La escena se repite en varias localidades del Gran Rosario: un numeroso grupo de vecinos, alentado o no por la oposición política, se moviliza para hacer visible su malestar y exigir urgentes medidas de seguridad a sus representantes más inmediatos. Interpela al Concejo y al Ejecutivo por partes iguales, pero la respuesta de las autoridades es siempre la misma: "La seguridad es asunto de la provincia", frase que no alcanza a detener el enfado de los ciudadanos. Ese clamor ya tiene un espesor tal que provocó un hecho no habitual en política: que los referentes de un espacio ﷓oficialismo en este caso﷓ trasladen críticos esa demanda a otros de su mismo signo político. Ocurre en el Frente Progresista Cívico y Social. Intendentes y jefes comunales del Gran Rosario, pertenecientes a la coalición que gobierna Santa Fe desde 2007, comenzaron a reunirse para sumar fuerza y exigirle esas "medidas urgentes" al Ministerio de Seguridad. "La respuesta del gobierno provincial tiene que ser más contundente en las ciudades que no sean las principales", reclamó el secretario de Gobierno de Funes, Gonzalo Miranda Aguiar.

Ni siquiera el hecho de compartir el color político contuvo a los funcionarios locales. Reconocen que los niveles de violencia "son de otra escala" en Rosario, Santa Fe o Villa Gobernador Gálvez, pero advierten un corrimiento del delito hacia las localidades más pequeñas del Gran Rosario. La posta la tomaron el intendente de Pérez, el socialista Alejandro Marinsaldi, y jefe comunal de Ibarlucea, José Santángelo (Partido Demócrata Progresista). Convocaron a la intendenta radical de Funes, Mónica Tomei, y a los presidentes comunales también de la UCR en Soldini, Rubén Poiré, y de Zavalla, Ignacio Mujica, quienes se sumaron con agrado. El grupo se reunió por primera vez hace diez días en Pérez y volvió a juntarse el viernes pasado, en la misma localidad, donde elaboró un temario que interpela el accionar del Ministerio que conduce Raúl Lamberto.

El documento, al que accedió Rosario/12, establece un pedido de audiencia al secretario de Seguridad Gerardo Chaumont. Asimismo, demandan "mayor presencia" de los funcionarios políticos de la cartera de Seguridad "para conocer en profundidad la problemática del delito". En tanto, piden que el gobierno explique a la ciudadanía "acerca de los límites en términos de competencia y responsabilidad de los gobiernos locales en materia de inseguridad", y reclaman "lineamientos claros a los gobiernos centrales sobre los procesos de descentralización de los temas de seguridad". Finalmente, los jefes municipales oficialistas del departamento plantean que el Ministerio defina una mirada metropolitana de Rosario sobre la seguridad "que integre las localidades del primer cinturón, a fin de evitar corrimientos del delito".

"Necesitamos que el gobierno provincial tenga una mirada de cómo la Municipalidad tiene que enfrentar esas problemáticas, necesitamos un acompañamiento más territorial", pidió Miranda Aguiar, al tiempo que aclaró que el grupo de localidades no pretende que la seguridad se municipalice. Sin embargo, en casos como el de Funes, quienes se manifiestan contra la inseguridad se abrazan a los tributos de vigilancia que cobra el Municipio dentro de la Tasa General de Inmuebles (TGI), para achacarle una responsabilidad a la administración de Mónica Tomei en la problemática. Es decir, se pone en discusión el destino de dichos fondos a la hora de prevenir el delito.

"Funes tiene reuniones de Junta de Seguridad y hace un año que los representantes provinciales no vienen a la ciudad. Somos uno de los ejemplos en sostener en funcionamiento esa herramienta democrática, ese espacio de participación civilizada, con las vecinales y fuerzas vivas y los titulares de las dependencias policiales locales. Debería el gobierno provincial considerar eso", describió el titular de Gobierno. "No ha habido una gran estrategia del abordaje de la descentralización de la seguridad con respecto a las competencias, y esto repercute en los municipios de manera central. Nosotros no tenemos herramientas de ningún tipo. No controlamos a la policía. No administramos justicia, no hacemos las tareas de investigación", cerró Miranda Aguiar.