarios y Samcos ya no pueden tomar personal por decisión propia.

"Queremos que el Estado vuelva a ser garante del derecho a la salud, y con este proyecto empezamos a transitar el camino hacia un sistema único de salud para toda la población y para todos los operadores del sistema", remarcó Cappiello.

La diputada Frana expuso su disidencia al proyecto del Ejecutivo. "No me parece correcto derogar ninguna ley sin saber cómo será reemplazada. Pienso que la propuesta oficial no da garantías de transparencia y evita la participación de la comunidad", planteó. La legisladora obeidista dijo acordar con las críticas esenciales que el gobierno le hace al sistema de los Samcos, pero recordó que "el Ministerio de Salud nunca perdió el poder de policía para controlar y, por cierto, muchos Samcos están intervenidos".

Frana explicó que la iniciativa, en su opinión, es un "retroceso" porque la centralización de las decisiones perjudica situaciones de urgencia. "Si hace falta contratar con premura un médico en el Samco de Las Toscas, esta ley se lo impediría y hasta que el Ejecutivo lo haga, la comunidad quedará quién sabe cuánto tiempo sin ese profesional indispensable", expuso. No obstante, la diputada concedió que "algunos diputados justicialistas" acompañarán finalmente la ofensiva del Ejecutivo sobre el sistema de salud. Esta semana será clave.