Trabajadoras y trabajadores de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que se reúnen en asambleas semanales desde octubre de 2013, proponen una audiencia pública sobre la situación del sistema de protección integral de la niñez, a la que convocan a organizaciones sociales, colegios profesionales, representantes de los tres poderes del estado, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también organismos de derechos humanos y representantes de la Universidad. "Las condiciones estructurales del Organismo de Promoción y Protección de Derechos, autoridad de aplicación de la ley provincial 12.967, producen cotidianamente vulneraciones de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares, generando en algunas ocasiones daños irreparables. Así se aleja a la institución de una de sus funciones principales, cual es la restitución de derechos", expresó en un comunicado el colectivo de trabajadores de esta dirección, que se reúne más allá de las representaciones gremiales. En ese documento, afirman que realizan sus tareas "en condiciones que comprometen la ética profesional".

En la asamblea de esta semana, tras las denuncias públicas de la Comisión de Asesoramiento en Alojamiento para Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales y la respuesta de la ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, los trabajadores elaboraron el documento que define a la Dirección de Niñez como "una institución estallada".

Este colectivo definió las condiciones de su práctica como "de extrema precariedad y de una alta exposición: precariedad producto de la desidia de la gestión oficial, de la ausencia de políticas publicas, de recursos adecuados para llevar a cabo la tarea y de la inexistencia de una estructura administrativa acorde. En suma, la falta de institucionalidad correspondiente al nivel de responsabilidad y funciones atribuidas legalmente al Organismo de Aplicación, lo que obliga a los trabajadores a responder de manera personal por aquello que no existe y que trasciende el nivel de responsabilidad que nos compete".

Esta descarnada descripción, que no pretende ser exhaustiva, tiene datos concretos: "equipos de trabajo que ven limitada la posibilidad de intervención adecuada, por la sobrecarga que implica la cantidad de situaciones a cargo (algunos equipos, con cuatro o cinco integrantes y más de 200 situaciones de niños, niñas y adolescentes) o la dificultad para resolver el alojamiento de un niño/a o adolescente cuando no existen plazas en instituciones del sistema".

Por eso, se vienen reuniendo en asamblea para debatir y elaborar "propuestas ante las deficientes políticas públicas en materia de niñez y adolescencia; y el estado de precarización laboral en el que nos encontramos: con salarios que van desde los 4800 a los 6700 pesos mensuales y a su vez, con un 40 por ciento de los trabajadores en condiciones irregulares de trabajo (contratados y sin contrato alguno), todos cumpliendo las mismas funciones", explicó el colectivo, que prefirió una comunicación escrita elaborada en forma colectiva por sobre una entrevista, para preservar, además las fuentes laborales.

"El diagnóstico y las propuestas elaboradas se canalizaron por las vías institucionales correspondientes, solicitando audiencia a la ministra Bifarello, quien no nos ha recibido ni dado respuesta alguna hasta la fecha. Asimismo se han requerido reuniones por escrito al Subsecretario Cristian Allende y a los sucesivos Directores del Organismo, siendo estos pedidos infructuosos", detalló la Asamblea, que también demandó "la participación de los trabajadores en el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes", un organismo que de acuerdo a la ley debe reunirse al menos tres veces por año. Todavía no fueron convocados.

El colectivo recordó que se encuentran ejerciendo funciones establecidas por la Ley Provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes "en condiciones estructurales que comprometen nuestra ética profesional". Estos trabajadores --profesionales psicólogos, trabajadores sociales y abogados-- intervienen en situaciones de alta complejidad. "Adoptamos decisiones fundamentales en la vida de niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad social", subrayaron.

La asamblea acordó "con el diagnóstico sobre el estado actual de las instituciones de alojamiento, elaborado por la Comisión Ad﷓Hoc de Monitoreo de Políticas Públicas del Sistema de Alojamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales" y también agradecieron "profundamente el apoyo público brindado por el Colegio de Trabajo Social y el Colegio de Psicólogos". Las dos posiciones fueron reflejadas en Rosario/12 en sus últimas ediciones, con duras críticas a las políticas de niñez de los estados provincial y municipal.

En ese marco, la Asamblea celebró también "el espacio de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que reúne a diversos actores sociales implicados en esta realidad, quienes solicitaron la declaración de emergencia en Niñez en el Concejo Municipal".

La Asamblea solicitó que se haga efectivo el decreto 195 firmado por el gobernador Antonio Bonfatti, en diciembre de 2011, que establece que las distintas autoridades del Estado "deberán ejercer las funciones inherentes a sus cargos desarrollando en forma transversal, mancomunada y eficaz, políticas activas y universales que prioricen en forma sistemática e integral toda temática vinculada con la niñez y adolescencia".