Desde Santa Fe

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó ayer el fallo del Tribunal de Oral de Santa Fe que en diciembre de 2009 condenó a 21 años de cárcel a Víctor Brusa, el primer juez federal de la Argentina juzgado por delitos de lesa humanidad y a un grupo de tareas: los oficiales de Inteligencia Héctor Colombini y Eduardo Ramos (a 23 años), los jefes de dos centros clandestinos, Juan Calixto Perizzotti (a 22 años) y Mario Facino (a 20) y la ex carcelera María Eva Aebi (a 19 años), también la primera mujer condenada por violaciones a los derechos humanos en el país. "Estamos muy emocionados", dijo a Rosario/12 uno de los fiscales que intervino en el juicio, al anoticiarse que la Cámara había confirmado las penas por los 55 hechos que se ventilaron en el debate. Por lo que ahora, queda abierta la vía para un segundo juicio a los mismos imputados, pero ya no por secuestros, torturas y apremios ilegales, sino por otro cargo: "asociación ilícita".

La sentencia a Brusa y compañía fue ratificada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal con el voto unánime de sus tres jueces: Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David. Hace menos de dos meses, el 23 de marzo, la misma Sala ya había confirmado la condena al ex agente secreto del Ejército y dirigente del gremio de la UOCRA, Horacio Barcos, a 15 años de cárcel. Lo que significa que Casación ya ratificó dos sentencias del Tribunal Oral de Santa Fe, aunque con distintos integrantes. En el juicio a Brusa, el tribunal estuvo integrado por el juez de Paraná, Roberto López Arango -que lo presidió﷓ y los abogados Andrea Creus y Carlos Renna, mientras que en el de Barcos intervinieron los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Daniel Laborde. En el primero, el Ministerio Público estuvo a cargo de los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti.

Brusa fue condenado a 21 años de prisión por ocho casos de "apremios ilegales" durante la dictadura cuando era el operador del ex juez federal Fernando Mántaras, ya fallecido, a quien sucedió en el cargo durante el gobierno de Carlos Menem. Hoy, cumple su condena en la cárcel de Las Flores, mientras es investigado en otras causas.

"Era el jefe de la patota de saco y corbata", lo definió una de sus víctimas, Silvia Abdolatif, que tardaron 25 años en llevarlo a juicio desde que lo denunciaron ante la Conadep, en 1984. Y once años, desde que lo acusaron ante el juez español Baltazar Garzón, quien ordenó la extradición y su captura internacional.

La Cámara de Casación ponderó la sentencia del Tribunal de Santa Fe que probó que Brusa judicializada las declaraciones tomadas bajo torturas en centros clandestinos donde operaban los grupos de tareas. "En lo que atañe a Brusa, se acreditó que, como empleado judicial, tomó testimonios mediante amenazas y torturas para armar causas con el fin de legitimar la detención de las víctimas. Su rol, en la realidad, no era el de un simple empleado adscripto, sino de un colaborador directo y de confianza" del juez Mántaras, a quien en el juicio uno de sus ex secretarios, el doctor Rodolfo de Aguirre, calificó como "un nazi".

Brusa -dice el fallo de Casación﷓ "concurría a los lugares de detención, acompañado muchas veces de un empleado del Juzgado (el sumariante Ciriaco Núñez), dialogaba con los detenidos, estaba al tanto de sus causas, les reprochaba conductas determinadas, y ese contexto con total impunidad los apremiaba para que declararan en determinado sentido, bajo amenazas de ser sometidos a sesiones de tortura. La gravedad de los hechos es demostrativa de por sí del poder real e impunidad de que hacía gala y del dolo en su accionar", dijo la Cámara. Y sentenció: Brusa aportó su grano de arena al plan general que se constituyó en victimizar a las personas" que sufrieron el terrorismo de estado. "Visto desde la individualidad de cada conducta atribuida, de no haber existido su aporte tal vez no hubiese cambiado la historia o el final del destino de esas personas, pero les hubiese ahorrado el padecer la propia conducta del imputado, eventualmente demorando la causación del daño y principalmente, aunque parezca una obviedad, eximiéndose de responsabilidad. Su accionar a cara descubierta y sin ocultar identidad, en realidad no sirve como elemento desincriminante, sino más bien para patentizar el grado de impunidad con que podía actuar en nombre y representación de la justicia", agregó.

Brusa "gozaba de la confianza del juez Mántaras", sabía que "las declaraciones habían sido obtenidas bajo torturas" y amenazaba a sus víctimas "con reiterarlas si se lo contradecía. El objetivo era encontrar justificativos aparentes para dar legitimidad judicial a la privación de libertad".