¿Qué hay de atractivo, de convocante o placentero en la escabrosa escena del proceso por el que se asesina a una persona? ¿Qué hace que alguien detenga su marcha y se sume al grupo? ¿Qué opera con tanta fuerza para que alguien participe de ese asesinato de manera activa, o se quede a un costado observando la escena dantesca? Seguro que mucho, que podrían escribirse o hablarse tantísimas cosas y, todavía, quedarían aspectos sin considerar. Por eso la aproximación a pensar el asesinato de David Moreyra en barrio Azcuénaga, no de manera neutral, pero sí conteniendo la intervención de los distintos protagonistas, viene de la mano de tres integrantes del Consejo Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellas son la psicóloga Marcela Lapenna, coordinadora del centro de día que gestionan de manera conjunta el programa municipal La Casa y la Asociación Civil CHICOS que funciona en Mendoza 1247, la trabajadora social Paula Orsolini, quien participa en representación de los colegios profesionales de Abogados, de Trabajo Social y de Enfermería y Melina Arrieta, directora del Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario de Aldeas Infantiles SOS de Argentina, una ONg. Con sede en más de cien países. También lo hace el subsecretario para la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Cristian Allende.

El funcionario provincial respondió de manera afirmativa cuando Rosario/12 le consultó acerca de si el Estado se sentía interpelado por una situación como la vivida en barrio Azcuénaga, las expresiones temerarias y mediavales de quienes se autotitulan como vecinos indignados de la zona que amenazar con "cortar las manos" de otros que intenten robos o agresiones, y los hechos que sucedieron luego, con la lluvia de "borcegueadas" sobre el rostro de otra persona que había robado.

"La interpelación es al Estado en su conjunto, no al área de Niñez y circunscribo este hecho a un marco de violencia social que nos aflige a todos, ya que todos podemos ser víctimas y no vivimos en la paz social que desearíamos. El delito aumentó en toda Latinoamérica y las diferencias económicas, las socioculturales hacen que cada vez exista más violencia, aunque somos conscientes que un sistema de protección de niñez y adolescencia se construye con una estructura conformado por organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. Ahora, cuando asistimos a un escenario como el que estamos viviendo no alcanza con lo que se hace", dice el funcionario. Y agrega que "mueren niños y adolescentes todo el tiempo, o se los agrede y maltrata de diversas formas, como encerrándolos en bunkers de venta de drogas. Son situaciones que parecen naturalizarse en la cotidianeidad de la ciudad. No es un escándalo que se mate a chicos en distintas circunstancias. Estamos pagando las consecuencias políticas de la década de los '90 que generó las brechas sociales que hoy se trabaja para revertir.

-¿No hubo un cierto corrimiento del Estado en el trabajo territorial en los dos o tres últimos años?

-No, por el contrario. Ahora la intervención es más fuerte, porque sigilosa y silenciosamente las bandas fueron dominando algunos territorios, por lo que hubo que profundizar políticas públicas como con el plan de intervención integral en barrios. A partir del Gabinete Social y con la acción de varios ministerios se instrumentan políticas muy fuertes junto a los tres municipios más grandes. Es muy preocupante que la sociedad intente hacer justicia por mano propia, que no es justicia y esto sucede porque los ciudadanos llegan a descreer de las instituciones. Creo que cuando la gente confíe en el nuevo sistema penal, en las posibilidades que crean los Centros de Asistencia judicial al ayudar y acompañar a las víctimas, con sus respectivas acciones de mediación, los ciudadanos se darían cuenta de que muchísimos temas se podrían solucionar sin violencia.

De todas formas los últimos episodios muestran el grado de descomposición del tejido social y la ya existente construcción simbólica acerca de que como no hay garantías para la seguridad, hay que dar escarmientos. En algún momento pueden querer quemarse brujas o bien habilitarse hogueras para quienes han delinquido; también para quienes son sospechosos o portadores de rostros y apellidos que generen temor o desconfianza, aunque se trate de niños y adolescentes. ¿No debería haber una intervención especial, casi como en la emergencia de ese gabinete social al que usted hacía referencia?- se le preguntó.

-Es para analizarlo. Puede ser.

Otras miradas

El centro de día que cogestionan el programa municipal La Casa y la Asociación CHICOS -y que ya recibió a varias generaciones de niños, varones y mujeres, en situación de calle- forma parte del Foro de Infancias del que participa también Aldeas Infantiles SOS de Rosario. Marcela Lapenna es quien señala que una de las consignas que se levantan desde ese Foro de Infancias es que "el cuidado de todos los niños y niñas es responsabilidad de todos". Lapenna explicó a este diario que esa consigna fue forjada "desde lo que nos ha encontrado y estructurado, desde lo más humano, que es defender el derecho a la vida, dando un resguardo especial a los más jóvenes". Pero la reflexión se abre para explicar que en los espacios en los que antes podían encontrarse "propuestas intergeneracionales tendientes hacia la solidaridad aparece hoy una hostilidad que manifiesta la imposibilidad de respetar el contrato social" y plantea que los hechos de los últimos tiempos "nos hacen pensar sobre la transformación de los modos de agruparnos, cómo determinadas escenas se nutren del estallido del lazo social: del sufrimiento de todos los actores. Una joven mamá no merece ser robada, un joven no merece ser muerto a golpes".

