Los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari solicitaron al juez Marcelo Bailaque que plantee la competencia federal en un delito común, que tuvo impacto público, y se origina en el narcotráfico. "Los hechos encuentran su génesis y explicación en la existencia de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico", argumentan los representantes del Ministerio Público Fiscal, que comenzarán a hacer este pedido en forma sistemática a los magistrados que tienen entre sus obligaciones la investigación de la venta ilegal de estupefacientes. De esta manera, los fiscales profundizan la decisión de investigar en conjunto las causas, a fin de establecer los vértices de las bandas, y no sólo sus integrantes más visibles. En el escrito, consideran que "también deberán investigarse -conjuntamente- las eventuales conductas encubridoras o cómplices en las que hubiesen incurrido miembros de la fuerza de seguridad".

El pedido se hizo a Bailaque, porque es quien tiene la causa en las que la Fiscalía acumuló cuatro expedientes hasta ahora sin imputados por delitos de narcotráfico, como informó Rosario/12 la semana pasada. Si bien Bailaque había considerado que es potestad del juzgado decidir la acumulación, los representantes del Ministerio Público Fiscal respondieron que les cabía esa atribución desde el momento en que los magistrados les delegaban las investigaciones. Ahora, los fiscales van por más: además de la acumulación de causas ya existentes en el fuero, plantean la competencia federal en causas hoy provinciales por delitos originados por el narcotráfico.

Murray y Reynares Solari argumentaron que "la competencia federal, por regla de excepción, surge en cuanto los hechos que en un principio pueden ser delitos comunes, afectan directamente los intereses del Estado nacional". Entienden que en muchos de los ilícitos contra la integridad física y la libertad de las personas que se producen en Rosario "las bandas no sólo llevan adelante su ilícita actividad sino que despliegan organizadamente la perpetración de ilícitos para mantener la impunidad" de su "negocio" principal, la venta de drogas.

Es decir que ante intentos de homicidio en la vía pública, por ejemplo, los fiscales pedirán la competencia federal cuando en el origen de estas acciones haya una disputa por el territorio de venta de drogas. "Ello es así por cuanto, haciendo un juego hipotético, si suprimiéramos mentalmente dicha actividad (el narcotráfico), llegaríamos a la conclusión de que los otros ilícitos (delitos contra la integridad física y la libertad) no se hubieran producido", continúa el escrito presentado al magistrado para que requiera una causa en particular -que no informaron para proteger el desarrollo de la investigación- a la jurisdicción provincial. Tras la remisión de las copias certificadas de la causa, entienden que "se deberá declarar la competencia federal para entender en el caso, librándose oficio al juez de instrucción a cargo".

Los fiscales consideraron que la relación entre los delitos considerados comunes y los intereses de las bandas de narcotráfico que los originan, "guarda dramatismo en la medida en que los 'articuladores sociales' (referentes de organizaciones sociales, políticas, religiosas) de los territorios en que estas bandas actúan son atacados por no aceptar las condiciones que ellas pretenden imponer".

El escrito plantea que "el desenvolvimiento de toda actividad ilícita consta, al menos, de dos áreas de 'reparto de trabajo': por un lado, el que la propia actividad ilícita representa y, por otro, aquellas conductas tendientes a mantener por fuera de los órganos de persecución a la noticia de tales actividades". Es decir, destinadas a impedir que se investiguen.

Por eso, creen que "en el caso de que se investigue una determinada organización criminal, también deberán investigarse --conjuntamente-- las eventuales conductas encubridoras o cómplices en las que hubieran incurrido miembros de las fuerzas de seguridad".

Para ejemplificar la pertinencia y los antecedentes de pedir la competencia federal para delitos comunes cometidos en el marco del accionar de bandas de narcotraficantes, los fiscales traen a colación "el caso de los delitos 'conexos' a los de lesa humanidad (en general, contra la propiedad), a los que no sólo se les atribuyó la mencionada conexión sino que también, por dicha razón, fueron declarados delitos de lesa humanidad (la conocida causa Esma)".

Los fiscales le piden al juez que "forme el incidente de competencia; de considerarlo pertinente se pida a la jurisdicción provincial remisión de copias certificadas de la causa referida que tramita, hecho lo cual se deberá declarar la competencia federal para entender en el caso señalado".

Murray --que fue fiscal de San Nicolás-- fue designado en diciembre pasado por la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, tras la inacción de su antecesora, Liliana Bettiolo, en la causa que involucraba al ex jefe de policía provincial, Hugo Tognoli, en la que se dictó falta de mérito porque no había pruebas.

La decisión de la Procuración General de avanzar en la investigación de los delitos complejos ya tuvo repercusiones en Rosario: la semana pasada, Rosario/12 difundió un escrito de los mismos fiscales dirigido a Bailaque señalándole que "la constante fragmentación de causas por narcotráfico" implica la "imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y criminalidad organizada". Y reafirmaron la capacidad del Ministerio Público Fiscal para definir la acumulación de causas, máxime cuando los jueces le delegan la investigación. La polémica siguió: Bailaque aseguró que no se opone a la acmulación de causas, pero defendió que es competencia del juez decidirlo según el Código Procesal. Sin embargo, tras el pedido de pronto despacho de una serie de medidas por los fiscales, las autorizó.