Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados votó también esta semana una comisión investigadora del alzamiento de la Policía santafesina entre el 3 y el 10 de diciembre para recolectar y aportar pruebas en las causas abiertas en la justicia federal y en los Tribunales de la provincia. "No puede ser que reine la impunidad", dijo el autor del proyecto y diputado de la UCR, Maximiliano Pullaro, quien coincidió con quienes sostienen que el "movimiento sedicioso" fue "un intento de desestabilizar el sistema democrático". La causa abierta en la justicia federal por una denuncia del fiscal de Estado, Pablo Saccone, investiga el delito de "sedición", pero el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, se declaró incompetente y obligó al fiscal Walter Rodríguez a recurrir ante la Cámara Federal de Rosario.

La investigación legislativa pondrá bajo la lupa tres cuestiones:

*"El accionar de los integrantes de la Policía de Santa Fe en el marco de los 'reclamos' y/o 'protestas' protagonizadas por los mismos entre el 3 y el 10 de diciembre de 2013".

*"El accionar de los particulares que pudieran haber influido activamente en las decisiones que adoptaron los integrantes de la fuerza en el citado proceso".

*"Y la relación entre las conductas de policías y civiles y los hechos de vandalismo que se registraron en el territorio provincial durante ese período".

Pullaro coincidió con el informe de la comisión de fiscales que creó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. "El conflicto policial comenzó en Córdoba, pero después se extendió a todas las provincias del país, entre ellas Santa Fe", dijo el legislador. "Creemos que ninguno de los poderes del Estado puede estar ausente en la colaboración para saber qué sucedió, fundamentalmente, en función de manifestaciones del gobierno nacional que planteó que era un intento de desestabilización del sistema democrático".

"En Santa Fe -sostuvo Pullaro- los picos de conflictividad se produjeron entre el 7 y el 10 de diciembre, cuando muchos policías no salieron a trabajar, se rompió la cadena de mandos, se utilizaron bienes de propiedad del Estado santafesino y se los retuvo, como algunos móviles y no se dejó salir a patrullar a policías que lo querían hacer. Creemos que todos tenemos que hacer un aporte a la verdad. La justicia deberá investigar, por supuesto, y condenar. El Poder Ejecutivo deberá llevar adelante las sanciones administrativas. Y la Legislatura santafesina no puede estar al margen o mirando desde lejos. Ese es el objetivo principal de la comisión", explicó.

-Lo llamativo es que las investigaciones judiciales están frenadas por conflictos de competencia, tanto en la justicia federal como en los Tribunales de la provincia -planteó Rosario/12.

-Vamos a evaluarlo y a tratar de acercar a las autoridades competentes toda la información que podamos conseguir. Nosotros creemos que también hubo un conflicto de orden provincial, donde el Poder Ejecutivo va a tener que avanzar con sanciones administrativas. No puede ser que reine la impunidad. Y nosotros tenemos un aporte que hacer desde la Legislatura -respondió.

La comisión investigadora ya tiene sus doce integrantes. Son los diputados de las comisiones de Seguridad y de Derechos y Garantías. Siete del arco peronista: Héctor Acuña, Eduardo Toniolli, Oscar Daniele, Oscar Urruty, Avelino Lago, Jorge Abello y Germán Kahlow; cuatro del Frente Progresista: Pullaro, Griselda Tessio, Alicia Gutiérrez, e Inés Bertero y uno del Pro: Germán Mastrocola, quienes ahora deberán elegir el presidente.

Tendrá la facultad de "dirigirse a órganos oficiales, invitar a entrevistas a funcionarios públicos, agentes estatales, representantes de organizaciones no gubernamentales y particulares para solicitar informes u opiniones de los asuntos de su consideración. Citar a testigos, recibir declaraciones, inspeccionar oficinas o documentos públicos y, en general, todas aquellas que sean relevantes para el cumplimiento de su cometido, observando en todo momento el límite impuesto por el artículo 46 de la Constitución provincial".

El plazo para realizar la tarea será de 120 días y una vez finalizada, el presidente de la Cámara, Luis Rubeo, enviará copias del "informe final" a la justicia federal y provincial, al Ministerio Público y al gobernador Antonio Bonfatti.