Jueves, 13 de octubre de 2005 | Hoy
Su pliego fue impugnado por organismos de Derechos Humanos que critican su accionar en una de las causas del Diciembre Trágico. El magistrado tiene respaldo de la mayoría peronista
La Legislatura aprobará hoy el ascenso a camarista del juez Correccional de Santa Fe, Roberto Reyes, impugnado por los organismos de derechos humanos por su actuación en la causa del 19 y 20 de Diciembre Trágico en la que absolvió a los funcionarios políticos de Carlos Reutemann. Los cuatro diputados del PJ que integran la comisión de Acuerdos despacharon ayer el pliego que postula al magistrado como vocal de la Sala IV de la Cámara Penal de Santa Fe, con lo cual se aseguraron la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa prevista para las 13. El dictamen fue firmado por dos legisladores muy cercanos a Reutemann: el presidente de la comisión, Mario Esquivel y Danilo Kilibarda y otros dos que responden al gobernador Jorge Obeid: el presidente del bloque del PJ, Mario Lacava y Darío Scataglini. Faltaban las firmas de los tres senadores del oficialismo: Armando Traferri, Juan Carlos Mercier, Joaquín Gramajo, los últimos dos también muy vinculados a Lole. Organizaciones de la sociedad civil se movilizarán hoy a la Legislatura para repudiar la promoción de Reyes, a quién también cuestionan desde el punto de vista técnico: un informe de la Corte Suprema de Justicia reveló que 17 sentencias del juez fueron anuladas en los últimos años por las cuatro salas de la Cámara Penal, ocho de ellas por la Sala IV a la que se sumará el postulante (ver aparte).
Sin embargo, Reyes recibió ayer un sorprendente apoyo del Colegio de Magistrados de Santa Fe que advirtió sobre un supuesto "agravio al sistema republicano" si el ascenso del juez se cae por haber absuelto a dos funcionarios de Reutemann: el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, por la represión de Diciembre Trágico que dejó siete muertos en Rosario. "Si ése fuera el motivo de rechazo del pliego, tal circunstancia se convertiría en un serio agravio al sistema republicano de gobierno pues, más allá del acierto o error en el caso particular, el Poder Legislativo influiría severamente en la independencia del Poder Judicial por el medio indirecto de hacer pesar negativamente sobre los magistrados las decisiones que éstos tomen a la hora de ser designados o ascendidos", dice la declaración. Y agregó: "Los legisladores que realizan ese tipo de críticas deberían tener presente que uno de los procedimientos más utilizados en la historia de la civilización para manejar el Poder Judicial al antojo es justamente el mencionado". La firma el vicepresidente del Colegio de Magistrados, Agustín Bassó, vocal de la Sala II de la Cámara Penal. Otro integrante de esa sala, Pedro Sobrero y el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, participaron como jurados en el concurso del Consejo de la Magistratura que catapultó a Reyes para su ascenso a camarista.
"La remisión del pliego de Reyes (a la Legislatura), independientemente de cualquier opinión personal sobre el candidato, ha seguido y cumplido acabadamente el procedimiento instituido por el decreto 2391/02. Es decir, el gobernador (Obeid) respetó a quien obtuvo el mayor puntaje luego de la instancia de evaluación de antecedentes y de la prueba de oposición", dijo el Colegio de Magistrados.
"La instancia de oposición consiste en elaborar una resolución sobre un caso dado y es evaluada por cinco estamentos distintos. El reglamento también prevé una etapa para impugnar que se abre con la publicación de los postulantes inscriptos en el concurso, pero en ese momento en tuvo ninguna clase de objeción, aun cuando el candidato aparecía en la nómina publicada en los diarios de mayor circulación en la provincia", agregó.
El Colegio advirtió que si el ascenso de Reyes se cae por su actuación en la causa de Diciembre Trágico -una hipótesis improbable a la luz del despacho que firmaron los legisladores de PJ habría "un serio agravio al sistema republicano de gobierno pues, más allá del acierto o error en el caso particular, el Poder Legislativo influiría severamente en la independencia del Poder Judicial por el medio indirecto de hacer pesar negativamente sobre los magistrados las decisiones que éstos tomen a la hora de ser designados o ascendidos. Los legisladores que realizan ese tipo de críticas añadió el organismo deberían tener presente que uno de los procedimientos más utilizados en la historia de la civilización para manejar el Poder Judicial al antojo es justamente el mencionado". Y agregan que "la Federación Argentina de la Magistratura, condenó `enérgicamente la práctica viciosa de someter a los magistrados a juicio político por el contenido de sus sentencias', lo cual constituye `una clara infracción al principio de división de poderes'", concluyó.
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