Preocupados por las "restricciones" en el acceso a los documentos del Archivo Provincial de la Memoria, más de 60 instituciones académicas e investigadores del Conicet o Universidad Nacionales aseguraron que "impedir el acceso a la documentación que contiene información irrecuperable en otros documentos que hacen a la historia de nuestro país atenta con el ejercicio del derecho de toda persona a participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones". La pólvora la prendió una nota firmada por el Secretario de Derechos Humanos Horacio Coutaz y la jefa del Archivo, Verónica Aimar, el 12 de septiembre, donde se afirma que "no podrán exhibirse los originales de documentos que contengan datos personales o sensibles de terceras personas". Coutaz afirma que "no se trata de ninguna restricción", sino del cumplimiento de la ley que protege los datos personales. "Tuvimos problemas con familiares que se quejaron de que hemos mostrado datos personales. Pero esto afecta a una parte nada más del archivo. Sobre todo a las fichas ideológicas", dijo el funcionario.

No es la misma interpretación la que hacen los investigadores. La primera en sufrir la normativa fue la historiadora Gabriela Aguila intentó acceder a documentación del Archivo y la notificaron de la disposición. El artículo 5 de la Resolución 12/2011, que reglamenta el acceso al Archivo Provincial de la Memoria, indica: "Quienes acrediten su carácter de investigador/a por parte de sus casas de estudio o lugar de trabajo y/o por su trayectoria, tendrán acceso a la consulta de la documentación existente".

Sin embargo, Coutaz afirma que eso sigue siendo así, sólo que en lugar del original, los investigadores pueden ver una copia, con tachas de la información personal. Para los investigadores, se trata de una diferencia sensible en la posibilidad de avanzar en sus trabajos. "No pretendemos que el archivo viole los datos personales de nadie, pero deseamos que se vuelva al reglamento original y que quede sin efecto la restricción", afirmó la subdirectora del Museo de la Memoria de Rosario, Viviana Nardoni, que estuvo además en una reunión con el ministro Juan Lewis y Coutaz para plantear la inquietud. Del encuentro participaron además la abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Gabriela Durruty y el Arqueólogo forense Juan Nóbile. "No hay ninguna modificación ni restricción de nada, lo que exigimos es algo que estaba claro y que tiene que ver con la protección de los datos personales. Siempre estuvo, pero ahora empezamos a aplicar que no se pueda ver la ficha original, sino una copia con los datos sensibles tapados".

Los investigadores arman su reclamo en base al Reglamento 12/2011, aunque Coutaz asegura que en el artículo 9 de ese Reglamento figura la necesaria autorización de los titulares de datos sensibles para su difusión. "Hasta ahora, tuvimos muy pocas autorizaciones", aseguró. Sin embargo, para los investigadores, "la nueva normativa es un claro retroceso".

El debate se profundizó tras la decisión del ministro de Defensa, Agustín Rossi, de permitir el acceso irrestricto a los archivos de la dictadura encontrados en el Edificio Cóndor, después de que se digitalicen. En ese sentido, la concejala Norma López, del Frente para la Victoria, acompañará el pedido. "Vamos a instar a la Comisión de Derechos Humanos para solicite que los archivos sean abiertos a la sociedad", dijo la edila, que también trabaja en una propuesta de protocolo para el tratamiento de los archivos que se encuentren.