Desde Santa Fe

El fallo de la Cámara Penal que confirmó el procesamiento del ex presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof por supuestas "negociaciones incompatibles" y "peculado" dejó a la vista los secretos de la causa. El autor de la resolución y presidente del Colegio de Cámara, Sebastián Creus, dedicó la mitad de la pieza a rebatir los planteos del abogado defensor, Roberto Busser, quien consideró a su cliente víctima de una "cacería penal", sostuvo que se violó su "defensa en juicio" porque la audiencia de apelación fue "pública", lo que impidió a Vorobiof "estar presente" en el debate para evitar una "estigmatización impropia"; citó al gobernador Antonio Bonfatti para reiterar que su cliente "no es funcionario público", se quejó por las dificultades en el acceso a las pruebas y hasta ironizó que el juez Jorge Pegassano hubiera indagado y procesado a Vorobiof "el mismo día" (29 de agosto), "una rapidez que podría figurar como récord Guinnes", dijo. Creus rechazó las impugnaciones. "Nada en la investigación ha sido cumplido sin que la defensa lo conociera", retrucó el magistrado. Y señaló la "desacostumbrada conducta" de Pegassano que notificó a Busser "todas y cada una de las diligencias" solicitadas por el fiscal Jorge Andrés y hasta le permitió que "haga o formule planteos" antes de que se cumplieran, "como en los allanamientos que por su esencia y valor, requiere la urgencia que justifica actuar" sin anuncios previos al imputado.

*Puertas adentro. Busser planteó que la "audiencia de apelación" del 11 de diciembre violó la "defensa en juicio" de Vorobiof porque fue "pública" y su defendido "no pudo estar presente" para evitar "una estigmatización impropia". Creus le respondió que se cumplió la ley. "Si el imputado decidió no participar, se trata de un acto libremente adoptado por él que, de ningún modo, puede constituirse en una violación al derecho de defensa en juicio". Considerar "la presencia del imputado" en una audiencia pública como "estigmatizante", "más allá de que el público era escaso", es una "afirmación sin fundamento". "La insistencia de la defensa sobre los perjuicios que le acarrea la publicidad de la audiencia es prácticamente imposible de aceptar", sostuvo Creus. "El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (con rango constitucional en la Argentina) exige como garantía de respeto a los derechos humanos que toda persona tienen derecho a ser oída públicamente en una acusación penal", con ciertas excepciones, entre las que "no está el deseo del imputado".

*Allanamientos anunciados. El defensor se llegó a quejar porque había 4.000 fojas de "documentos reservados" en el tribunal que no pudo consultar. Las pruebas "han estado a plena disposición de las partes". La investigación "demuestra claramente que la defensa ha tenido la oportunidad de analizarlas", dijo Creus. Y mencionó "la cantidad de incidentes" que planteó Busser y el allanamiento en la sede de Rumbos Portuarios - una de las empresas investigadas- , donde no se encontró la "documentación contable", que fue entregada al tribunal "bastante tiempo después" por el propio Busser.

Fue allí cuando Creus dijo que Pegassano notificó a la defensa de Vorobiof hasta los allanamientos. "En una desacostumbrada conducta, el juez a cargo de la investigación notificó invariablemente todas y cada unas de las diligencias tendientes a recabar información, evidencias y prueba, permitiéndole a la defensa, inclusive, que haga o formule planteos sobre medidas - antes de que se ejecutaran- como los allanamientos que, por su esencia y valor, requiere la urgencia que justifica actuar" sin notificar al imputado. "En definitiva, nada de lo hecho durante la instrucción ha sido cumplido sin que la defensa lo conozca o que se le haya ocultado el resultado de los actos", sintetizó el camarista.

*Cacería penal. Busser consideró a Vorobiof víctima de "una cacería penal" porque fue el único imputado que declaró en la causa y hasta insinuó "un absoluto desinterés" sobre la situación de los demás. Creus dijo que "el fiscal solicitó la indagatoria de muchas personas más", lo que desmiente a Busser. "No es cierto que sólo Vorobiof haya sido llamado a indagatoria y que ello signifique que es el único que sufre la persecución penal", dijo Creus. Y mencionó la situación de otros siete imputados: cuatro directores del Ente: Antonio Santiago López, Luis María Lazzaroni, Herbert Norman y José María Chemes (delegado del intendente de Santa Fe, José Corral) citados a prestar "declaraciones informativas" y otros tres: Rodrigo Carelli (que vive en la casa donde figura el domicilio de Rumbos Portuarios) y los gerentes del Ente, Sebastián Alonso y Fernando Molinari que "han comparecido y designado abogados". "La declaración informativa tiene las mismas garantías que la indagatoria porque significa atribuir hechos, tal vez con un menor grado de imputación, pero imputación al fin" y la designación de defensores es porque están "imputados" en la causa. En consecuencia, "no es cierto que sólo Vorobiof haya sido objeto de persecución penal".

*Un récord Guinnes. La defensa se quejó porque Vorobiof fue indagado y procesado el mismo día (29 de agosto de 2014), "rapidez que podría figurar como un record Guinness - ironizó Busser- , pero que "demuestra un desprecio a los argumentos de descargo". Creus recordó que la investigación se inició un año antes, en agosto de 2013; en setiembre, el fiscal formuló el "requerimiento de instrucción" y propuso medidas y en octubre, el juez Pegassano aceptó la causa. A partir de allí, comenzaron los planteos de la defensa que "paralizaron la investigación" varios meses. La indagatoria de Vorobiof se concretó el 29 de agosto de 2014, tras dos intentos fallidos, "un año de investigación, un legajo de cinco cuerpos y miles de documentos reservados" en el tribunal, pero se hubiera realizado con "bastante anterioridad" si la causa hubiera tenido "un curso normal". "Esta es la razón por la cual, inmediatamente después de la indagatoria" de Vorobiof, el juez "estaba en condiciones" de dictar "el auto de procesamiento", como ocurrió. "Aquí no se observa ninguna clase de irregularidad, encono personal o cualquier otro motivo que pueda hacer sospechar algún interés especial en la persecución", concluyó Creus.