El proyecto del diputado Alberto Cejas para quitar la exención de Ingresos Brutos a las agroexportadoras de la provincia activó la contraofensiva del poderoso sector que ayer, a través de las bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, disparó una declaración de rechazo a la iniciativa. El lobby de la principal cadena exportadora santafesina alegó razones jurídicas para anticipar su impugnación al proyecto, advirtió que si obligan a sus empresas a pagar el impuesto provincial perderán competitividad y amenazaron con hacerle pagar el costo a productores agropecuarios y consumidores. "Al final, el régimen de exenciones más que una promoción industrial termina en una extorsión", cuestionó el autor del proyecto, indignado por "la voracidad de un sector que factura 22 mil millones de dólares anuales, más que el presupuesto de la Provincia".

Luego de que Rosario/12 revelara el sábado los alcances del proyecto del diputado cegetista, y que suscribieron los justicialistas Luis Rubeo, Ricardo Peirone, Claudia Saldaña, Silvia De Césaris, y Marcelo Brignoni (Nuevo Encuentro), ayer las entidades bursátiles de Rosario y Santa Fe emitieron una declaración conjunta que enviaron a la vicegobernadora Griselda Tessio, como presidenta del Senado, al titular de Diputados, Eduardo Di Pollina, y a los legisladores nacionales por Santa Fe. Allí expresaron su "tajante oposición al proyecto que promueve una mayor presión fiscal en la provincia".

La posición bursátil se escuda en que "la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, a la que Santa Fe adhirió, no permite que las provincias graven con Ingresos Brutos la actividad de exportación". Por lo tanto -interpreta- "la pretensión del proyecto es contraria a esa ley (Nº23.548), de jerarquía constitucional", y advirtió así hasta dónde el lobby está dispuesto a batallar en defensa de sus utilidades. El propio Cejas lo blanqueó: "Están tergiversando el espíritu del proyecto, no se trata de meterse en una incumbencia federal (gravar el comercio exterior), sino de que dejen de estar exceptuadas de un impuesto provincial y que lo paguen como cualquier hijo de vecino. Si no, aquí no tributaría nadie. Estas multinacionales no pagan ningún impuesto para la provincia, sólo Ganancias", dijo en alusión al pacto fiscal que las provincias firmaron en 1993. Según Cejas, el fisco provincial podría recaudar por ese concepto unos 300 millones de pesos para integrar un fondo de promoción industrial y construcción de viviendas.

En el ránking exportador, once de las trece primeras exportadoras santafesinas pertenecen al rubro "aceites y derivados", con Cargill y Bunge Argentina a la cabeza. Completan el lote Aceitera General Deheza, Louis Dreyfus, Vicentín, Molinos Río de la Plata, Nidera, ACA, ADM, Toepfer International y Noble Argentina SA. Estas empresas facturaron en 2009 16.426 millones de dólares por exportaciones.

A pesar de las cifras siderales que maneja la cadena agroexportadora, las bolsas alertaron que "introducir un gravamen provincial sobre las exportaciones va en contra del principio aceptado universalmente de no exportar impuestos, y atenta contra la competitividad internacional de los agentes económicos locales, que constituyen los pilares de la política tributaria". Aseguraron que el proyecto de Cejas "desalentaría la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos, dejando fuera de foco a Santa Fe respecto de provincias vecinas que tendrían una carga fiscal menor".

El diputado socialista Raúl Lamberto desmitificó esa agorería: "La competitividad del sector en la provincia y su atractivo no pasa por una cuestión impositiva cuya incidencia sería relativa, sino que pasa por las condiciones naturales de nuestros puertos, que permiten que barcos de gran calado puedan atracar y marcharse con carga completa. Eso no lo tienen en ninguna otra provincia", distinguió.

El bloque socialista valora la iniciativa de Cejas, pero tienen reparos acerca de su viabilidad jurídica. "Si pedimos respeto a la Nación para que nos coparticipe lo que corresponde, también debemos respetar las incumbencias federales, como lo es gravar el comercio exterior. El proyecto es bueno porque apunta a promoción industrial y viviendas, pero hay que debatirlo en lo jurídico para que no sea fácilmente impugnable. Además, debiera alcanzar no sólo a las exportadoras sino a otros sectores de la industria como la construcción, que también está exenta y está en un momento importante, excluyendo a las pymes, claro", dijo Lamberto.

Por último, el pronunciamiento bursátil de ayer echó mano de otro argumento que ya la industria ventilaba hace un par de años, cuando la Casa Gris quiso, y no pudo, gravarla con Ingresos Brutos: "No serán sólo las empresas exportadoras las que soportarán las consecuencias del proyecto, sino toda la cadena, y en particular la producción agrícola. Y el peso del tributo en cascada recaería sobre todos los consumidores finales del país", amenazaron.

Cejas comparó esta resistencia con una lucha similar que entabló, hace tres años, el gobierno misionero contra la corporación maderera, y que ganó en la Corte Suprema de la Nación.

El proyecto, que ingresó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, tiene preferencia para ser tratado este mismo jueves; aunque sus mentores confiesan su escepticismo al respecto. Uno de los firmantes del proyecto, Marcelo Brignoni, resumió su opinión acerca del lobby corporativo: "La última vez que las bolsas defendieron una causa noble, yo no había nacido", cerró.