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La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario resolvió que el histórico dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio, Rubén Ghioldi, no podrá volver a ser secretario general. Con el rechazo del recurso de amparo, Ghioldi no recuperará el cargo que ejerció hasta julio del año pasado, cuando una asamblea de Comisión Directiva lo destituyó. Sin embargo, su representante legal, Hernán Martínez, indicó que verán la posibilidad de llegar con la presentación hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Además, el gremialista de 88 años tiene una causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción 10º, donde está imputado por administración fraudulenta, luego que un jubilado (afiliado al sindicato) lo denunciara en marzo de 2010.

La resolución, que confirmó ayer la Secretaría de la Cámara, fue dictada por los camaristas Nicolás Vitantonio y Enrique Gerardini, luego de algunas idas y vueltas que llevaron a la demora de la resolución.

Ghioldi estuvo al frente de Empleados de Comercio de Rosario durante 42 años, hasta el 2 de julio pasado, cuando fue removido por una asamblea General Extraordinaria del consejo directivo del gremio, a partir de presuntas irregularidades administrativas.

El histórico dirigente desconoció en su momento las acusaciones y solicitó su reinstalación en el cargo, que ayer le fue negada con un rechazo del recurso de amparo que presentó Martínez. El abogado dijo ayer que se trata de un "lamentable rechazo", y aseguró que después de leer en detalle la resolución determinará cómo continuar, ante la posibilidad de llegar con una apelación a la Corte.

La denuncia por "administración fraudulenta" fue realizada el 27 de marzo pasado por Julio González, un afiliado al sindicato, que está actualmente jubilado. A partir de esa acusación, la Comisión Directiva comenzó a evaluar la continuidad del entonces secretario general, que finalmente fue destituido.

Tras la presentación penal, que continúa en proceso de instrucción, el juzgado inició la investigación sobre el accionar administrativo de Ghioldi, pero también hizo lo propio con la sobrina del acusado, Susana Treviño, quien era representante legal del gremio, y con el ex secretario de Finanzas del sindicato, Oscar Fernández. Según se indicó desde un primer momento, la denuncia recaería en autorizaciones a la abogada para gastos personales.