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La difusión de dos informes criminalísticos que descartan el móvil político en el asesinato de Silvia Suppo en un medio causó malestar en la familia de la testigo clave de la causa Brusa, puesto que el juzgado a cargo de la investigación les negó acceso a esos escritos firmados por el Programa Nacional Verdad y Justicia, y por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

"Es lamentable que en el juzgado de Reinaldo Rodríguez no nos hayan dejado leer esos informes y en cambio se haya filtrado a la prensa, concretamente a un solo medio que siempre exhibió una posición opuesta a la voluntad de investigar a fondo", señaló la abogada Lucila Puyol, representante legal de la querella. Se refirió a una publicación del portal santafesino Notifé sobre las conclusiones de ambas instancias nacionales que la semana pasada recibió el juez federal santafesino y que revela la presunta inexistencia de elementos para sostener la idea de un crimen fundado en la condición de testigo en la causa Brusa, tal como mandó a revisar la Corte Suprema nacional y la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Marina Destéfani, hija de la militante y ex presa política que sufrió torturas y violaciones en cautiverio y que estaba en condiciones de reconocer a sus represores, señaló que "nuestros abogados estuvieron el lunes tratando de leer los informes y el juez no se lo permitió porque estaba en instrucción. Quiere decir que el juez estaba tomando medidas a partir de estos informes", se alarmó.

Según el medio, el informe de Verdad y Justicia considera que la primera investigación, del juez rafaelino Alejandro Mognaschi, no tiene huecos que permitan sospechar maniobras de encubrimiento por parte de la policía. Pero desde la querella no pasan por alto que cuando los hijos de Suppo llegaron al local comercial de su madre, aquel 29 de marzo de 2010, cuando ya había sido asesinada en un supuesto asalto, la escena del crimen había sido contaminada por numerosas personas, y que la policía no lo impidió. "Cuando Verdad y Justicia, y la PSA llegaron a la causa la investigación ya era un desastre", marcó Puyol.

El estudio a cargo del comisario Gerardo Vazquez, citado por el portal santafesino, repara en la incapacidad aparente de los jóvenes que confesaron el homicidio, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, para cometer un crimen por encargo con el trasfondo señalado por los querellantes a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada cuya veracidad el juez Rodríguez relativiza. También observa la aparente ausencia de retribución económica en los imputados y en sus familias, como correspondería en el caso de que fueran sicarios. Para el programa Verdad y Justicia, un delito por encargo requiere un grado de planificación previa que no aparece en la instrucción del caso Suppo. Y concluye en la hipótesis de un robo seguido de homicidio por la resistencia ofrecida por la víctima.

El informe de la PSA apunta en la misma dirección y descree que el ex juez federal Brusa o sus allegados hayan contactado a los ejecutores de Suppo, tal como lo había revelado aquel testigo protegido.

"Es lamentable porque a nadie nunca le interesó hacer justicia e investigar de verdad en esta causa. Y encima ahora debemos enterarnos por un medio, que encima siempre apoyó la línea del homicidio por robo, en lugar de que sea el juzgado el que nos notifique", protestó la abogada.

Destéfani quiere esperar a tomar contacto con ambos informes en forma directa. "Es indignante que ocurra esto con información muy delicada: en estos años se viene filtrando información a determinados medios antes de notificarse a la querella", dijo. Y agregó que llegado el caso, si el magistrado federal resuelve apoyarse en estos estudios para devolver la causa al fuero provincial para que continúe la investigación como un delito común, los hijos de Suppo recurrirán a todas las instancias posibles. "Seguiremos exigiendo justicia y respaldo político, que hasta ahora hemos recibido muy poco. El asesinato de Silvia tiene connotaciones políticas por las consecuencias que tiene, no sólo por las características de la víctima, sino por quién beneficia este crimen y porque hace foco en la corrupción policial y en el estado de los DDHH en la actualidad. Acá nadie quiere asumir el costo político", cargó.