El número dos de la Sedronar desacreditó el informe de la Auditoría General de la Nación que reveló numerosas falencias de la Aduana San Lorenzo y que llevó a su titular, Leandro Despouy, a expresar que los puertos del cordón industrial bajo su control son zona liberada, permeable al narcotráfico. "Es un análisis oportunista y parcial, un intento de uso político para una herramienta institucional", descalificó Julio Postiglioni, subsecretario de Control de Sustancias Psicoactivas.

El funcionario estuvo ayer en Rosario para participar de la presentación de un proyecto de ordenanza que busca involucrar a la Municipalidad en el control de la comercialización de precursores químicos que se emplean en la elaboración de cocaína y otras drogas. La iniciativa es impulsada por los concejales Héctor Cavallero, Osvaldo Miatello y Norma López, y concitó el apoyo del director del Registro Nacional de Precursores Químicos, Federico Laborde, y del presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab.

El informe de la AGN, publicado anteayer en Rosario/12, se conoció esta semana justo cuando Naciones Unidas reveló que Argentina es el tercer exportador de cocaína, sólo detrás de Brasil y Colombia. El documento, elevado en mayo pasado al titular de la Afip, Ricardo Etchegaray, describe diversas falencias de la Aduana en cuanto a la metodología y los recursos para fiscalizar el tráfico de mercaderías en las terminales portuarias privadas establecidas entre los kilómetros 464 y 441 del río Paraná. En ese complejo sale cada año el 34% de las exportaciones del país, y la AGN sostiene que la Aduana controla poco y mal. Esa situación abre el flanco al narcotráfico, a la evasión impositiva y otros delitos relacionados con la frontera. La auditoría hizo foco en San Lorenzo, pero también en las aduanas del Puerto de Buenos Aires y el de Campana.

La respuesta no se hizo esperar, y ayer Postiglioni, aprovechó su visita a Rosario para retrucar a Despouy. "Creo que es un análisis absolutamente oportunista y parcial, lo único que hace es un intento de uso político de una herramienta institucional como son los informes de la Auditoría General de la Nación", criticó el funcionario de la Sedronar, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"La aduana ejerce control no sólo de los estupefacientes en los puertos. Habrá que ver si esos escáneres (aludidos por el titular de la AGN) detectan o no materia orgánica, y si no la detectaran quizás se necesitarían otros métodos de control. Por eso, el informe de Despouy es oportunista, porque en los puertos la aduana realiza todo tipo de controles", se enojó.

Postiglioni, el funcionario de mayor rango en la Sedronar desde la renuncia de Rafael Bielsa, se atajó: "Esta no es una institución con poder en la calle, su tarea es de coordinación de tareas para la prevención y para la investigación del narcotráfico", dijo. En cambio, recordó que cuando estuvo al frente de la PSA "se realizaron muchas investigaciones serias de narcomenudeo, pero también otras sobre la protección policial que se le da a la actividad, lo que finalmente derivó en la detención del ex jefe de policía", señaló en alusión a Hugo Tognoli.

Ayer Cavallero, Miatello y López presentaron el proyecto con la preocupación por visibilizar el destino de los precursores, que son productos legales utilizados en diversos procesos de la economía formal, pero que también son requeridos por las cocinas narcos. Hasta ahora, existe un convenio de cooperación vigente entre la Sedronar y el gobierno de Santa Fe. Los ediles, con su iniciativa, quieren que el municipio adhiera a esa misión. "El control del tráfico de precursores químicos se ha vuelto una política pública imprescindible como herramienta para evitar el avance del fenómeno. La responsabilidad primaria corresponde al gobierno federal, pero los gobiernos locales deben colaborar. Por eso, cuando los comercios e industrias realicen los trámites para su habilitación, la Municipalidad deberá exigirle una declaración jurada en la que conste si realizan alguna de las actividades previstas en la ley nacional respecto de lo que se conoce como precursores químicos", explicó Cavallero. Desde la mirada empresaria, Diab pronunció su acuerdo: "A veces nos quejamos de que se nos aumente el papeleo en trámites administrativos, pero en esto estamos de acuerdo porque hace la responsabilidad social empresaria".