Un abogado de Reconquista, involucrado en el saqueo a una finca rural, quedó procesado luego de que la causa cambiara de juzgado: hasta entonces, el juez que debía investigar el caso durmió el expediente dos años y medio hasta que se excusó sin haberle tomado nunca declaración indagatoria a los denunciados. Se trata de Virgilio Palud, quien había sido socio del imputado, ahora enviado a juicio.

El juez Palud suma así otra situación polémica en su trayectoria. Su actitud había sido seriamente criticada por la víctima del caso ﷓un robo de cabezas de ganado y maquinaria agrícola﷓, y denunciada ante la Corte Suprema provincial por la abogada Luciana González, quien no entendía porqué la causa no avanzaba. Pudo tener una hipótesis recién cuando advirtió que el abogado acusado, Germán Scheidegger, había sido socio de Palud cuando éste ejercía la profesión desde la faz privada.

Si bien González presentó una recusación en su momento, el juez apuró una excusación y la defensa del letrado logró la nulidad de lo actuado. Ahora, el damnificado y sus abogados, González y Andrés Ghio, saludaron la resolución del juez Jorge Galbusera, que envió a juicio a Scheidegger, acusado de administración infiel. González aseguró que fue una "puja desigual de seis años para conseguir justicia". Palud tiene seis sumarios en el máximo tribunal provincial y una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia por abigeato ﷓por el robo de más de 1.200 cabezas de ganado﷓ durante una sucesión familiar, fue radicada en 2009, aunque el hecho había ocurrido un año antes, de manera paulatina. Entre los acusados en la causa figura el abogado del fuero de Reconquista, que fue socio del juez Palud, y sus dos hermanos: uno de estos quedó al margen de las acusaciones por falta de mérito. Tres años después de radicada la denuncia ante Palud, el expediente llegó en diciembre de 2012 al juez Galbusera.

Cuando Palud se excusó, alegó haber terminado "enemistado" con su ex socio. Tras ello, la defensa de los imputados pidió la nulidad de lo actuado hasta el momento, por lo que la causa volvió a foja cero en diciembre de 2012. Tras notificarse, la abogada del expediente 1260/09, en representación de la víctima, Hugo Scheidegger, presentó la denuncia y el pedido de enjuiciamiento, aunque éste fue desestimado en septiembre de 2013. La presentación por "serias irregularidades en el desempeño de funciones", porque "nunca citó a indagatoria a los acusados", llevó a iniciar una investigación administrativa ante la Corte Suprema de Justicia, "a los fines de investigar su accionar por la gravedad de las conductas endilgadas" que tramita el fiscal de Cámaras de Santa Fe, Miguel Angel Molinari; y en poco tiempo se sumará a las cinco denuncias anteriores con las que cuenta Palud en la Corte. Además, en abril, los abogados lo denunciaron ante la CIDH.

González consideró que "para la sociedad del norte santafesino, donde el status quo de los poderosos es naturalizado obscenamente, resulta esperanzador leer este procesamiento". La letrada cuestionó que en su momento Palud no advirtiera que "el principal denunciado, hoy procesado, había sido su socio en el ejercicio de la profesión. Este vínculo sensible a la investigación sospechosamente inadvertido por el magistrado, fue decisivo para que la investigación permaneciera paralizada durante casi tres años. Fue a partir que la causa pasó al juez Galbusera que la misma comenzó a ser investigada". La letrada saludó: "Hoy es el principio del final de una larga lucha. Avizoramos que en el norte santafesino la justicia también despunta para quienes están siendo silenciados y que la impunidad no es ilimitada como pretenden aquellos que la ostentan".

En su fallo Galbusera procesó al abogado y a su hermano Javier Scheidegger, como coautores responsables del delito de administración infiel; y mandó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos 500 mil pesos, por cada uno. Además, dictó la falta de mérito de otro de los hermanos, "sin perjuicio de continuar con la investigación".

Palud tiene varios cuestionamientos por su accionar dentro del Poder Judicial. Suma seis denuncias en la Corte. Entre ellas, la denuncia del propietario de una librería de Villa Ocampo por omitir ordenar medidas tendientes a investigar el incendio que destruyó su comercio en 2007, donde estalló una bomba molotov. También un planteo del destituido juez federal Eduardo Fariz; denuncias de una contadora en una causa por abuso sexual en Reconquista; cuestionamientos del diputado Eduardo Toniolli y el defensor general Gabriel Ganón en la causa por apremios policiales en Florencia; y duras críticas en la causa por la tragedia de alumnos y docente del colegio Ecos, de 2006.