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Con unas 130 adhesiones, organizaciones de mujeres de la provincia presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el pedido de jury al juez santafesino Claudio Bermúdez, que ordenó suspender la aplicación de la guía para abortos no punibles en hospitales públicos, aunque ésta continúa vigente. En el escrito ingresado ayer aseguran que hay "ignorancia del derecho" por parte del magistrado en lo Civil y Comercial Nº 4, a quien también denunciaron por el delito de prevaricato, causa que podría acumularse a la presentación de la semana pasada, realizada por diputados. Las mujeres piden el enjuiciamiento y una sanción penal para el juez Bermúdez, y reclamaron "que la Justicia cumpla su rol de garante de los derechos: la judicialización de los abortos no punibles es ilegal". La semana que viene serán recibidas por la presidenta de la Corte santafesina, María Angélica Gastaldi.

Tras la polémica resolución, la guía está vigente. Bermúdez hizo lugar a una medida cautelar para suspender el protocolo de abortos no punibles en la provincia, como primera medida a una presentación del Partido Demócrata Cristiano que pretende que se declare inaplicable e inconstitucional el artículo 86 del Código Penal, sobre aborto no punible. Sin embargo, el viernes pasado, la Fiscalía de Estado provincial apeló el fallo y el mismo juez decidió aceptar el recurso y resolvió que mientras la Sala II de la Cámara Civil y Comercial define si confirma o revoca su decisión, la guía "continúe aplicándose en la provincia", según recordó Analía Aucía, abogada de Cladem.

En reclamo de una sanción al juez, ayer la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, Mujeres Autoconvocadas de Rosario, Asociación Civil Tramas y Cladem --junto a otras instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres-- presentaron dos escritos: uno ante la Corte y otro en la Mesa de Entradas Unica de Fiscalía. Ambos apuntan a la "ignorancia manifiesta del derecho al colisionar el dictamen judicial con normas de mayor rango como el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las leyes nacionales y los tratados internacionales".

Las mujeres aseguraron que es "un verdadero supuesto de violencia institucional que no puede ser tolerado. Se erige como una prohibición ilegal contra las mujeres santafesinas que requieran ejercer sus derechos".

Entre otros, se menciona el derecho de las mujeres a solicitar la interrupción de un embarazo -﷓producto de una violación-﷓ con la sola manifestación de la voluntad de la víctima y el acuerdo profesional del médico, sin más trámite que una declaración jurada. "Este derecho fue vulnerado por la intervención del juez Bermúdez que priva a todas las mujeres de la provincia al ejercicio del mismo", dice el texto.

Para pedir el jury, las organizaciones señalaron: "Que Bermúdez pretenda regular políticas de salud pública en la provincia en sentido contrario a los derechos fundamentales de la población es un atentado a los principios republicanos de gobierno. Los escuálidos argumentos del juez muestran desconocimiento manifiesto del derecho y una voluntad de incumplimiento con la normativa vigente".

Para las mujeres, "Bermúdez no sólo no aportó nuevos y mejores argumentos para apartarse del fallo conocido como FAL --de la CSJN--, sino que desconoció la inteligencia de la interpretación del tribunal superior. Esto configura mal desempeño de los deberes de funcionario público y un acto de desobediencia civil contra las leyes de la Nación, razón suficiente para remover al magistrado de su cargo y función".

Al mismo tiempo, las mujeres denunciaron al juez por el delito de prevaricato, y la causa llegará a la Justicia en lo Correccional: "Se comete prevaricato desde el momento en que Bermúdez dispuso prohibir la aplicación parcial de la guía técnica, apoyándose en las normativas internacionales cuando son éstas las que obligan al estado a practicar los abortos no punibles en caso de violación", señalaron.