Eran las últimas de la fila, como definió el periodista José Natanson. Casi todas mujeres, muchas de ellas migrantes, trabajaron toda la vida sin derechos laborales. "Nunca supe lo que era un aguinaldo o vacaciones hasta que llegué a la casa de mi actual patrona, y ella me quiso blanquear", contó Martina, de 56 años. Para el cuidado de sus propios hijos, deben recurrir a la solidaridad de amigas, vecinas y familiares. Por eso, la ley de contrato de trabajo para empleadas de casas particulares reglamentada en abril supone un cambio copernicano. El Secretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, Alvaro Ruiz, indicó que en la Argentina hay 400 mil trabajadoras domésticas regularizadas, y se estima que en total existen entre 1,1 millón y 1,2 millón de trabajadoras (el 98 por ciento son mujeres) en ese sector.

El funcionario nacional estuvo el jueves en Rosario para difundir del nuevo régimen. "En realidad, no es costoso tener regularizada a una trabajadora de casa particular. Hoy, en la franja de mayor horario, que son hasta 36 horas semanales, la contribución patronal es de 35 pesos. No hay una razón económica que impida regularizar a las trabajadoras. Hay más una cuestión cultural", consideró Ruiz.

Por eso, el jueves dio una charla explicativa junto a Francisco Frenna, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Casas Particulares de la Argentina (ATACP), en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Allí, derribaron algunos mitos.

"El nuevo régimen es en realidad la consagración de un nuevo paradigma para el trabajo remunerado en las casas. Porque en realidad se trata de un tema que ha estado invisibilizado políticamente durante más de 60 años, desde 1956, cuando la dictadura de entonces sancionó un decreto ley que regulaba ese sector", rememoró el funcionario nacional, y aprovechó para hacer historia. "Hay una vieja anécdota que tiene que ver con un pedido que las trabajadoras del sector le hicieron a Eva Perón, a partir del avance que habían logrado con el trabajo rural. Evita había comprometido que ése sería el sector que iban a priorizar después del rural. En realidad, después no pudo cumplirse, y la presidenta Cristina Fernández dijo se estaba cumpliendo un sueño de Evita, o terminando de cumplir un compromiso político del peronismo con las trabajadoras de este sector".

Hay quienes comparan el régimen de trabajo de trabajadoras de casas particulares con el estatuto del peón rural, que impulsó el entonces coronel Juan Perón en 1944 y la ley del cosechero, que se aprobó en 1947, con el peronismo en el gobierno. "Hay una diferencia importante, porque en el caso del trabajo rural está ligado a un empresariado que ha sido prebendario en relación a la hegemonía económica en la Argentina. En el caso del trabajo doméstico, participa también de algún modo en relación al trabajo rural en una cuestión atávica, cultural, de sumisión, de ver más servicios personales que trabajo. La diferencia es que los empleadores somos todos nosotros", expresó Ruiz, en una apelación directa a la responsabilidad social de quienes tienen empleadas en sus hogares.

Desde la asunción del kirchnerismo, hubo una política de regularización de empleadas domésticas vía facilidades de Afip y eso redujo la informalidad en el sector, que superaba el 90 por ciento. "Se ha ido reduciendo pero no en relación a los esfuerzos que se han hecho y los costos que tiene para los empleadores, que son los principales responsables de lograr esa formalización. Hoy tenemos 400 mil trabajadoras registradas en un universo que según las estimaciones puede estar entre 1,1 millón y 1,2 millón trabajadoras. Y está bien que hablemos de trabajadoras en este caso porque el 98,5 por ciento de las personas que se ocupan en este sector son mujeres".

El funcionario considera que el nuevo régimen "no sólo tiene que ver con la reivindicación de un sector social, sino también con una reivindicación de género. Porque el trabajo doméstico remunerado ha padecido una invisibilidad similar al no remunerado. Siempre se ha dicho que ahí no hay producción, no hay valor económico. Y esto es falso. Mucho más cuando es remunerado, pero en el caso de no serlo, el trabajo de las amas de casa, tiene un valor económico directo. Es lo que permite que alguien salga a trabajar mientras otro cubre necesidades fundamentales que hacen a la estructura de cualquier persona que trabaja: cuidar su casa, la ropa, los chicos".

Otra vez, Ruiz apeló a la responsabilidad. "Tampoco se explica desde el punto de vista de una racionalidad social elemental que les neguemos derechos a quienes les confiamos valores fundamentales de cada uno de nosotros, que pueden ser los bienes materiales o inmateriales de gran valor afectivo, como son nuestros hijos. Es necesario vencer no sólo estas barreras culturales ostensibles sino también otros mitos", subrayó el funcionario.

La primera falacia tiene que ver con "una resistencia de las trabajadoras a registrarse porque pierden beneficios o planes sociales. Esto es falso. En primer lugar porque el plan social más importante que hoy tienen en la Argentina aquellos que no tienen un trabajo o están en la informalidad es la asignación universal por hijo, y este es un sector que específicamente no la pierde aunque tenga un empleo regularizado o cobre más allá del salario mínimo y vital. También eso esconde a veces alguna deliberada desinformación de quienes deberían ayudar que son los propios empleadores". Y analizó que en otros países del mundo, tener una empleada en casa es un lujo, pero en la Argentina "también hay un acostumbramiento a que algo me salga muy barato".