La idea de prohibir la exportación de pescado de río se instaló en el Consejo pesquero santafesino, desde donde piensan presentarlo ante la Comisión Nacional de Pesca Continental. El debate enfrentará intereses opuestos que esgrimirán artículos distintos de la misma Constitución nacional: el derecho a comerciar y a ejercer toda industria lícita, versus el derecho a un ambiente sano.

Además del argumento ecológico, el proyecto también ofrece un enfoque económico adverso para la actividad. "Una década de pesca comercial con fines principalmente de exportación --evalúa el texto-- no se reflejó en la mejora de los ingresos, y ha tenido claros efectos negativos en la calidad de vida de los pescadores. Si a esto le sumamos el escaso nivel de tributación del sistema, es evidente que tampoco el Estado se beneficio con este tipo de políticas que propician un modelo que introduce inequidades manifiestas, concentración de la riqueza y no consolida la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras. Y los sistemas de dependencia tales como los subsidios, por ser sectoriales, siempre son insuficientes e injustos".