Lapenna agrega: "El delito provoca sentimientos de venganza, para evitar el linchamiento las sociedades hemos confiado en cierta legalidad delegando en el Estado la aplicación de la venganza. Cuando esa delegación aparece como ineficaz, aparece el retorno a la horda. El Estado, mediante el andamiaje de la justicia, ejecuta la venganza pública. El Estado mediante las políticas públicas ejerce el cuidado de quienes están privados de cuidados parentales, ofreciendo medidas de protección integral. La comunidad, la sociedad civil, los vecinos, nosotros siempre estamos más cerca, siempre podemos actuar antes. ¿Qué es lo que convocan estas escenas que permiten que alguien decida parar a golpear a un semejante hasta matarlo? Las formas de vivir y de morir de niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad nos obligan a pensar justamente en la construcción de la idea de semejante, de pares, evidentemente estos chicos están siendo desalojados del territorio de los derechos y están cada vez más cerca de la intemperie: de la mano de una mamá a la que le roban o tirado entre patadas de los vecinos".

Tanto la trabajadora social Paula Orsolini como la directora en Rosario de Aldeas Infantiles SOS, Melina Arrieta, entiende que como integrantes del Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes "debemos aportar herramientas para la reflexión como medio para preguntarnos y cuestionar nuestras miradas pero sobre todo para exigir políticas públicas serias e inclusivas".

Para Orsolini la muerte de David Moreyra debe "interpelarnos como sociedad acerca de la situación socio política que atravesamos y la lectura que creemos necesaria es la que históricamente no hemos podido hacer: comprender que los jóvenes como David se encuentran en una situación de desigualdad profunda e histórica. Para poder pensarnos como sociedad urge que seamos capaces de hacer un profundo análisis que contemple factores históricos, políticos, económicos, sociales, jurídicos, culturales, biográficos, reconociendo las construcciones estigmatizantes que socialmente se construyen, y refuerzan cotidianamente, acerca de los jóvenes que viven en contextos de pobreza". Esta trabajadora social que es una de las personas que representa en el Consejo municipal a los colegios profesionales de Abogados, de Trabajo Social y de Enfermería insiste en que "no se puede quedar atrapados en lecturas coyunturales acerca de un joven que comete un delito, porque antes de que esto suceda -asegura-, el Estado debió responsabilizarse por acompañar a una familia, por acercar recursos, es decir, por garantizar derechos. Esto no implica des-responsabilizar a un joven, sino que es hacernos cargo de que ese joven no ha tenido la posibilidad de que sus derechos sean efectivamente protegidos. Por otra parte para ella apareció con claridad que se trata "de una posición social de clases en la que con rapidez se pide 'castigo para los pobres' ('ellos')" y el Estado en función de este pedido responde con políticas disciplinarias, con mayor presencia del poder punitivo que cristalizan y sustentan esta demanda de un importante sector de la sociedad". Finalmente señala que la forma de pensar señalada es la que sustenta el pedido de bajar la edad de imputabilidad para los adolescentes.

Esta forma de pensar es el anclaje perfecto para intervenciones y prácticas que, entre otras cuestiones, por ejemplo, reclaman bajar la edad de imputabilidad y agrega que "el enorme poder que los medios de comunicación ejercen sobre la opinión pública favorece la cristalización de miradas e imaginarios que une jóvenes pobres-violencia-delincuencia-peligrosidad".

"A David lo asesinaron brutalmente bajo la consigna de muestra de poder 'nosotros' vs. 'ellos' y gran parte de la sociedad festeja su muerte. A la familia de David le quieren quitar hasta el derecho de pedir justicia. Una vez más a las familias pobres les quieren silenciar sus derechos, su palabra y su recamo de justicia. El recorrido de las intervenciones del Estado para controlar y corregir a los jóvenes pobres refleja las aciagas consecuencias de estas acciones / posiciones. El Estado es gran ausente o presente con políticas sociales excluyentes que no hacen más que reforzar lo que gran parte de la sociedad hoy está diciendo sobre David".

Melina Arrieta de la ong Internacional Aldeas Infantiles -que tiene dos espacios de cuidados diarios para niños de 0 a 6 años en la zona oeste rosarina y un hogar comunitario en la Vía Honda-, plantea la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos en el diseño e implementación de políticas públicas universales e integrales, algo que implica -así lo explicó-, "que consideremos a los destinatarios de ellas no como beneficiarios de la compasión estatal, sino como titulares de derechos que tienen el poder de exigir del Estado ciertos comportamientos". Además señala que las políticas públicas con enfoque de derechos "constituyen acciones y estrategias para promover y hacer efectivos los derechos, basadas en obligaciones que los Estados contrajeron en normas de tratados de derechos humanos. Implican, a su vez, la definición participativa de los principales problemas y necesidades por parte de la población". Por lo tanto, sostuvo que "urge una revisión de la construcción de los lazos sociales que nos estamos dando, comprendiendo que los mayores afectados sociales son los jóvenes en situación de pobreza" y también "urge que entendamos el profundo significado de violencia que entraña el padecimiento de la pobreza cotidiana".