El diputado provincial Aldo Strada (ARI) quiere saber si se han adjudicado las tierras a las comunidades aborígenes santafesinas según lo establece la ley provincial Nº 12091 y, de no ser así, cuáles serían las dificultades que impiden el otorgamiento. A través de un pedido de informes, también pidió conocer si se han recibido propuestas e inquietudes de organizaciones aborígenes y si éstas han sido consideradas.

Ante las movilizaciones de las organizaciones aborígenes de la vecina provincia del Chaco, en reclamo por la histórica deuda del Estado hacia su legítima pretensión de ser adjudicados con tierras aptas para su desarrollo comunitario, Strada plante la necesidad de reflexionar sobre la realidad aborigen en esta provincia. "Si bien no existen cifras exactas respecto a la cantidad de personas aborígenes en el territorio provincial, la encuesta complementaria de pueblos indígenas realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) habla de 47591 descendientes de primera generación del pueblo toba para la región de Santa Fe, Chaco y Formosa; y de 12145 descendientes de mocovíes para Santa Fe y Chaco", indicó Strada, aunque "no considera otras etnias como las guaraníes y wichís".

Específicamente en las zonas norte y oeste de Rosario se asientan unas 25 mil personas de distintas comunidades aborígenes que viven en situaciones de extrema pobreza: están desocupados, hacen changas y la mayoría tienen como principal fuente de ingresos al cirujeo. Planteada así la situación surgen un sin número de reclamos por parte de los aborígenes. Desde el acceso a un trabajo digno hasta planes sociales y de vivienda. "Pero la mayor exigencia es la devolución de las tierras que históricamente les pertenecen, porque son una parte fundamental para el desarrollo de la vida de estas comunidades", antes de solicitar que "con la necesidad de comenzar a reivindicar y reconocer los derechos conculcados históricamente a las comunidades originarias de nuestro territorio", la aprobación del proyecto de comunicación.