Desde Santa Fe

El juicio por el secuestro y tormentos al ex intendente de Santa Fe, Adán Campagnolo y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda, descubrió la trama del golpe de 1976 en la provincia y la persecución y el odio a legisladores y funcionarios del gobierno depuesto, en su mayoría peronistas. "Las pruebas son contundentes", dijo el fiscal Martín Suárez Faisal al pedir al Tribunal Oral que condene a 20 años de cárcel a los dos militares acusados: el ex gobernador de facto, José María González y el ex subjefe de Inteligencia, Jorge Diab y a 18 años de prisión a un comisario, Ricardo Salomón, uno de los autores materiales del ensañamiento contra Campagnolo. "No es casual que estos hechos hayan sido ejecutados y pergeñados por el coronel González" y su plana mayor, "junto con aquellos que le aportaban las informaciones para actuar en los operativos" como Diab y "otros cobardes que tomaron las armas y la fuerza contra la población civil" y "los políticos elegidos por el pueblo santafesino, como Dunda y Campagnolo", agregó el fiscal.

El debate seguirá mañana, a las 8.30, con el alegato del defensor de González, Guillermo Morales, y el veredicto se conocerá en las horas siguientes. En la última audiencia, González no pudo escuchar la acusación fiscal porque la noche anterior lo internaron en un sanatorio de Santa Fe con un pico de fiebre, por lo que su defensa solicitó que sea apartado del juicio por razones de salud. El Tribunal rechazó el pedido por unanimidad, así que la audiencia continuó con el alegato del fiscal Suárez Faisal y el del defensor oficial, Martín Gesino, quien pidió la absolución de sus dos defendidos, Diab y Salomón.

González y Diab son juzgados como autores mediatos de "allanamiento ilegal" "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a Campagnolo y Dunda y Salomón como uno de los autores materiales de la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a Campagnolo. Por esa razón, el fiscal solicitó 20 años de cárcel para los dos militares y 18 para el policía. En diciembre de 2011, González ya había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio del militante montonero Mario Osvaldo Marini y el secuestro de su esposa, Ana María Cavadini y el bebé de ambos, en diciembre de 1975.

"En el juicio -dijo el fiscal- se ha probado que González y Diab, desde sus altos cargos militares tenían absoluto conocimiento, control y dirección de los operativos ilegales que se realizaron en Santa Fe", en los que cayeron Campagnolo y Dunda, entre otros. González era el jefe del Area 212 y tras el golpe del 24 de marzo, asumió como "gobernador de facto de la provincia" y Diab operó como subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, recordó Suárez Faisal.

El 7 de abril de 1976, González reconoció -en un comunicado del gobierno de facto- que estaban "detenidos", no sólo Campagnolo y Dunda, sino otros políticos peronistas: el ex vicegobernador Eduardo Cuello, Marcelo Possi (presidente del Banco Provincial de Santa Fe), Néstor Capellini (ex ministro de Educación, entre mayo y setiembre de 1975), los ex diputados Tito Livio Vidal, Ruddy Delturco y Danilo Kilibarda y el ex candidato a vicegobernador en 1973, Alberto Bonino. El 14 de mayo de 1976, casi todos ellos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (decreto secreto 428/76) que agregó al ex concejal Higinio Veiga y al ex secretario del Concejo Municipal de Santa Fe, Amancio Jorge Pedraza. En su testimonio ante el Tribunal, Dunda mencionó entre los presos políticos al profesor Mauricio Epelbaum (ex presidente del Consejo General de Educación de la provincia, a quien la dictadura había calificado como "hebreo" -dijo- y su esposa, María Elizabet Cinto, a otro ex diputado, Guillermo Jalfin.

Los funcionarios y legisladores estaban presos en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde Campagnolo padeció las torturas más humillantes que incluyeron el empalamiento y Dunda un simulacro de fusilamiento -en un descampado- y una crueldad que lo dejó postrado.

"No es casual que estos hechos hayan sido ejecutados y pergeñados por el coronel González" y su plana mayor, "junto con aquellos que le aportaban las informaciones para actuar en los operativos" como Diab y sus "salvajes subordinados, entre muchos cobardes que tomaron las armas y la fuerza contra la población civil y en este caso concreto contra políticos elegidos por el pueblo santafesino, como el diputado Dunda y el intendente Campagnolo", dijo el fiscal.

Suárez Faisal explicó que "el motivo que llevó a delinquir" a González y Diab era "la criminal convicción" de que "la llamada 'lucha contra la subversión' debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley". Y "esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares", los transformó "en engranajes esenciales para que las Fuerzas Armadas y de seguridad con sede en la zona, se pusieran al servicio de la dictadura más atroz que se recuerde en nuestro país".

Según el fiscal, no todos los militares y policías tenían "comunión ideológica" con el terrorismo de estado y "vocación por violar salvajemente los derechos humanos que proponía la dictadura". Por eso, "no se ha acusado judicialmente a todos y cada uno de los integrantes de Fuerzas Armadas o de seguridad de esa época, sino sólo a aquellos que traspasaron los límites impuestos por la ley, abusaron sexualmente de las personas (aún menores de edad), secuestraron, torturaron y mataron, se apropiaron de niños y bebés, robaron los bienes de las personas secuestradas o asesinadas, e hicieron desaparecer a seres humanos por el sólo hecho de disentir ideológicamente con los objetivos que se había trazado la dictadura militar".

Y puso como ejemplo al ex jefe de Policía de Rosario, inspector general Albino Soldado, quien dos semanas antes del golpe, avisó a Dunda que abandonara su casa porque había un plan para matarlo. Eso ocurrió el 9 de marzo de 1976 y al día siguiente, un atentado con explosivos destruyó la vivienda del ex legislador. "Este hecho provocó el reemplazo" de Soldano por el inspector general Félix Pallavidini y luego, el 8 de abril de 1976, González designó como interventor de la Unidad Regional II de Rosario, a Agustín Feced. "Lo que demuestra a las claras que si los imputados en este juicio (González, Diab y Salomón) permanecieron en sus cargos" es porque "formaban parte de esa comunidad ideológica" con el terrorismo de estado, concluyó el fiscal.