La diputada del ARI, Alicia Gutiérrez, propuso un proyecto de ley para impedir que "los imputados por crímenes de lesa humanidad" sean candidatos a cargos electivos en las próximas elecciones de la provincia, en 2007. La iniciativa vuelve a poner en el debate público una cuestión que ya se planteó en el Senado, donde la senadora socialista Patricia Sandoz presentó un proyecto similar, pero tropezó con la negativa de sus colegas del PJ ﷓que responden a Carlos Reutemann﷓ a discutirlo en el recinto. Las legisladoras se plantearon la reforma después del intento del ex comisario de la dictadura, Mario Facino, de renovar su mandato como presidente comunal de San José del Rincón, en octubre de 2005. Gutiérrez impugnó la candidatura de Facino y logró que el Tribunal Electoral de la provincia lo excluya de los comicios por estar procesado en la causa que investiga la represión ilegal en Santa Fe, aunque después resultó electa su hija. Mientras que Sandoz propuso una reforma de fondo al régimen electoral para que los represores no puedan ocupar cargos públicos electivos, pero sin mucho éxito, hasta ahora. Ante ese panorama, la diputada Gutiérrez volvió a la carga con la convicción política de que la Cámara de Diputados podría aprobar la Ley Antirrepresores que no vota el Senado.

El proyecto de Gutiérrez incorpora al artículo 4 de la ley electoral 4.990 un nuevo inciso. No pueden ser candidatos: "Las personas contra las que existan pruebas suficientes de participación en violaciones graves de los derechos humanos que puedan implicar crímenes de lesa humanidad", expresa la norma.

"El proceso electoral tiene raigambre constitucional, y exige que la etapa en que los ciudadanos ejercen su derecho electoral activo (con el voto) en paralelo con el derecho electoral pasivo de otros ciudadanos (a ser elegidos) se integre con la etapa de un futuro desempeño. De forma tal que quien se postula para ser elegido cuente con la idoneidad técnica y ética necesaria para un buen desempeño en caso de su triunfo. Es incongruente e irrazonable dividir una etapa de la otra", dijo la legisladora del ARI. "Y ello nos deja ver con mayor claridad que la Constitución vislumbra que cualquier cargo público ﷓en especial, los electivos﷓ presupone un buen desempeño(porque el malo, tiene previstos sus remedios correctivos, hasta la eventual cesantía).

Entonces, a criterio de Gutiérrez la "idoneidad" para el ejercicio de la función pública demanda un "conocimiento científico y empírico para desempeñar el cargo" y "antecedentes de haber transitado por la vida con respeto de las pautas éticas".

"El régimen republicano y el Estado democrático tiene exigencias que no toleran ser arrasadas por el derecho electoral y por el proceso electoral. Basta recordar que el ejercicio funcional de todos los derechos y de cualquiera (porque no hay derechos absolutos) se hilvana con las proyecciones institucionales que ese mismo ejercicio irradia al sistema democrático".

"El visor de la democracia, y de la ética publica que le pertenece por esencia, no puede soslayarse para hacernos mirar de reojo, o con anteojeras interesadas, ese engarce del proceso electoral con el buen desempeño de los gobernantes. Y no se diga que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque ya tenemos bastante cansancio auditivo con tal eslogan, que a los nazis les vino bien para defender el respaldo electoral a Hitler", argumentó la diputada.

"La reforma constitucional del año 1994 elevó a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pero además, previó un mecanismo que permitió elevar al rango constitucional a otros instrumentos internacionales como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

"Todos estos tratados condenan la violación a los derechos humanos y a través de ellos el Estado se ha comprometido no sólo a respetar y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas, sino también a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de conductas. Para cumplir con tales deberes, el Estado se obligó a adoptar todas las medidas que sean necesarias".

En ese contexto, Gutiérrez propuso una reforma electoral en Santa Fe para que no puedan ser "candidatos a cargos públicos electivos o ejercer cargos partidarios todas aquellas personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos. No es nuestro propósito hacer un control de calidad de quienes pueden ser electos por voto popular, ni evaluar modelos de virtud personal, sino explicitar en la ley esta inhabilidad moral, que contraría el derecho de gentes y numerosos tratados internacionales que repudian los crímenes de lesa humanidad", concluyó la legisladora del ARI.