Desde Santa Fe

El fiscal federal Walter Rodríguez volvió a pedirle al juez Reinaldo Rodríguez -por segunda vez en menos de dos meses- que cite al secretario general de Apropol, Alberto Martínez y a otros cinco policías en actividad para indagarlos en la causa que los investiga por el supuesto delito de "sedición" en el alzamiento policial de diciembre de 2013, pero en la que el magistrado ya se declaró incompetente. Los otros imputados son los suboficiales Fabricio Abasto, Claudio Patiño, Oscar Aguirres, Mauricio Pagani y el agente Alejandro Zamaro.

Rodríguez hizo el primer pedido de indagatorias el 3 de febrero, pero como el juez respondió con una expresión usual en la magistratura ("téngase presente"), le solicitó que se pronuncie "en forma concreta" por si o por no, si acepta o rechaza la medida. Y le recordó que "no sólo el Ministerio Público" había propiciado las indagatorias, "sino que expresamente también fueron solicitadas" por la defensa de cinco de los seis imputados: Abasto, Patiño, Aguirres, Pagani y Zamaro.

"Ante el reclamo unánime de las partes (la acusación y la defensa), no puede admitirse el estancamiento del proceso, a la espera de que se resuelva la cuestión de competencia, en principio, en manos de la Cámara Federal de Rosario", dijo el fiscal. Y agregó: "Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción" de la causa.

En realidad, el conflicto de competencia es más complejo. El fiscal Rodríguez propuso acumular a la causa por sedición las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti, en la que también está imputado Martínez, porque -a su criterio- forma parte de la misma "matriz fáctica". Pero el juez Rodriguez también se declaró incompetente para investigar las coacciones al mandatario y le devolvió el expediente a su colega de la provincia, Susana Luna (Instrucción 4), quien la semana pasada volvió a inhibirse y se lo despachó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver el incidente.

Así se abren dos vías. La primera, por las amenazas a Bonfatti, que llegará a la Corte nacional. Y la segunda, por la causa sedición, que está apelada ante la Cámara Federal de Rosario.

Ante este panorama, el fiscal Rodríguez solicitó al fiscal general de Rosario, Claudio Palacín, que suspenda "el trámite del recurso de apelación" ante la Cámara para "evitar la posibilidad del dictado de resoluciones contradictorias en causas con conexidad objetiva y subjetiva evidente".