En paralelo con la creación de una comisión para investigar en la Cámara de Diputados qué sucedió con el peritaje de la computadora del asesinado Luis Medina, hoy se realiza en Tribunales la audiencia de constitución de querellantes de los legisladores del Movimiento Evita que denunciaron a funcionarios provinciales, por la manipulación del ordenador portátil, la famosa Mac. Se trata de la presentación que hicieron los legisladores Eduardo Toniolli, Mariana Robustelli y Gerardo Rico, frente a la intervención de dos enviados del gobierno durante la realización del peritaje a la notebook hallada en el hotel donde se hospedaron las víctimas del ataque a balazos del 29 de diciembre pasado. En el pedido de audiencia, el fiscal Adrián Mc Cormack adelantó que pedirá el rechazo a tal intención, debido a que el Código Penal sólo permite la querella a "quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública o sus herederos forzosos". Por su parte, Toniolli insistió: "Plantearemos por qué debemos ser aceptados. En términos políticos, existe la decisión de involucrarse en la averiguación de la verdad". El juez Juan Carlos Curto decide.

Pocas horas después de que fueran asesinados Medina y su pareja Justina Pérez Castelli, la policía secuestró de la habitación del hotel ubicado junto al casino una computadora Mac Ultrabox. Aquel domingo, la ex jueza María Luisa Pérez Vara estaba de turno, pero nunca contestó su teléfono y la causa pasó por varios jueces en pocas horas. En ese lapso, la computadora fue llevada a Pericia Informática de la Unidad Regional II, en presencia de algunos funcionarios judiciales y ningún juez. Hasta allí llegaron Javier Echaniz y Martín Degrati, de la Dirección de Informática del Ministerio de Gobierno provincial. Dijeron haber sido enviados para "colaborar" con el desbloqueo de la computadora y la trasladaron a Santa Fe.

Al día siguiente, la jueza Alejandra Rodenas se hizo cargo de la investigación y ordenó que se interrumpiera el peritaje y le enviaran la PC a su despacho. La revisión que le encargó a Gendarmería arrojó que la información no había sido modificada, pero sí que la Mac había sido manipulada. En las horas posteriores a que Rodenas ordenara la restitución de la notebook de Medina, la jueza que tuvo la causa escasas horas, Raquel Cosgaya, negó haber dado la autorización.

Todas estas cuestiones se expondrán en la audiencia de hoy, donde fueron citados los legisladores que pretenden ser parte en el legajo judicial que quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, como un desglose de la causa madre, por el doble homicidio.

El fiscal Mc Cormack solicitó el rechazo de la constitución de querellantes, y fundamentó: "Si bien en un análisis preliminar se satisfacen los requisitos de admisibilidad, disiento con que la constitución de querellantes deba ser aceptada. Se entiende que los requirientes no cuentan con legitimación activa para transitar el rol que pretenden". El fiscal se escudó en que el artículo 93 de Código Procesal Penal provincial habilita a intervenir a "quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública o sus herederos forzosos". Y citó jurisprudencia de la Cámara Penal de Córdoba y la Corte Suprema tucumana, en ese sentido.

Toniolli consideró que "el espíritu del nuevo sistema es la transparencia y la participación popular. Nosotros, como parte del Estado, queremos ser parte de esta cuestión".