Confirmada en la tarde de ayer por la Arquidiócesis de Santa Fe, la muerte del ex arzobispo Edgardo Gabriel Storni terminó de plasmar una sensación tan cierta como difícil de digerir: la del incumplimiento de la justicia. Es que, luego de haber sido condenado en 2009 a ocho años de prisión por abuso sexual agravado, el cura continuó residiendo en la localidad de La Falda, a la que había llegado en 2002 después de haber renunciado a su cargo, acosado por las denuncias que comenzaron a cobrar conocimiento público el 21 de diciembre de 1994, a partir de que Rosario/12 publicara la investigación ordenada algunos meses antes por el Vaticano. Dos días después de esa publicación, y fiel a su estilo, Storni había dicho: "Me enteré por el diario. Hasta el momento en que llegó a mis manos ese periódico (por Rosario/12) desconocía completamente que se me estuviese investigando". En la tarde de ayer, aún impune, el ex arzobispo murió muy lejos de la cárcel, posiblemente en una cama de sanatorio en la ciudad de Córdoba.

Nacido en Santa Fe en abril de 1936, Edgardo Storni fue nombrado obispo a los 40 años, y se mantuvo como arzobispo de Santa Fe entre 1984 y 2002, cuando renunció a su cargo hostigado por las denuncias por acoso sexual que, casi diez años antes, habían realizado diversos seminaristas. Sin embargo, y a pesar de su renuncia, Storni se instaló en La Falda y continuó percibiendo una generosa asignación vitalicia, basada en un decreto de Videla, que por 2007 alcanzaba los siete mil pesos mensuales.

Sobre finales de 2009, sin embargo, Storni fue condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado por su condición, por el delito cometido en perjuicio de Rubén Descalzo en 1992. La decisión fue adoptada por la jueza María Amalia Mascheroni, quien resolvió la única causa abierta que pesaba sobre el obispo y que había sido iniciada en el año 2002. La misma causa que motivó la renuncia del ex arzobispo, que había llegado a sobreponerse a las investigaciones del Vaticano.

Pese a las evidencias y testimonios en su contra, Storni nunca reconoció la responsabilidad en los hechos que se le atribuían, e incluso en su renuncia al arzobispado santafesino (a través de una carta dirigida al entonces Papa, Juan Pablo II), dijo no sentir "culpas" ni hacerse cargo de las "acusaciones" en su contra. Cada vez que fue citado por la Justicia rechazó todos los cargos.

La condena, según la crónica realizada en su momento por Juan Carlos Tizziani, "detonó el debate en dos planos". Por un lado, se evaluaba si debería cumplir la pena en una cárcel o en su casa de descanso en La Falda. Por el otro, si el Estado le debería seguir pagando su pensión de privilegio. Para Pablo Bórtoli, abogado que patrocinó a Rubén Descalzo, la situación era clara: "Storni tendría que estar en la cárcel y no salir más". De hecho, para el letrado la condena establecida a fines de 2009 había resultado algo benévola: la fiscal del juicio, Elena Perticará, había solicitado una pena de quince años de prisión, pero la jueza Mascheroni lo condenó por el mínimo de la escala: ocho años de cárcel más una "inhabilitación absoluta" por el mismo lapso. "Yo esperaba más, pero es una sentencia", admitía Bórtoli.

- ¿Storni puede terminar preso? -- preguntó, en aquel momento, el periodista de Rosario/12.

- No creo. A lo sumo, lo van a beneficiar con prisión domiciliaria.

- ¿Por qué?

- ¿Alguien cree que Storni va a ir preso? La defensa va esgrimir lo de siempre: la edad del imputado o algún problema de salud.

En la tarde de ayer, Edgardo Storni murió en alguna localidad de Córdoba, provincia en la que se radicó luego de su renuncia al arzobispado, acosado por los medios y las denuncias en su contra. Con su muerte, la condena establecida por la jueza María Amalia Mascheroni no tuvo un cumplimiento efectivo. Tampoco, aquello que la magistrada aludía en su fallo, en el que apuntó a las complicidades que permitieron que Storni fuera castigado dos décadas después del crimen. Así lo graficó Horacio Verbitsky en su nota del 3 de enero de 2010 en Página/12: "Storni abusó de un seminarista adulto, pero el expediente judicial registra también otras víctimas menores de edad, que la justicia no investigó o cuyas causas prescribieron, ya que esa fue la estrategia central de la defensa del eclesiástico". Quizás, aún, haya un margen para que se haga justicia.