Otra escalada en el conflicto entre el gobierno y la Cámara Argentina de la Construcción por el atraso en el pago de las obras públicas. El presidente de la entidad, Adrián Dip, anunció ayer a los dirigentes de la Uocra, que la semana que viene la mayoría de las empresas del ramo no podrá pagar en tiempo y forma el aguinaldo a sus trabajadores, lo que podría derivar en otras marchas y protestas callejeras. Ya la Uocra notificó de la situación al ministro de Trabajo, Julio Genesini, y convocó el lunes próximo a un plenario de delegados para definir su plan de lucha. En Rosario la situación no es mejor. El secretario gremial de la Uocra local, Sixto Irrazábal, advirtió que "si el gobierno provincial no les paga a las constructoras, va a tener problema con nosotros".

En un diálogo con El Litoral, el presidente de la Cámara volvió a advertir que la mora en el pago de las obras públicas tendrá consecuencias. "Nos reunimos con los dirigentes gremiales para manifestarles nuestra preocupación porque la mayoría de empresas de la Cámara que trabajan en obras públicas, probablemente no van a poder pagar los aguinaldos debido a los incumplimientos de la provincia con el pago de los certificados de obra", dijo Dip. "La propuesta es que el medio aguinaldo en vez de pagarlo la semana próxima, se cancele hacia fines de julio", agregó.

El líder de la Uocra, Emanuel Araya se mostró sorprendido por el anuncio. "Jamás esperábamos una cosa así", dijo el dirigente. Y reveló que los empresarios le dijeron que no sólo podrán pagar el aguinaldo en tiempo y forma, sino que tampoco podrán afrontar los aumentos acordados por el gremio en la paritaria nacional, que rondan el 24 por ciento. "Nosotros sabemos que los empleadores son los empresarios, pero el principal responsable de esto es el gobierno, que no paga como corresponde", planteó.

El gobierno ya ofreció a la Cámara de la Construcción un plan para achicar las deudas que vienen desde noviembre del año pasado, con cheques de pagos diferidos. Pero la propuesta es resistida por los empresarios. "Pretenden pagar la deuda desde noviembre a marzo de este año con cheques de pago diferido que vencerán en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de este año", dijo Dib. "Ese no sería un mayor inconveniente si se incluyera en el pago los intereses por mora y las redeterminaciones de precios, que son los ajustes por la inflación que lamentablemente tenemos en nuestro país y que está desvirtuando todos los contratos no sólo de obra pública sino todos los contratos en general", explicó.

Esta semana, el ministro de Obras Públicas, Julio Schneider ratificó que "la voluntad del gobierno es continuar con las obras en marcha y, especialmente, con las de carácter emblemático para la provincia". "Por eso llevamos adelante el plan de pagos elaborado para cancelar la deuda a marzo con las distintas empresas contratistas. Creemos que la situación comenzará a normalizarse, con un plan mínimo de inversión para garantizar las obras que están en marcha", concluyó el funcionario.

El martes, más de 2.000 obreros de la construcción se movilizaron hasta la Casa Gris en repudio al despido de 150 obreros de una obra emblemática de la ciudad de Santa Fe, que luego fueron dejados sin efecto por la empresa Dycasa SA.

* En Rosario, en tanto, el sindicato esta vez se prendió de lo que las empresas le vienen diciendo hace rato, que si la provincia no regulariza los pagos, habrá despidos tarde o temprano.

Irrazábal anticipó que el gremio organiza una movilización para la semana próxima, con un reclamo a dos puntas: la patronal y el Estado provincial como principal contratador. "Las empresas ya nos amenazan con el corte de la cadena de pagos si la provincia no les paga. Entonces, si no arreglan ahora, van a empezar a despedir nomás, y ahí el problema del gobierno será con nosotros, con la Uocra", apretó.

El sindicalista aseguró que las obras más grandes que hoy están en ejecución por parte de la provincia en Rosario "el hospital regional en San Martín y Circunvalación, una escuela técnica contigua, y un penal en el límite con Pérez" tienen avance casi nulo. "Y lo que es peor aún -añadió- no vemos en el horizonte que vayan a arrancar otras obras", alertó.

En el sector privado, la construcción también acusa problemas, quizás no tan apremiantes como en la obra pública. Como botón de muestra, una empresa que construía en el desarrollo premium Ciudad Ribera, en Puerto Norte, suspendió a sus 260 obreros y se plantó: no retomará la actividad si la comitente del complejo, la española Ingeconser, no le paga lo que le debe, de un contrato de 5,5 millones de pesos.

Se trata de la firma Caputo, a cargo de erigir las siete torres del suntuoso desarrollo de oficinas, departamentos y hotelería sobre la costa. El martes pasado anunció la suspensión de sus 260 obreros hasta el 20 de julio. Es el plazo que se dieron para renegociar la deuda con Ingeconser. Antes de que la sangre llegue al río, la firma que patrocina a Central se comprometió a pagarle las quincenas a los trabajadores mientras dure el parate. Sus directivos prometieron que si no arreglan con Caputo, la constructora que reanude las obras los tomará, según el acuerdo que firmaron anteayer en el Ministerio de Trabajo.