Para erradicar "ciertos quioscos que prosperan en el fútbol" y avanzar hacia el regreso del público visitante a los partidos, el diputado provincial Maximiliano Pullaro ingresó un proyecto de ley de seguridad deportiva, que tiene por objetivo regular el diseño, organización e implementación de los operativos de seguridad en los encuentros futbolísticos que se disputen en la provincia. La iniciativa delimita las responsabilidades del Estado y los clubes, prevé la realización de análisis de alcoholemia y narcolemia, reglamenta el modo de implementar el derecho de admisión y establece la obligatoriedad para los clubes de "tener un responsable y una estructura de seguridad" acreditados ante el Estado.

La medida que prohíbe el ingreso de hinchas visitantes a las canchas rige desde el primer fin de semana de agosto del año pasado. Fue una sugerencia del actual secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de una serie de graves hechos de violencia ocurridos en partidos amistosos previos al puntapié del Torneo Inicial 2013. Desde ese momento, se repitieron los intentos por revertir la decisión, pero no hubo marcha atrás. La cancha de Central, en el desempate entre Colón y Atlético Rafaela disputado el pasado 24 de mayo, con público de ambas parcialidades, fue una postal rara, extraña, para quienes se acostumbraron a ver solo un color en las tribunas de los estadios. La asistencia de ambas parcialidades se logró con el visto bueno del gobierno provincial, que se hizo cargo de la organización del operativo de seguridad.

Con respecto al proyecto, Pullaro aseguró que trabajó más de 6 meses en la elaboración del proyecto que tiene 33 artículos, donde procura instalar la relación entre el fútbol y la violencia y la criminalidad. En ese sentido, el legislador radical indicó que los hechos de violencia más el poder ilimitado que han adquirido los barra bravas en el mundo del deporte más popular "es un tema de creciente preocupación para la sociedad y para el Estado, que tiene sobre sí la responsabilidad directa, aunque no exclusiva, de garantizar determinadas condiciones para que los espectáculos futbolísticos se desarrollen en un marco adecuado de seguridad".

El diputado pretende desterrar del mundo del fútbol la idea de que "el operativo falló" cuando se produce algún hecho de violencia en estadio o alrededores. Porque, considera, en la mayoría de los casos las fallas no son del operativo sino de personas afectadas al mismo, por lo que promueve "una clara división de responsabilidades que permita premiar el trabajo correctamente realizado e identificar a los responsables cuando existan fallas". Y en ese sentido, agregó: "Estamos haciendo un importante aporte normativo para el trabajo que ya está realizando el gobierno provincial", al que calificó como "bueno y con avances valiosos".

El proyecto, que aguardará tratamiento en la cámara baja, expresa la "voluntad" de volver a contar con hinchadas local y visitante en los estadios. Para ello, "hay que crear los instrumentos que permitan terminar con los violentos y sus cómplices", apuntó Pullaro. En la actualidad, la Provincia no tiene competencia a la hora de intentar modificar la prohibición, porque fue tomada por la AFA, para que se aplique en todas las canchas del país.

En el caso de sancionarse la iniciativa, los clubes se verán obligados a conformar su Estructura del Organizador para la Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (EOSEF), "un conjunto de recursos materiales y humanos que cumplan acciones tendientes a la seguridad de los concurrentes, jugadores y trabajadores en un evento futbolístico, siguiendo directivas y disposiciones adoptadas por el responsable de seguridad de cada institución futbolística". El EOSEF tendrá como responsable a una persona física, quien tendrá que cumplimentar requisitos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El legislador también se mostró preocupado por evitar que la utilización masiva de policías en espectáculos deportivos termine "impactando negativamente" en los sistemas de seguridad de las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario. Para impedirlo, impulsa un esquema de seguridad privada "especializada en espectáculos deportivos, para evitar que un partido implique utilizar a cientos de policías que debieran estar cuidando las calles". El bosquejo se completa con la interacción de gobierno y clubes, "para que este cambio de paradigma mejore las condiciones de seguridad en los estadios y ciudades en que se desarrollan los partidos sin perjudicar las finanzas de los clubes".