Una década después de que Argentina habilitara la exportación del sábalo, las consecuencias llevaron a que hoy en el Consejo Provincial Pesquero estén discutiendo un proyecto de ley que apunta a prohibir la extracción de peces de río con fines de comercio exterior. El debate comenzó esta semana con la ausencia de los representantes de quienes más resistirán la iniciativa, los frigoríficos de pescado, pero con la presencia y el acuerdo "prudente" de los propios pescadores, quienes admiten graves problemas en lo inmediato si se continúa sometiendo al río al ritmo que demanda el negocio exportador. "Nadie exporta sus peces de agua dulce, así vamos a agotar el recurso", planteó el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, autor del proyecto de ley que apunta a cortar por lo sano.

La propuesta sobre la cual el legislador del Frente Amplio Progresista está buscando consensos declara de interés público la conservación del recurso ictícola de la cuenca parano﷓platense, con epicentro en los ríos Paraná, Paraguay, la parte baja del Uruguay y Río de la Plata. Y prohíbe "la captura de peces de río destinado a la exportación" en toda la cuenca, sus afluentes y humedales. Su autor entiende que la extracción ictícola de características mineras "ni sirvió para mejorar la calidad de vida de los pescadores, ni tampoco representa un ingreso de divisas significativo para el país".

Números. La exportación parte en un 93 por ciento desde los frigoríficos emplazados en Santa Fe --una docena-- y Entre Ríos, y en menor medida desde Buenos Aires. Los principales compradores son Colombia --por haber depredado un pez similar, el bocachico--, Bolivia, Brasil y Nigeria. Según datos de Aduana publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Argentina colocó el año pasado en el exterior 14.323 toneladas, lo que significó ingresos por 17,7 millones de dólares. Si bien el menú exportador contiene en pequeñas proporciones dorado, bagre, patí, carpa, tararira, boga y armado, el rey del negocio es el prochilodus lineatus, mejor conocido como sábalo. En 2012, las ventas al extranjero de esta especie sumaron 12.148 toneladas, por 14,8 millones de dólares. En el comienzo de la cadena, los frigoríficos hoy pagan no más de 7 pesos por kilo de pescado, y de ese precio, los acopiadores que intermedian se quedan con el 20 por ciento.

"Se ha pasado de un sistema extractivo con las tradicionales técnicas de la pesca de subsistencia, basada en la calidad de los ejemplares, especies y tamaños, a un sistema basado en la cantidad. Pocos acopiadores forman el precio y concentran la rentabilidad del mismo, marginando al sector acerca del cual el Estado debería tutelar con mayor firmeza, los pescadores, que en este nuevo esquema pierden absolutamente su capacidad de negociación", argumenta el proyecto.

Tómalo o déjalo. Según el texto de Zabalza, la exportación se liberó en 2003, aunque desde la Asociación Civil de Pescadores El Espinillo, Escolástico Aguilar sostiene que eso empezó en 1998. Y en el río ya nada fue como antes. "Hasta que se abrió la exportación, el trabajo marchaba bien, no sobraba nada, pero la pesca no faltaba. Pero hoy en Entre Ríos hay casi 2.000 pescadores en 200 kilómetros, y pescan con mallas más chicas que las que nos permiten en Santa Fe. El año pasado empezaron pagando 3 pesos el kilo, y terminaron pagando 1,20. Y te dicen tomá eso o andate, y que el pescado se te pudra en la canoa", contó el pescador.

Para este año, el cupo de exportación en la cuenca asciende a 15.000 toneladas, pero hubo años en los que se autorizó en demasía, como en 2004, cuando se pescaron 36.000 toneladas, o en 2007, cuando el cupo llegó a 40.000 toneladas, y aún habiéndose sancionado en Santa Fe la ley 12.212, con la que se pretende regular el recurso, observó el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Ricardo Biasatti. "Hay que reformular la estrategia, porque a este ritmo el que sufre es el eslabón más débil de la cadena. De 3.000 pescadores que hay en Santa Fe, 500 son los que proveen a frigoríficos, los demás no. Por eso hay que promover canales alternativos de venta directa mediante puertos de fiscalización, y que los frigoríficos cambien la lógica de pescar cantidad por calidad, y que agreguen valor de verdad. De lo contrario, el modelo no es sustentable", advirtió.

"Santa Fe puede regular, pero Entre Ríos está enfocada en la exportación, entonces el problema sigue estando. Hace falta una ley nacional", reforzó Zabalza.

Aguilar, como representante de los pescadores en el Consejo provincial, acuerda con la propuesta, pero tiene reparos. "Si cortan la exportación de golpe, será un problema porque la mitad de los compañeros viven de eso, los frigoríficos no vendrían a comprar y si los intermediarios no venden, para qué van a acopiar. Entonces dejarán de comprar también. Pero sabemos que la madre de todos los problemas es la exportación del pescado", resumió el integrante de la entidad que agrupa unos 280 pescadores entre Puerto General San Martín y Villa Gobernador Gálvez. "Pedimos que cuiden nuestra fuente de trabajo y piensen en el costo social de prohibir la exportación. Pero ojo --aclaró Aguilar--, no pedimos subsidios, porque eso de las vedas (impuestas hasta hace un par de años) fue para problemas nomás. Por los piquetes en el puente a Victoria la gente ya no nos quería comprar, y mientras tanto en 2008 y 2009 la lista que armó el sindicato para cobrar los subsidios tenía 9.000 personas, y todos sabemos que los pescadores no somos más de 3.000. Fue un abuso", recordó.