Desde Santa Fe

La agrupación Hijos impugnó el pliego del juez de Faltas de Rafaela Fernando Ignacio Ferrer, repudió la decisión del gobernador Antonio Bonfatti de designarlos vocal de la Cámara Penal de Santa Fe (Sala II) -porque salió segundo en el concurso del Consejo de la Magistratura- y solicitó a la Asamblea Legislativa que rechace el ascenso del magistrado por que integró el aparato judicial de la dictadura. "Ferrer fue uno de los tantos jueces que miraron para otro lado y dejaron hacer mientras se violaban los derechos de los ciudadanos, se saqueaba el país y se regaba las calles de sangre y miedo", afirmó la agrupación. "Los simpatizantes, cómplices y beneficiarios de la dictadura cívico militar no deberían ocupar cargos en la justicia de la democracia y mucho menos ser ascendidos o promovidos. Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", agregó.

Bonfatti es el segundo gobernador que propone a Ferrer como camarista de Santa Fe. Hermes Binner ya lo había hecho en 2009 para el mismo cargo, al que no pudo acceder porque la Asamblea Legislativa rechazó el pliego por unanimidad (34 a 0). El argumento de entonces es el que mismo que ahora plantea Hijos: "Un juez de la dictadura no puede ser juez de la democracia".

El pliego de Ferrer -y de otros cinco camaristas penales para Santa Fe y Rosario- debía tratarse hoy, pero la Asamblea fue postergada para el jueves que viene porque mañana cierra el plazo de presentación de listas de candidatos municipales para las primarias del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre.

La impugnación de Hijos criticó la "insistencia" de Bonfatti en ascender a juez de Cámara a "un participe de la última dictadura cívico﷓militar", un "cargo en el cual debe garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes de la República". Y le reclamó al gobernador "el efectivo compromiso con la memoria, la verdad y la justicia" para que sus "actos y acciones" sean coherentes con sus "discursos de la construcción de la justicia".

"La Legislatura no puede aprobar el ascenso de Ferrer a camarista por ser partícipe de quienes convalidaron el accionar de civiles y militares que atentaron contra la democracia", agregó.

"Durante la dictadura cívico militar, Ferrer fue designado juez de Faltas de Helvecia, según el decreto 1237/80 del usurpador Poder Ejecutivo y se desempeñó a partir del 12 de mayo de 1980. Y el 12 de de abril de 1983, ascendido a fiscal titular de San Cristóbal. Ya en los '80 --recordó Hijos-﷓ "el aparato genocida ya se había cobrado la vida de miles de militantes políticos y sociales, las cárceles estaban atestadas de ciudadanos torturados, deshumanizados, y sin ningún acceso a la justicia ni al derecho de defensa; los partidos políticos seguían prohibidos y varios de ellos eran considerados ilegales; los sindicatos intervenidos y no se respetaban los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional". "La dictadura contaba con un aceitado mecanismo represivo y opresor" y designaba "sólo a sus simpatizantes y seguidores en cargos del Estado. No existía la posibilidad de acceder a ningún cargo de poder sin tener una clara y manifiesta afinidad con el sistema represivo, anticonstitucional y genocida", explicó.

"Ferrer juró acatar los objetivos básicos fijados por la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Fue promovido y ascendido durante el terrorismo de estado y uno de los tantos jueces cómplices que miraron para otro lado".

"Semejante designación va contra el sentido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", dijo Hijos. Y recordó los casos del ex juez federal Víctor Brusa, con condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, procesado por la "supresión de identidad" de una hija de desaparecidos, María Carolina Guallane. "El aparato judicial formaba parte del sistema represivo y genocida de nuestra provincia", concluyó.